"RESCATEMOS A MÉXICO" ES FINALMENTE UN RECLAMO DE LA SOCIEDAD
EL SIGLO DE TORREÓN
Seguridad, la demanda a todos los gobernantes, independientemente de la filiación partidista.
TORREÓN, COAH.- En “La madre de todas las batallas”, definida así por el presidente, Vicente Fox, la impunidad es el principal enemigo a vencer. “Es un mal que ha impedido en nuestro país, que la ciudadanía crea en la justicia”, asegura David Omar Sifuentes Bocardo, segundo visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC).
“Rescatemos a México”, es el nombre del documento elaborado por las organizaciones convocantes a la marcha contra la inseguridad, el próximo domingo 27 de junio. En un pliego de doce puntos, en el primero se señala la citada impunidad.
Los puntos fueron revisados por Sifuentes Bocardo y comenta el primer apartado, donde se señala que ninguna denuncia debe archivarse o declararse el no ejercicio de la acción penal sin el consenti-miento de la víctima.
“Ocurre que las averiguaciones previas se archivan por falta de pruebas, aunque la Ley lo permite y en esos casos me parece correcto. Pero hay otros casos en que no se archivan y simplemente se deja de actuar, es decir no hay una decisión ni a favor, en contra o de reserva, eso me parece más grave”.
En la indefinición de una averiguación previa, no se puede impugnar por ningún medio legal, por no existir resolución. “Esto se llama dilación de la justicia, en este año, se han recibido siete quejas que se resuelven vía conciliación. A está práctica, los abogados llaman indebidamente, impuso procesal”.
El segundo punto habla de penas ejemplares para el Ministerio Público que otorgue libertad caucional a presuntos responsables, sin verificar si se trata de reincidentes o existen órdenes de aprehensión en su contra, así como cuando se nieguen a iniciar una averiguación previa.
“Es muy positivo, también hay casos, sobre todo cuando se trata de lesiones, en las que se otorga a los inculpados la libertad caucional, aún cuando los médicos han certificado que se trata de lesiones graves o gravísimas. Las penas no sé si deberían ser privativas de la libertad o relacionadas con el ejercicio de las funciones”.
El tercer apartado señala en parte, privilegiar el juicio oral, haciéndolo abierto y público, introdu-ciendo el uso de jurados, jueces de instrucción, jueces de sentencia y otras alternativas que garanticen justicia pronta y expedita para las víctimas.
“Es muy discutible el sistema de jurados que se basa en un principio de la íntima convicción, a diferencia del sistema jurídico mexicano, que es de legalidad. Funciona, se utiliza en Estados Unidos, pero en México, donde impera lo que la Ley dice, tendría que hacerse una consulta ciudadana, discutirse ampliamente”.
La creación del servicio de carrera policial, dignificando esta actividad y fomentando la especializa-ción, es el cuarto tema y Sifuentes Bocardo señala: “Es muy benéfico, ya se ha puesto en marcha en las principales ciudades del país, en Torreón, en el Estado, creo que ha funcionado. La diferencia entre los egresados de las academias, es que son sujetos a contaminarse, por lo que tienen años trabajando con un sistema que ellos creen adecuado”.
Contra los secuestradores
El combate al secuestro busca uniformar la tecnología en teléfonos celulares, para que las llamadas de los secuestradores puedan rastrearse. Instalar bloqueadores de señal en telecomunicaciones en todos los penales del país y establecer un documento nacional de identidad infalsificable y renovable cada cinco años.
En el quinto punto de “Rescatemos a México”, también se incluyen los grupos especiales del Ministerio Público y Policía Ministerial, encargados de la lucha antisecuestros, deberán ser evaluados periódicamente, tanto psicológica como técnicamente.
“Me uno a la propuesta de usar la tecnología a favor de los ciudadanos, muchas veces no pasa al revés, se habla de prevención al delito y formas de colaboración, así el secuestrador tendrá que pensarlo dos veces antes de cometer el ilícito”, comenta Sifuentes Bocardo.
En el mismo afán por combatir a los plagiarios, el sexto punto señala reducir a 15 años la edad penal en materia de secuestros; la pena de cárcel no deberá ser inferior a 35 años y el máximo no menor a 50 años.
Ahora, el integrante de la CDHEC difiere: “no estoy de acuerdo, al contrario, estoy a favor de la Comisión sobre los Derechos del Niño, considerar niños a todos los menores de 18 años, que son personas en formación de criterios, que dependen de los adultos y en muchos de los casos, cuando participan en estos delitos son obligados y no se puede evadir cuando el secuestro es un ‘negocio’ familiar”.
