POR ARTURO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ ARANDA
EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- En pleno siglo XXI el racismo aún se practica. No obstante los esfuerzos de las Naciones Unidas y los organismos internacionales y nacionales de Derechos Humanos, en México como en otros tantos países, el color de piel determina ciertos patrones conductuales de la sociedad y margina a grupos enteros del desarrollo, como los indígenas.
La Real Academia de la Lengua Española define el racismo “como la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico, especialmente cuando convive con otro u otros” y como una “doctrina antropológica o política basada en ese sentimiento y que en ocasiones ha motivado la persecución de un grupo étnico considerado como inferior”.
Ambas definiciones parecen encontrar cabida en la sociedad de los países modernos, como México, a pesar de las acciones encaminadas a la eliminación de las prácticas segregacionistas. En ese tenor, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de noviembre de 1963 la Declaración sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Racial.
En el artículo primero de este documento se lee: “La discriminación entre los seres humanos por motivos de raza, color u origen étnico, es un atentado contra la dignidad humana y debe condenarse como una (...) violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales (...), un obstáculo para las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones y un hecho susceptible de perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos”.
Posteriormente, en 1966 el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), declaró el 21 de marzo Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial al condenar una masacre en la ciudad de Sharpville, Sudáfrica, en la que murieron 69 personas y 180 más resultaron heridas. Hombres, mujeres, niños y niñas, todos negros, se habían reunido a las afueras de una estación de policía para manifestarse contra una Ley de pases y permisos que controlaba la libre movilización y el empleo de la población negra.
Tres décadas después, en la Segunda Conferencia Pan Europea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), se lanza la Campaña Voces sin Fronteras con programas, cuñas, jingles y otros sobre discriminación racial. La campaña se prolongó hasta 1997 —Año Europeo contra el Racismo— y se convirtió en una iniciativa global.
En el marco del Tercer Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial 1994-2003, se realizó la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia del 31 de agosto al ocho de septiembre en la ciudad de Durban, Sudáfrica.
En el documento de presentación de dicho acontecimiento se reconoce el camino que falta por recorrer: “Pese a que se han logrado éxitos espectaculares, como la eliminación del apartheid en Sudáfrica, el sueño de que el mundo se vea libre del odio y los prejuicios raciales sólo se ha hecho realidad a medias. El mal es evidente pero el remedio no lo es tanto”.
En la conferencia se abordaron temas desde las secuelas de la esclavitud hasta los conflictos étnicos; desde la situación de los pueblos indígenas hasta la discriminación por razón de creencias; desde el discurso de odio difundido por la Internet hasta la relación entre la discriminación por razón de raza y la discriminación por razón de sexo, es decir las facetas de la complejidad del problema en la actualidad.
De éstas, la más cercana a México resulta la situación de los pueblos indios. Al respecto, en la declaración firmada por los participantes, del párrafo 39 al 44, se establece la diversidad de factores que componen el ser indígena: creencia religiosa, lengua, atuendo, forma de organización, estilo de vida y relación con la tierra, los cuales, al no ser respetados, derivan en prácticas discriminatorias.
A lo largo del programa de acción se describen las medidas que los países tienen que asumir para combatir el racismo, y en las cuales deben participar todos los sectores: el Gobierno, la Iniciativa Privada, las Organizaciones no Gubernamentales, los medios de comunicación, los académicos, los artistas, los partidos y la sociedad civil en general.
Una práctica añeja
Pero, el problema es más complejo de lo que parece, al menos aquí en México. Las prácticas racistas, tan antiguas como la llamada Conquista, han sido impulsadas incluso desde la Iglesia y el Estado y persisten en varios ámbitos de la actualidad.
De acuerdo al documento Doctrina del Despojo: El Racismo contra los Pueblos Indígenas de la carpeta temática de la Conferencia Mundial antes citada, “la colonización del Nuevo Mundo conoció manifestacio-nes extremas de racismo: matanzas, traslados a marcha forzada, las ‘guerras indias’, la muerte por inanición y enfermedades. Hoy día, esas prácticas se denominarían depuración étnica y genocidio”.
El siglo XV marca la dominación europea de América y África. En 1493, un año después del viaje de Cristóbal Colón, la bula Inter Caetera concedida por el Papa Alejandro VI a los reyes de España “autorizaba la subyugación de los habitantes autóctonos y de sus territorios (...). Las bulas papales nunca han sido revocadas, pese a que los representantes indígenas han pedido al Vaticano que considere la posibilidad de hacerlo”.
