Se defienden las autoridades dando a conocer inversiones en fomento a la producción agropecuaria
Las organizaciones campesinas cuestionan los supuestos efectos positivos del Acuerdo Nacional para el Campo ?firmado el 28 de abril del 2003-, y reclaman incumplimientos, pero las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), sostienen lo contrario: hay inversiones superiores a los 900 millones de pesos y una reactivación al fomento productivo y desarrollo económico.
Para agrupaciones como la Confederación Nacional Campesina, Organización de Defensa Campesina y Unión de Pueblos Emiliano Zapata, todas vinculadas a diferentes partidos políticos, el ANC fue un simulacro de buenas intenciones del Gobierno Federal de Vicente Fox Quesada, pero los resultados han estado ausentes, aseguran.
Sin embargo, en una visión distinta, Javier Muñoz García, coordinador del Programa Jornaleros Agrícolas y agrónomo de profesión, sostuvo que las críticas de las acciones del Gobierno Federal tienen que ver con un resentimiento de tipo político y no con una valoración sensata de las cosas.
Muñoz va más allá y advierte: ellos ( las organizaciones de filiación priista) critican atrasos, cuando el mismo sistema político del PRI, que estuvo por 70 años gobernando el país, fue el principal responsable del rezago y la marginación en el campo.
En contraparte, Gustavo Pedro Cortés, dirigente de la Organización de Defensa Campesina, agrupación del Partido del Trabajo, sostiene que se cumplieron con las expectativas de crecimiento presupuestal para el campo, además que las reglas de operación para aprovechar los apoyos de los programas estipulados en el Acuerdo llegaron tarde.
Francisco Acosta Llanes, dirigente de la UPEZ ?adherida al Partido Duranguense-, indica que el ANC fue una ?llamarada de petate?. Hubo mucho revuelo, pero en los hechos los resultados no se han visto y se siguen aplicando los mismos programas con los mismos presupuestos, asentó.
Mientras que la CNC, en voz de José Manuel Díaz Medina, en una posición más intransigente, culpa al Gobierno Federal de su visión de empresa y falta de sensibilidad para concretar las promesas que se hicieron en el marco del Acuerdo Nacional para el Campo.
Y mientras la letanía de inconformidades se mantiene, la delegación de la Sagarpa asegura que el mencionado pacto para el campo se ha cumplido a cabalidad, además que los programas, acciones y proyectos se han ejecutado dentro de lo establecido.
En este mosaico de expresiones, el ANC quedo en medio del rejuego político, para las agrupaciones sigue siendo un paquete de buenas intenciones, mientras que Muñoz García y autoridades de la Sagarpa, observan las bonanzas de los programas foxistas.
PROPÓSITOS
El Acuerdo Nacional para el Campo se suscribió en el 2003 con el propósito de establecer un pacto entre el Gobierno mexicano y las organizaciones de productores y campesinos del país, orientado a impulsar reformas estructurales en el carril del fomento productivo y el desarrollo rural sustentable, además de promover la soberanía y la seguridad alimentaria.
Pero adicionalmente, el origen del mencionado pacto fue la pobreza, el atraso y la marginación que por muchas décadas (de gobiernos priistas) ha padecido el campo mexicano, según la justificación del plan.
Y la Sagarpa no era la única invitada a este pacto, se incluyó a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Desarrollo Social, Economía, Comunicaciones y Transportes, Salud, Reforma Agraria y obviamente el Gobierno del Estado de Durango.
A quince meses de la suscripción del acuerdo, autoridades de la dependencia federal del sector agropecuario advirtieron que los problemas del campo no sólo requieren de tiempo, sino del trabajo y del compromiso de todos los sectores.
ALCANCES
De acuerdo con un reporte de avances del multicitado acuerdo, en el estado de Durango se ejecutaron alrededor de 70 acciones ?entre programas y apoyos-, que significaron una derrama estimada en más de 900 millones de pesos y con impactos directos en más de cien mil productores del medio rural.
En tanto que el Gobierno del Estado convino ejercer una aportación del orden de los 95 millones de pesos, etiquetados para obras hidroagrícolas e impulso a proyectos productivos.
El pacto con el campo tuvo sus impactos de abril del año pasado al primer cuatrimestre del presente ejercicio, en diversas vertientes, entre las cuales destacan la aplicación de una partida de excedentes del petróleo para acciones de desarrollo rural, apoyo a la comercialización de productos agropecuarios, subvención del diesel, pago del Procampo ?versión anticipado-, reconversión productiva y estímulos a la ganadería.
Otras áreas que se incluyeron fueron, el desarrollo de capacidades, centro de negocios, apoyo a deudores con cartera vencida ante el Banco de Crédito Rural ?Banrural-, activación de la Financiera Rural, garantías líquidas, Programa de la Mujer en el Sector Agrario, conocido como Promusag; impulso al funcionamiento de mercados regionales, comercialización de productos primarios, fortalecimiento en microrregiones y modernización del sector rural, principalmente en áreas de riego.
También se realizaron acciones a favor de los jornaleros agrícolas, pago de servicios ambientales, acciones de reforestación, protección a centros de población y regulación de terreros agrarios.
