EL SIGLO DE TORREÓN
Gómez Palacio, Dgo.- El titular de la Segunda Sala Unitaria Mixta dio su veredicto: No acredita la presunta responsabilidad de los dos inculpados en el crimen de Adriana Ruelas Salcedo, profesionista asesinada a plena luz del día en su consultorio el pasado 26 de septiembre. La resolución inconformó a las autoridades de la Subprocuraduría de Justicia que siguen firmes en su acusación. La familia de la víctima está muy molesta.
A las 14:00 horas del jueves 11 de marzo, el magistrado, Héctor Pérez Enríquez, notificó a las autoridades de la Subprocuraduría de Justicia la ratificación a la negativa de orden de aprehensión contra los presuntos implicados, Artemio Nájera Gandarilla y Jacinto García Cháirez, cuñado y concuño de la occisa.
El subprocurador, Joaquín Saucedo Flores, se manifestó contra la determinación y cuestionó que el argumento de la autoridad superior se base en la ausencia de un careo entre un testigo y un presunto, situación que no está obligada en la Ley.
También se cuestionó que Pérez Enríquez objetara una prueba de química forense basada en el cabello que se encontró en la mano de la víctima, aduciendo que el vello no fue detectado en el lugar de los hechos y se descubrió en la plancha del anfiteatro, como si ?alguien?, hubiera sembrado el cabello en la palma de la finada.
Al tener conocimiento de la resolución enviada por la Sala Unitaria Mixta, Saucedo Flores reunió a todos sus colaboradores: Aurelio Urbina Suárez, subdirector de Averiguaciones Previas; Marcos Torres, subdirector de Control de Procesos; Óscar Menchaca Lara, agente del Ministerio Público; José Luz Martínez, coordinador de Homicidios y Luis Enrique Rivas, titular de Servicios Periciales.
Las conclusiones de los funcionarios públicos sostienen la hipótesis que finca una probable responsabilidad a Artemio Nájera y Jacinto García, quienes estuvieron bajo arraigo domiciliario durante 28 días, recurso legal otorgado por el titular del Juzgado Primero del Ramo Penal, Luis Enrique Montoya García.
Se dio a conocer que se va analizar la resolución y ofrecer las pruebas requeridas, entre ellas incluida la citada confrontación de los testigos de cargo, considerando también y existe violación a los principios de legalidad inscritos en el artículo segundo de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Al finalizar con la información, Saucedo Flores dijo que la familia de la extinta se comunicó a su oficina para manifestar su malestar y su postura de inconformidad ante el veredicto emitido por el magistrado que resolvió en el caso.
