EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- Aún no se define el destino de los diez agentes ministeriales que presumiblemente recibían dinero de varios ?puchadores? a cambio de brindarles protección, ni sobre las identidades de otros tres elementos que salieron a relucir en el video que tienen las autoridades, pues el contralor Jaime Martínez Cepeda, no cumplió con el compromiso de informar lo anterior.
El citado funcionario, quien convocara a una rueda de prensa la semana antepasada, aseguró que a finales de enero determinaría lo que sucedería con algunos de los policías ministeriales que en la actualidad se encuentran suspendidos y sujetos a investigación.
La fecha se cumplió mas no así el compromiso de Martínez Cepeda, quien además dio a conocer a los diferentes medios informativos de la existencia de por lo menos tres agentes más inmiscuidos en el caso de corrupción policíaca.
El bochornoso escándalo de los ?narcosobornos? salió a relucir en los primeros días de enero pasado, cuando un medio de comunicación publicó varias fotografías de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y de la Policía Ministerial que acudieron a recibir dinero de una presunta protección que les daban a los ?puchadores? de la colonia La Fe, del grupo de ?El Danny?.
Esto provocó que jefes policíacos de la DSPM suspendieran a 12 elementos, incluyendo al comandante del sector poniente, Fernando Martínez Casas, ?El Nando?, y al jefe de grupo, Miguel Chávez, y posteriormente despidieran a 11 de ellos, cuando en la Ministerial crecía el número de los involucrados, comenzando con cuatro hasta llegar en la actualidad a 13.
Nada para Carrillo Lucero
El titular de la Contraloría Interna de la PGJE, Jaime Martínez Cepeda, aceptó que además se investiga al comandante de la Policía Ministerial, Ricardo Carrillo Lucero, a quien se le imputa el uso ilícito de recursos materiales y humanos de la dependencia en la construcción de una quinta de su propiedad en terrenos ejidales. Hasta el momento no ha sido suspendido.
Martínez Cepeda ya estuvo en el predio propiedad del citado jefe policíaco, donde intentó entrevistarse con varios de los habitantes del ejido El Dólar, municipio de Matamoros, Coahuila, que en su momento señalaron que para el transporte de material se hizo en unidades oficiales e incluso varios ministeriales trabajaron como albañiles, pero nadie dio la cara, por lo que se teme que fueron amenazados.
Versiones que corrieron en el PGJE ayer por la mañana, indicaban que la ausencia del contralor indicaba la posibilidad de que se le diera carpetazo a este caso y el otro y de esta manera terminar con la vergonzosa situación que tanto empaña a la institución.
