Una magnífica expectativa sobre el abordamiento global de la seguridad social en su conjunto, abierta el diez de julio por todos los sectores interesados, se vino abajo apenas cuatro días después, en una maniobra que sin motivo aparente despertó al Congreso de su marasmo y lo hará realizar impensadas sesiones extraordinarias la próxima semana.
En el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores se firmó hace dos semanas el Acuerdo para establecer un modelo nacional de seguridad social. Lo firmaron tres representantes del Ejecutivo federal, los directores del IMSS y el ISSSTE, los líderes de los sindicatos de esos institutos, los de la federación burocrática y el magisterio, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y los propios gobernadores.
El sentido del pacto es (¿era?) establecer una política de Estado sobre seguridad social, con un enfoque sistémico que evite parches y busque soluciones globales, aplicables a todas las instituciones en ese campo, afectadas por el deterioro de sus servicios (resultado a su vez de la reducción de sus ingresos, que deriva de la disminución del empleo y los bajos salarios) y por el incremento en los pagos de pensiones por jubilación. Se previó formar un Grupo de alto nivel que “tenga conocimiento de los trabajos que se están desarrollando” en ese ámbito y se instó al Poder Legislativo a “sumarse a este consenso”. En vez de hacerlo y antes siquiera que se difundiera suficientemente el Acuerdo, un grupo de legisladores dio a los firmantes con la puerta en la nariz.
El 14 de julio, diputados de varios partidos acogieron una propuesta formulada por senadores y la presentaron como iniciativa. En veloz carrera fue ya dictaminada favorablemente en las comisiones legislativas de Hacienda, de Trabajo y de Seguridad social, por lo que la Comisión Permanente convocará al Congreso de la Unión a un período extraordinario la semana próxima, la última de julio. La notoria e insólita prisa por enmendar la Ley del Seguro Social, que de eso trata el proyecto cobijado por el PRI y el PAN contrasta con la parsimonia con que las cámaras han abordado la legislación relacionada con la seguridad pública y la justicia. Sólo después de la marcha del 27 de junio se aceleró el estudio de la iniciativa al respecto presentada exactamente tres meses atrás por el presidente Fox.
La reforma sigue la cómoda (pero contraproducente) técnica de tapar un hoyo abriendo otro. Busca prohibir que el IMSS aplique las cuotas obreropatronales a cubrir déficit pensionarios. Dicho de otro modo, para encarar el deterioro de los servicios médicos y sociales, debe destinarse a ese propósito el monto entero de aquellas cuotas. No se asignará un solo peso de ese ingreso al pago de pensiones. Buen principio de orden, se dirá. Y lo es.
Sólo que entonces el IMSS no podrá cumplir sus compromisos con los jubilados, por falta de recursos. Y como a lo imposible nadie está obligado, se alegará, caerá por su peso la Reforma al Régimen de Pensiones y Jubilaciones, que se ha intentado llevar adelante, infructuosamente, desde octubre pasado. Ese es el móvil y la explicación de la premura. Ya que lo habrá de todos modos, parece que se trata de acelerar el estallido del conflicto. Se intentó la vía contractual, sin resultados por la oposición de la mayor parte de los trabajadores, no obstante que el arreglo propuesto respeta los derechos adquiridos y busca un nuevo régimen sólo para el personal de nuevo ingreso.
Se concibió la idea de plantear un conflicto de carácter económico ante los tribunales del trabajo, pero se desistió de hacerlo. Ahora se intenta esa cirugía de caballo, una medida extrema que no será asimilada sin chistar por el sindicato y puede tener secuelas y consecuencias secundarias muy graves. No se puede, sino irresponsablemente, dejar sin sus pensiones a los jubilados por el claramente comprensible pero inadmisible hecho de que no hay dinero para cubrirlas. Antes sería menester establecer una provisión para enfrentar ese pasivo y ello sólo podría surgir de una política de Estado, que maneje como un todo potencialidades y rezagos de la seguridad social, sus fortalezas y sus debilidades, sus riesgos y sus oportunidades.
¿Qué induce a los legisladores priistas a apoyar al Gobierno foxista en un planteamiento de esta naturaleza, ellos que tan renuentes han sido para acompañarlo en otros rubros? No hay una evidencia clara de ese móvil. Se conjetura que se pactó un canje: este apoyo impediría la consignación del ex presidente Echeverría y de miembros del Ejército, anunciada para mañana.
Pero la desmesura de la operación, la desproporción entre los términos del do ut des obliga a no conceder crédito a esa hipótesis. Cualquiera que sea la motivación, es claro que el PRI asume un alto costo al impulsar esta iniciativa. En un primer plano muy evidente, abandona a su suerte a uno de los suyos, el dirigente sindical del IMSS, Roberto Vega Galina, que es diputado federal priista y seguirá siéndolo, según anuncia.
Pero puede abrirse un boquete importante al partido tricolor si el sindicato, que en los hechos lo es no obstante la legislación en sentido contrario, deja de ser la corporación priista que ha sido. La reforma, contra la cual se efectuará hoy una marcha, pondría también frente al Gobierno a la Unión Nacional de Trabajadores, que agrupa a sindicatos estratégicos como el de telefonistas, los de la aviación y los universitarios y al propio del seguro social.