Pero las críticas de las organizaciones no se detienen. Reiteran que no hay impactos de los programas y además sostienen que planes como el Procampo, Ingreso Objetivo, Reconversión y Subvención del Diesel, son esquemas tradicionales que se ejecutan de manera ordinaria.
DEFENSA
En su defensa, un informe turnado al Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable, con corte al primer cuatrimestre del 2004, reveló que tan sólo por excedentes del petróleo acordados con la SHyCP y la Secretaría de Gobernación, se aplicaron 98.1 millones de pesos en Durango, 60 millones en infraestructura agrícola, mientras que 38.1 millones se destinaron a obras de equipamiento en comunidades rurales.
En el esquema anticipado del Programa de Apoyos Directos al Campo se ejercieron subsidios por el orden de los 305 millones de pesos distribuidos entre 60 mil productores con extensiones menores a ocho hectáreas, mientras que en el plan de Ingreso-Objetivo implicó una derrama de ocho millones de pesos para solventar subsidio a la comercialización de maíz y trigo en grano.
En la vertiente de insumos a precios competitivos (diesel, energía eléctrica, gas licuado de propano y gasolina) se repartieron 21 mil 346 tarjetas a igual número de productores que adquirieron diesel para labores agropecuarias, que implicaron en términos monetarios, una apoyo de 82.1 millones de pesos.
El esquema de Comercialización de Frijol de la cosecha 2003, también fue incluido dentro del menú de apoyos del ANC, con una inyección de 354 millones de pesos que cubrieron 72 mil toneladas de leguminosa vendida, aportados por seis mil 823 productores de las diversas regiones agrícolas de la entidad.
En el plan de Alianza para el Campo se ejercieron 28 millones de pesos en el 2003 en la vertiente de sanidad, que tuvo un impacto en la reclasificación del nivel de exportación del sector ganadero en la entidad, mientras que para este 2004 se tiene proyectada una inversión de 33 millones de pesos para mantener la zonas libres y de baja prevalencia de plagas y enfermedades en el sector agropecuario.
A través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dentro de la vertiente de microrregiones se construyeron en el 2003, 536 kilómetros de caminos rurales y alimentadores con una inversión de 10.3 millones de pesos, con una generación de 170 mil jornales.
Asimismo, en el mismo carril de la SCT fueron instalados 667 terminales telefónicas satelitales en comunidades de 100 a 449 habitantes.
Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reportó dentro de los avances del ANC, la aprobación de 624 proyectos de un total de mil 169 solicitudes de adhesión al Programa de Desarrollo Forestal, con una cobertura de 264 mil hectáreas.
Se aplicaron 4.6 millones de pesos en el reconocimiento y pago por servicios ambientales a 16 ejidos ubicados en los municipios de Pueblo Nuevo y Durango, además de que se aplicaron alrededor de 33 millones de pesos en acciones de reforestación y desarrollo de plantaciones comerciales.
En el terreno de salud, se incluyó la atención a 57 mil familias dentro del esquema de Oportunidades, además el informe garantizó que se hicieron rehabilitaciones y equipamiento en 180 unidades de salud en zonas rurales, así como en ocho hospitales para la atención de 556 mil habitantes.
En el sector agrario, el pacto para el campo concretó a través de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, una indemnización de 1.4 millones de pesos a grupos ejidales, cuyas tierras fueron expropiadas, además que se recibieron mil 042 solicitudes de tierras en distintos municipios de la entidad.
En el área concreta de la delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria, se informó de la inversión de ocho millones de pesos dentro del Promusag y el Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos, que significaron respaldar financieramente a 71 proyectos presentados por igual número de grupos ejidales en diversos municipios de la entidad.
CONCLUSIÓN
Las autoridades que quedaron incluidas en el Acuerdo Nacional para el Campo, firmado hace quince meses, sostienen que hay logros en este pacto, que hay avances, que las inversiones en los programas y acciones son efectivas y conforme al espíritu que se planteó.
Sin embargo, las organizaciones campesinas se resisten en aceptar los reportes oficiales, por el contrario cuestionan más la operación del acuerdo y aseguraran que las inversiones consignadas son producto de los programas tradicionales, nada fuera de lo normal.
ANTECEDENTES
Nociones básicas
La pobreza y el atraso en el campo son un lastre que tiene décadas en el país.
El Acuerdo Nacional para el Campo y el Desarrollo de la Sociedad Rural fue suscrito el 28 de abril del 2003 por el presidente Vicente Fox Quesada y distintas organizaciones de productores del país.
El plan costa de 282 puntos, de los cuales 241 corresponden a acciones concretas y compromisos específicos. Al menos 72 tuvieron impacto en el estado de Durango.
El origen del acuerdo fue el factor pobreza, el atraso y la marginación que durante muchas décadas ha padecido el campo duranguense.
Las prioridades del pacto eran impulsar una reforma estructural integrada por dos políticas: fomento productivo y desarrollo económico, así como el desarrollo rural sustentable.
FUENTE: Investigación El Siglo de Durango.