Los aborígenes en todo el mundo no han continuado la trayectoria histórica de la colonización, según versa el documento. “En el Nuevo Mundo, los colonizadores europeos blancos llegaron y se asentaron sin más ni más, con resultados drásticos. Los pueblos indígenas fueron apartados y marginados por los descendientes dominantes de los europeos”.
A pesar de que los indígenas pelearon por la independencia de México en los albores del siglo XIX, su condición no mejoró. Según el ensayo histórico ¿Extraños en su Propio Suelo? Los Pueblos Indios y la Independencia de México de Manuel Ferrer Muñoz y María Bono López, la lucha por deshacerse del yugo español no fue un anhelo común de todos los que habitaban la Nueva España. Había grupos letrados de novohispanos que no tenían en principio esas inquietudes libertarias que, incluso, percibían como peligrosas.
Pero el problema más grande vino después. “Una de las primeras evidencias que se hicieron sentir una vez que México accedió a una vida política independiente, fue la incapacidad de las masas populares para asimilar el nuevo sistema de gobierno”.
Y a pesar de la aspiración expresa de lograr una ciudadanía instruida, “eso no impidió la marginación del pueblo indígena (...) que, si no exceptuado de modo intencional, en la práctica quedó fuera de la mente de los hombres públicos” al grado que el anhelo de los derechos de igualdad civil “quedó diluido en la práctica legislativa”.
Pronto los criollos se volvieron protagonistas políticos nacionales. “El exclusivismo criollo acabó relegando a la población indígena (...). Los reformadores de la década que arrancó en 1830 hicieron caso omiso del indio, cuya degradación atribuían al paternalismo del sistema colonial español, y cifraron las esperanzas de futuro en la nueva clase de propietarios burgueses, fortificada por europeos inmigrantes”.
Posteriormente, el Estado no reconoció en su conformación la situación de los pueblos indígenas, “no concebía sino la idea de individuos (ciudadanos) en su suelo, cuyo conjunto fue llamado nación”, según una cita del texto de Ferrer y Bono.
En consecuencia, “en la medida en que el Estado sólo contemplaba la existencia de ciudadanos individuos, las etnias indígenas quedaron excluidas como tales del proceso de construcción nacional”.
Problema latente
La población indígena en el país representa el 12 por ciento del total. Aumentó de dos millones y medio en 1950 a casi trece millones en 2000. El Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México elaborado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas informa que los indígenas están distribuidos en forma desigual en el territorio nacional concentrándose mayormente en los Estados del sur y sureste.
En numerosos municipios del país, sobre todo en Oaxaca, Guerrero y Chiapas constituyen mayoría. Actualmente existen 62 etnias.
“La mayor parte de la población indígena se encuentra en los municipios y Estados más pobres de la República, mismos que acusan los menores índices de desarrollo humano y social. Es estas regiones se mantiene con frecuencia una agricultura de subsistencia y autoconsumo en un medio ambiente agreste y duro, en el que la tierra no rinde lo suficiente para alimentar a la familia, obligando a la gente a emigrar cada vez en mayor número, incluso al extranjero, para solventar sus necesidades. En su gran mayoría, los indígenas emigrantes son campesinos minifundistas y jornaleros”.
Es en el tema de la procuración de justicia donde se expresa mayormente la vulnerabilidad de los pueblos indígenas quienes denuncian ser víctimas de discriminación, vejaciones y abusos.
El informe de las Naciones Unidas afirma que muchos indígenas indiciados se encuentran desampara-dos ante los agentes del Ministerio Público por no hablar o entender el castellano y no contar con un intérprete en su lengua, a pesar de que la Ley establece este derecho.
“Son escasos y generalmente poco capacitados los defensores de oficio que operan en zonas indígenas, donde la gente no tiene dinero para pagar un defensor. Es práctica ampliamente generalizada la detención de sospechosos o presuntos delincuentes sin orden de arresto, la detención preventiva por un tiempo que excede al estatutario, el allanamiento de morada, el robo de pertenencias de las víctimas y otros abusos y negación del debido proceso, de los cuales son culpables las policías municipales, estatales y a veces la Policía Preventiva e incluso elementos del ejército”.
