Las cuentas entregadas por el Gobierno de Coahuila con relación al desvío de recursos del programa Carrera Magisterial, sientan un precedente de lamentable impunidad. Se trata de irregularidades en virtud de las cuales se desviaron recursos por treinta millones de pesos, mediante pagos sin derecho y por tanto indebidos a presuntos profesores del sistema estatal de educación.
Preocupa el hecho pero aún más, la actitud de los funcionarios que al informar en un alarde de transparencia, caen en el cinismo al mostrar un empeño por minimizar el ilícito. El secretario de Finanzas Javier Guerrero, asegura que “el desvío no afecta al estado porque se trata de fondos federales”, lo que resulta absurdo porque el dinero que se recibe de las participaciones para la Educación en Coahuila, debe ser destinado a fines específicos previamente asignados.
La secretaria de Educación María de los Ángeles Errizúris manifiesta que “es difícil encontrar responsables” y que los beneficiarios del desvío “apenas son un dos por ciento” de la nómina de profesores del estado. Las increíbles declaraciones de los funcionarios que se mencionan, las hacen asociados a la contralora Inés Garza Orta, con lo que se pretende dar un carpetazo al asunto en cuestión.
El desvío de recursos que es objeto de comentario, ocurre al amparo del viejo sistema político que ejercía el control corporativo de maestros y otros servidores públicos, mediante privilegios otorgados a discreción a sus incondicionales, cuyas inercias por lo visto aún permanecen. La ciudadanía coahuilense reprueba la actitud displicente y el fomento a la impunidad, en los que incurren las autoridades en el presente caso.
