Durango

Incapacitado, juzgado para realizar embargos

El Juzgado Administrativo Municipal no tiene el personal ni equipamiento necesarios para instaurar procedimientos de embargos a los miles de usuarios morosos del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado, reconoció ayer su titular Ernesto Aguilar García.

Dijo que tiene conocimiento, por los medios de comunicación, de que a través de Finanzas y Administración y el Juzgado Administrativo se pudieran ejecutar embargos, pero que no tenía ningún documento al respecto para determinar si esta dependencia es o no competente para estos asuntos.

Dejó claro que la esencia del Juzgado no es disponer de los mecanismos de cobro que pudiera disponer una empresa; pero en el supuesto de que efectivamente pudiera instaurar procedimientos de embargos a morosos, asentó que primero se debería hacer una revisión de la plantilla y del presupuesto de esta área.

Afirmó que el hecho de que les pudieran pasar el trabajo para ejecutar los cobros, en sí mismo, representaría una enorme carga que obstruiría sensiblemente la labor que actualmente se realiza con el poco personal e infraestructura con que se cuenta.

Aguilar García añadió que dentro de la competencia del Juzgado es que tiene a su cargo la seguridad física de los detenidos de la Dirección Municipal de Vialidad y Protección Ciudadana; que atiende los conflictos vecinales, los recursos legales contra boletas de infracción de Vialidad y de la Policía Preventiva, entre otras tareas.

Indicó que, actualmente, en el Juzgado Administrativo laboran 24 personas entre el intendente (uno), las secretarias (cuatro), el personal destinado a cuidar a los detenidos (nueve), secretarios de acuerdos (cinco), archivista (uno), encargado del área administrativa (uno), entre otros. Para hacer las notificaciones solamente cuenta con un auto compacto y una motoneta.

El funcionario municipal estableció que con el personal de que se dispone se cumple al ciento por ciento con las funciones encomendadas, con mucho esfuerzo y trabajo del personal.

En este sentido, indicó que el hecho de que pudieran participar en los procedimientos de embargos se requeriría más personal, porque con el actual no sería posible.

El artículo 117 del Bando de Policía y Buen Gobierno establece que todas las resoluciones de la Autoridad Administrativa Municipal serán de acuerdo con lo que expresen la ley, los reglamentos municipales y las disposiciones administrativas de carácter municipal y en su caso conforme a la interpretación jurídica de las mismas.

Asimismo, se fija que para tal objeto el Juzgado Administrativo Municipal es dotado de plena autonomía, quien tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Municipal y los particulares, y entre éstos y los terceros afectados, derivadas de los actos y resoluciones de la Autoridad Municipal y de la aplicación de los ordenamientos legales y reglamentos municipales.

El artículo 118 señala que el Juzgado Administrativo Municipal conocerá las conductas que presuntamente constituyan faltas o infracciones a las disposiciones normativas de carácter municipal; así impondrá las sanciones correspondientes mediante un procedimiento breve y simple que califique la infracción.

Será función del Juzgado Administrativo Municipal conocer y resolver los recursos que interpongan los particulares respecto de las actuaciones de la Autoridad Municipal.

Las oficinas que ocupan el Palacio Federal no pagan el servicio de agua, a raíz de que el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado perdió el pleito jurídico que sostuvo reclamando el pago.

El subdirector de Finanzas y Administración del Sideapa, Maximiliano Arreola Coronel, dijo que desde principios del 2003 se perdió el juicio ante la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (Cabin), que es la instancia que administra el Palacio Federal.

Detalló que tiene conocimiento de que existe una iniciativa para reformar el artículo 115 Constitucional que permita que dependencias de esta naturaleza también paguen el servicio.

Indicó que existe la intención de volver a revisar el caso, para que el Gobierno Federal también pague por el servicio de agua.

Numeralia

24 personas trabajan en el Juzgado Administrativo

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