Modificar la Ley Federal de Delincuencia Organizada para tipificar el secuestro cometido por dos o más personas como delito de delincuencia organizada es el siguiente punto y Sifuentes Bocardo coincide al señalar que nuestras leyes dejan espacios que los abogados aprovechan para obtener la libertad de los inculpados, “Deberíamos ser muy precisos en este punto”.
Participación civil
Interesados en la prevención del delito, el documento incluye la creación del Instituto Nacional para Prevención del Delito, como un organismo autónomo, pero con participación ciudadana. “Es excelente, supongo que habría bases de datos, huellas digitales, usar la tecnología en beneficio de las personas”.
Otro punto habla del derecho de las víctimas, donde se debe garantizar la protección y confidencia-lidad de los denunciantes, a fin de evitar represalias de los delincuentes. “La medida ya se contempla en el artículo 20 de la Constitución, lo que faltaría es aplicarla en la práctica”, opina David Omar Sifuentes.
El aparato diez propone el fomento a la cultura de la legalidad, desde la educación primaria hasta niveles de educación media superior. “Se va complementar con las propuestas de reformas del presidente, Vicente Fox, particularmente en el artículo Tercero, sobre el respeto a los Derechos Humanos”.
Respecto al sistema penitenciario, mencionan el cumplimiento efectivo de las sentencias privativas de libertad impuestas por una autoridad judicial. “Es un buen punto, con el inconveniente de que la persona que demuestre que haya pagado los daños, que haya cumplido a la sociedad, que esté listo para integrarse enfrentaría una dificultad. Tal vez dejarlo para ciertos delitos graves”.
“El último punto habla de la participación ciudadana: Crear la figura del Ombudsman de la Sociedad como un ente jurídico autónomo no supeditado a ninguno de los poderes. No lo entiendo muy bien, legalmente, esas son las Comisiones, dependen de los recursos que el Gobierno del da, en todo caso sería la misma ciudadanía la creadora, pero también ya existen asociaciones como el Centro de Derechos Humanos ‘Agustín Pro’ ”.
A final, con novedades y puntos ya existentes en las legislaciones del país. “Rescatemos a México” pretende convertirse en el reclamo de la sociedad, dirigido a los gobernantes de todos los partidos políticos, que deben hacer a un lado las distinciones y trabajar de forma coordinada para abatir la inseguridad pública.
Incertidumbre mediática
“Las televisoras nacionales generan incertidumbre o psicosis en la ciudadanía, al presentar los problemas del Distrito Federal y la zona metropolitana, como si estuvieran ocurriendo en la región, señala, Lerins Varela Castro, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Coahuila.
“Se puede hablar de una ola nacional de delincuencia, pero no en los términos planteados por algunos sectores de la sociedad. Es claro que hay regiones o Estados donde los problemas de inseguridad son agudos, pero no en todas partes”.
El investigador social menciona que algunos expertos advierten que los problemas de violencia van asociados al consumo de drogas en los diferentes sectores de la población y que son detonantes para iniciar a los adictos a delinquir y hacerse de recursos para solventar su vicio.
“En Coahuila, para frenar la ola de secuestros de hace diez años, se creó un grupo especializado que frenó tácticamente a los maleantes”, explica Lerins Varela, como un ejemplo de una estrategia utilizada para combatir a la delincuencia organizada.
El académico de la UA de C sostiene que la creación de grupos especiales da resultado en gobiernos estatales con voluntad: “De lo contrario, ahí tenemos el caso del Estado de Morelos, donde resulta que tu propia seguridad es la responsable de los secuestros”.
Un factor fundamental para el combate a la inseguridad y que se plasma en el documento “Resca-temos a México”, es la obligación de las corporaciones policíacas de trabajar en forma coordinada en la persecución de delitos.
Como otro ejemplo, el politólogo señala que en la Zona Metropolitana de la Comarca Lagunera, antes, un delincuente huía de Gómez Palacio para ocultarse en Torreón, pero ahora, la aplicación de la tecnología y la disponibilidad de las autoridades permite mejores resultados.
“La marcha del próximo domingo (27 de junio), busca uniformar criterios en las autoridades de procuración de justicia y policíacas. Los problemas se tienen que resolver en la práctica, independien-temente del color de los partidos en el poder”, concluye Varela Castro.
