Desde dentro de Pemex -desde su propia auditoría y de su consejo de administración- surgieron ayer apreciaciones oficiales rotundas que dejan en entredicho a la dirección general de Pemex, por el manejo desaprensivo -por decir lo menos- de multimillonarios recursos públicos en favor del sindicato de esa empresa pública. El diario Reforma resumió ayer un reporte de la auditoría interna de Pemex donde se concluye que el convenio del 26 de julio pasado, depósitado poco después en la Junta federal de conciliación y arbitraje, por el que el sindicato petrolero recibiría por diversos conceptos casi ocho mil millones de pesos “contiene incongruencias y viola disposiciones legales y presupuestales”.
A su turno, en un periódico capitalino se reproduce una carta del secretario de Hacienda al Presidente de la República que, además de descalificar las prestaciones concedidas en ese documento, critica también el arreglo previo entre la dirección de Pemex y el sindicato, que permitió soslayar las consecuencias penales de haber entregado, de modo irregular, la suma de 1,580 millones de pesos al sindicato, en 2000.
A este propósito, el secretario Francisco Gil Díaz dice a su jefe, el Ejecutivo federal que la legitimación de aquella entrega (consagrada ante los tribunales y refrendada en el convenio del 26 de julio) “es probable... que beneficie a todos los presuntos responsables de los actos que son materia de procedimientos penales.... toda vez que las autoridades competentes tendrán mayor dificultad para acreditar que se cometieron ilícitos, con lo cual prácticamente se finiquitan los procesos en curso”.
A esa lenidad, a ese regalo oneroso, regalo de dinero y de impunidad, nos hemos referido en este mismo lugar desde hace exactamnente siete meses en tres oportunidades. El 23 de febrero expresé mi perplejidad porque el director general de Pemex se declarara “satisfecho” porque “a esa empresa petrolera le robaron 1,580 millones de pesos”. Me referí al convenio suscrito por la empresa y el sindicato en que, precisamente para mejorar la situación procesal de los acusados por ese latrocinio, la agrupación gremial admitía haber recibido “indebidamente” aquella enorme suma, pero se comprometía a pagarla en comodísimas mensualidades, a cambio de que se Pemex se diera por satisfecho, y la declaración correspondiente surtiera efectos en los tribunales. Así lo reconoce ahora el secretario de Hacienda que, supliendo al de la Función Pública, formula observaciones directamente al presidente de la República. En sus conclusiones, a este respecto, Gil Díaz dice que “el convenio debilita el caso penal contra el sindicato y prácticamente lo finiquita”.
No sólo los líderes sindicales acusados, principalmente el secretario general Carlos Romero Deschamps y el tesorero, senador Ricardo Aldana (protegido del desafuero por los mismos hados que empujan el de Andrés Manuel López Obrador), han sido beneficiarios de ese finiquito. Lo será también el antecesor de Muñoz Leos, Rogelio Montemayor, ya de regreso en México. Al extenderse la lenidad al director general de Pemex en 2000, acaso el de hoy aspira a que, cuando abandone la función que ahora desempeña, le pueda ser condonada la sujeción que muestra ante el sindicato, al que ahora, con iguales mecanismos a los de hace cuatro años, se dispone a entregar cerca de ocho mil millones de pesos.
Aunque parezca cínica la expresión, podría decirse que a la luz de los intereses gubernamentales priistas, privar de mil quinientos millones de pesos a Pemex se justificaba en aras de preservar el poder presidencial. Pero ahora ni siquiera esa explicación aparece en el horizonte, a menos que supongamos al sindicato petrolero, tan dispuesto a servir de intermediario para llevar subrepticiamente dinero público al PRI, listo para proceder de igual manera sólo que ahora con otro partido. Sólo así se entendería la manga ancha con que la dirección de Pemex perdona adeudos y realiza entregas tan voluminosas como las pactadas en julio, que están por entrar en vigor.
Respecto de esos compromisos, las objeciones de la auditoría interna de Pemex son inequívocas: entregar casi tres mil millones de pesos por servicios médicos requiere aprobación del consejo de administración y de la secretaría de Hacienda. Ese requisito sería salvable, si Hacienda incurriera en el despropósito de condenar la operación y, sin embargo, autorizar la entrega de los recursos. Pero sería francamente una irresponsabilidad legal entregar 4,200 millones de pesos al sindicato para el fondo de vivienda, porque no es la persona jurídica apta para recibirlo, ya que se trata de una prestación exigible por cada trabajador en particular y no por el sindicato.
Si bien la carta del secretario de Hacienda no ahorra aprobación a medidas que son plausibles desde su óptica (como el haber otorgado un incremento salarial de 0.55 por ciento en términos reales), no vacila en condenar el convenio de julio porque “da liquidez al sindicato al proveerle recursos correspondientes a periodos ordinarios”; porque “es más oneroso que los convenios anteriores, ya que otorga cantidades injustificadas para vivienda”; y porque “no sienta bases para cambios estructurales y modernización de la empresa”.
Fechado el 17 de septiembre, el diagnóstico que en vez de Función Pública preparó Hacienda, ya debería haber surtido sus efectos, mediante una instrucción presidencial precisa, que impidiera los daños denunciados. Pero no pasa nada.
