Bien dice el refrán que “el miedo no anda en burro”, de ahí que extrañamente el Gobierno panista pareciera temer al voto electoral de los mexicanos en el extranjero.
Una bandera que por años enarbolaron los panistas y que ha sido promesa permanente por parte de Vicente Fox, está a punto de venirse abajo por las reticencias y las telarañas mentales que abundan en la política mexicana.
Hace seis meses el secretario de Gobernación, Santiago Creel, informó al Congreso que la administración Fox preparaba un proyecto de Ley para autorizar el voto de los mexicanos que residen en el extranjero.
Esta medida permitirá que unos diez millones de mexicanos en Estados Unidos puedan votar en las elecciones presidenciales de 2006, además de varias decenas de miles más que viven en el resto del mundo.
Todo iba bien hasta que el subsecretario de Desarrollo Político, José Paoli Bolio, realizó en fecha reciente una gira por varias ciudades norteamericanas en donde adelantó varias ideas del proyecto de Fox que condiciona severamente este derecho al voto.
De acuerdo a Paoli en 2006 el voto de los mexicanos en el extranjero se restringirá a la elección presidencial y a quienes tengan credencial de elector emitida en México, aparte de que se impedirá que los partidos y candidatos efectúen campañas en el extranjero.
Varios grupos de migrantes pusieron el grito en el cielo al señalar que el Gobierno mexicano pretende abrir la democracia a cuentagotas cuando “los mexicanos en el extranjero somos tan mexicanos como los que viven en nuestro país”.
Son hasta ahorita muchas las ideas, proyectos y borradores que circulan entre los partidos y en las oficinas de Gobernación para reglamentar este derecho al voto, pero lo cierto es que no existen avances reales y nada difícil sería que una vez más los mexicanos en el exterior se queden de nuevo sin votar.
Hay desgraciadamente posiciones muy ancestrales que presionan para impedir este avance democrático. Jorge Bustamante, investigador del Colegio de la Frontera Norte y eterno defensor de los derechos de los migrantes, dijo en alguna ocasión que grupos económicos poderosos de Estados Unidos podrían influir en el voto de los connacionales y afectar el resultado de las elecciones mexicanas.
Pero los residentes mexicanos en Estados Unidos piensan muy diferente y de acuerdo a encuestas casi el 90 por ciento están interesados en votar como un ejercicio cívico que los mantendría ligados y comprometidos con su país de origen.
Sería desastroso y por demás incongruente que por un lado se exija mejor trato y respeto a los derechos de nuestros migrantes y por el otro se les niegue su derecho a ejercer el voto.
En todo caso, el meollo del problema actual es encontrar una mecánica fácil, efectiva y económica para facilitar el voto de los millones de connacionales. Desde luego tendría que ser para todos aquellos migrantes o sus descendientes que tengan la nacionalidad mexicana e incluso a la doble nacionalidad.
Por otra parte tendría que definirse el alcance del voto, si es sólo para presidente o se extendería a diputados, senadores, gobernadores y alcaldes. Por último se requiere definir qué documentos serían válidos para registrarse y ejercer el derecho al voto.
Tomando en cuenta las facilidades para votar que existen en Estados Unidos, sería ridículo exigir la credencial de elector como requisito indispensable, para ello tenemos la matrícula consular, el pasaporte mexicano o bien el acta de nacimiento, entre otros documentos.
Si los paisanos contribuyen con más de 13 mil millones de dólares anuales a la economía con lo que demuestran su apego y su compromiso por México, ¿por qué entonces regatearles un derecho tan elemental y humano como es el voto?
En países como España, Francia y Estados Unidos se puede votar en el extranjero para cualesquier elección, incluyendo las europeas para los españoles, el único requisito es tener más de 18 años y ser dado alta en el Registro de Matrícula Consular.
Los países latinoamericanos que permiten este derecho son Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.
No hay, pues, razón ni argumento de peso para atrasar este derecho de los connacionales en el exterior, quienes son tan mexicanos como cualquier otro.
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