El informe afirma que uno de los temas recurrentes refiere abusos físicos y tortura a detenidos indígenas, así como poca efectividad de las denuncias al respecto, “existe documentación y testimonios sobre indígenas muertos en circunstancias no aclaradas mientras estaban en manos de la autoridad”.
Según los datos presentados en el Diagnóstico de los Derechos Humanos en muchas ocasiones las sentencias dictadas están fuera de toda proporción con los delitos imputados, como sucede en los casos vinculados con delitos ambientales, contra la salud o las leyes federales de armas y telecomunicaciones.
Inequidad
La discriminación contra los indígenas se manifiesta también en la distribución de la riqueza y los bienes de servicios públicos. Las principales víctimas de esta situación son las mujeres y niños, sobre todo las niñas indígenas.
Una investigación realizada en el Estado de Oaxaca a cien mujeres indígenas arrojó como resultado un total de 209 violaciones a los derechos sexuales y reproductivos, los cuales se refieren al embarazo, parto, el puerperio y el aborto, así como al cáncer cérvico uterino. El riesgo de morir por causa materna es más del doble para una mujer indígena que para una no indígena.
Las mujeres en Chiapas han sufrido una desproporcionada violencia en sus diferentes manifestaciones.
“Los hostigamientos sexuales y las violaciones a las mujeres de parte del Ejército Federal y de las fuerzas de seguridad pública, han sido un arma permanente en la guerra contra los zapatistas. El porcentaje de violaciones tumultuarias atendidas en el Centro de Atención a Mujeres y Menores del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal, ascendió de un cinco por ciento en 1993 a más de 30 por ciento en 1994”.
Según datos oficiales el 56 por ciento de ellos padece desnutrición y al menos 690 mil menores de cuatro años padecen graves problemas de desnutrición y estatura. La mortalidad infantil es mucho más frecuente en niños indígenas que en la población infantil promedio del país.
El Diagnóstico afirma que es dramática la situación de los migrantes indígenas. En numerosas ciudades la mendicidad, el ambulantaje y algunas actividades delictivas vinculadas a la pobreza. Muchos indígenas viven en las calles y en la mayoría de los casos las autoridades municipales carecen de recursos para proporcionales más que un mínimo de servicios asistenciales.
Los datos duros no mienten y en pleno siglo XXI los indígenas son el grupo en México más vulnerable a sufrir las consecuencias del racismo y la discriminación.
Rezago educativo
Desde los años 60 la Secretaría de Educación Pública (SEP) inició un programa de educación indígena en las escuelas primarias oficiales, que llegó a contar con miles de profesores bilingües. Fue diseñada una pedagogía con contenidos y métodos adecuados a las culturas indígenas y se produjeron cartillas en la mayoría de las lenguas indígenas.
El informe de las Naciones Unidas afirma que el programa nunca recibió de las autoridades educativas el apoyo suficiente para transformarse en una verdadera opción educativa para los menores indígenas.
“Actualmente, la Educación Intercultural Bilingüe atiende a un millón 145 mil alumnos entre 47 pueblos indígenas, con 50 mil 300 docentes en 19 mil centros educativos.
La SEP estima una eficiencia terminal en la educación primaria bilingüe de 73.5 por ciento contra 86.3 por ciento a nivel nacional. Como respuesta a insistentes demandas de las organizaciones indígenas fueron establecidas tres universidades indígenas (más otra en proyecto) así como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
EN CIFRAS
En México los indígenas no son el único grupo que sufre problemas de racismo y discriminación, las mujeres y niños son también objeto de violaciones a sus derechos humanos.
Los grupos
Asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez 321, de los cuales entre 90 y 129 son seriales
entre enero de 1993 y julio de 2003.
Violencia familiar Uno de cada tres hogares
Niñas, niños y adolescentes Más de 40 millones. Hombres: 21, 424,402
Mujeres: 21,154,706.
Adultos Mayores 7.6 millones
Hombres:46.8 por ciento
Mujeres 53.2 por ciento
Desplazados internos Entre tres y 21 mil
Refugiados 40 mil
Jornaleros agrícolas en México 3.4 millones
Migrantes indocumentados 3.5 millones
en Estados Unidos
Personas que viven con enfermedad 20 millones
Mental
Personas con discapacidad 2.2 millones
Personas con VIH / SIDA 150 mil
Relación Hombre-Mujer: seis a uno
Personas con preferencia sexual y de
Género distinta a la heterosexual Entre cinco y seis por ciento.
FUENTE: Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México
