AGENCIAS
TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La muerte de 104 reos pandilleros ocurrida ayer, en un incendio en el presidio de San Pedro Sula, norte de Honduras, ha causado dolor e indignación en este país, donde las cárceles siguen siendo una bomba de tiempo.
La tragedia, que además dejó a otros 26 presos con quemaduras en su mayoría de segundo grado, habría sido provocada por un cortocircuito, seguido de la explosión de un motor, según versiones de algunos reclusos y autoridades policiales.
Uno de los quemados murió en el Hospital Mario Catarino Rivas, donde son atendidos los heridos, informó una fuente médica.
Wilmer Torres, portavoz de la Policía, indicó a periodistas que 57 reclusos lograron salir ilesos del recinto que fue consumido por el fuego, en el que estaban recluidos los pandilleros de la “Mara Salvatrucha” (MS).
El Centro Penal de San Pedro Sula, 240 km al norte de Tegucigalpa, construido para mil 700 internos, había dos mil 227, de los cuales 182 estaban ubicados en el pabellón incendiado, indicó el portavoz del ministro de Seguridad, Leonel Sauceda.
Un testigo aseguró que primero hubo una explosión y luego se desató el incendio. Los custodios del Centro Penal empezaron a dispararle a los reos en vez de abrirles las puertas de las celdas para evitar que murieran, sostuvo.
Un reo integrante de la MS, identificado como Pablo Cardona, dijo: “Fue un cortocircuito pero tuvieron la oportunidad las autoridades de ir a nuestros módulos a abrir los portones, pero ellos en vez de ir a abrir los portones lo que hicieron fue agarrarnos a disparos para que nosotros no saliéramos”.
“Ellos querían que nosotros muriéramos, así como murieron los otros, querían que muriéramos la otra parte”, aseguró a radios locales. “Los policías decían: allí déjenlos, déjenlos, cuando nosotros pedíamos auxilio”, relató.
La portavoz de la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) en San Pedro Sula, Yolanda Perdomo, dijo que con las autopsias se determinará si hubo prisioneros muertos por bala.
Tras examinar 30 cadáveres, las autoridades forenses hondureñas habían descartado, en un informe “preliminar” difundido en horas de la tarde, que alguno de ellos hubiera sido víctima de tiros de los guardias, pero aun debían realizar la totalidad de las autopsias.
La iglesia Católica pidió una investigación de los hechos. El obispo auxiliar de la Diócesis de San Pedro Sula, Rómulo Emiliani, catalogó de “espantosa” la cantidad de muertos y exigió “una investigación total”.
El director del Centro Penal de San Pedro Sula, Elías Aceituno, informó que fue suspendido de su cargo luego del incendio. La suspensión fue “para que no vayan a decir que yo estoy entorpeciendo las investigaciones, pero posteriormente voy a regresar a mi cargo”, aseguró.
Por su parte el presidente de Honduras, Ricardo Maduro, calificó ayer de “tragedia nacional” la muerte de al menos 104 reclusos en un incendio del Penal de la ciudad norteña de San Pedro Sula.
Maduro agregó que se le informó de la tragedia, minutos después de concluir una audiencia con el Papa Juan Pablo II.
Inmediatamente después decidió suspender su gira por Europa, durante la cual tenía previstas reuniones con altos funcionarios de Italia y España.
El Mandatario hondureño suspendió también su asistencia a la boda del Príncipe Felipe, heredero de la Corona española, y Letizia Ortiz, que se celebrará en Madrid el próximo sábado.
Lugares inseguros
Las cárceles de Honduras, que en teoría son centros para la rehabilitación del delincuente, están entre los lugares más inseguros del país.
En estos centros son comunes las matanzas entre reos o en complicidad con guardias, policías y militares; las fugas de presos comunes o narcotraficantes, lo mismo que tragedias como la ocurrida hoy, cuando un incendio en el presidio de San Pedro Sula, en el norte del país, dejó al menos 104 muertos.
La muerte masiva de reos ocurrida ayer se suma a la matanza del cinco de abril de 2003 en la Granja Penal de El Porvenir, en el Caribe del país, de 65 reclusos -en su mayoría pandilleros-, y otras tres personas que andaban de visita en ese centro.
Informes oficiales incriminan a autoridades de la Granja Penal, lo mismo que a policías, militares y reos, de la múltiple matanza, por la que hasta ahora nadie ha sido castigado por la Ley.
Diferentes instituciones de derechos humanos han señalado en reiteradas ocasiones que el sistema penitenciario de Honduras es altamente peligroso para los reos, tanto por el hacinamiento como por la falta de seguridad y los aspectos deshumanizantes en las cárceles.
