Busca el Gobierno de Uribe solucionar el problema de los secuestrados por el grupo insurgente
Bogotá, (EFE).- El Ejecutivo colombiano dio hoy un paso por sorpresa hacia la búsqueda de un acercamiento con las FARC al indultar a 23 guerrilleros sentenciados por rebelión, como un gesto en favor de los secuestrados por el grupo insurgente.
Aunque la decisión no coincide con las exigencias de esa guerrilla, que reclama que los presos les sean devueltos en sus campamentos, el Gobierno del presidente Álvaro Uribe lo explicó como un acto unilateral de paz que debe ser correspondido por las FARC.
"Estos son pasos y posturas del Gobierno que muestran con claridad nuestra voluntad para solucionar este difícil asunto de los secuestrados", dijo el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo.
Son gestos que "van allanando el camino de la reconciliación, y lo importante es persistir en ello", agregó Restrepo, que anunció la decisión junto al ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, en la Casa de Nariño, la sede del Ejecutivo.
Pero Uribe declaró posteriormente que estos indultos no son una muestra de debilidad.
"Yo no tengo mano blanda (...), yo no tengo eso", afirmó el presidente antes de encabezar una ceremonia en una escuela policial, y dejó en manos de la prensa la "interpretación" del hecho.
Los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que recibieron el indulto purgaban condenas por "rebelión y delitos conexos", según lo aclaró el Gobierno, para disipar la duda de que entre ellos estuviesen responsables de "delitos atroces o de lesa humanidad".
Los reos que recibieron la gracia fueron seleccionados previamente, y se comprometieron a "no participar en la lucha armada" y a "colaborar en la construcción del país de una manera pacífica", dijo Pretelt de la Vega.
"Este es un gesto realmente humanitario, y lo mínimo que espera la sociedad colombiana es un acto de correspondencia de parte de las FARC", agregó el ministro.
La mayor guerrilla del país mantiene en cautividad a centenares de ciudadanos, de los que cerca de sesenta pretende canjear por medio millar de insurgentes encarcelados.
El grupo de canjeables lo conforman una treintena de efectivos de la fuerza pública -algunos secuestrados desde hace casi siete años-, una veintena de políticos y tres estadounidenses.
La ex candidata presidencial independiente Ingrid Betancourt, que también tiene la nacionalidad francesa, es la rehén más prominente dentro de los políticos, entre los que también están varios congresistas, legisladores regionales, un ex ministro y un ex gobernador.
Las FARC han condicionado la puesta en libertad de los canjeables a un acuerdo humanitario, pero diferencias sobre el lugar en el que deba darse la negociación han impedido la búsqueda de un consenso.
En tanto que los rebeldes exigen un territorio desmilitarizado en las selvas del sur, que Uribe rechaza de tajo, el Ejecutivo propuso el pasado octubre que el diálogo fuese en la Nunciatura Apostólica u otra representación diplomática en Bogotá, que los insurgentes tampoco aceptaron.
La oferta fue divulgada seis semanas después de que el Gobierno anunciara que estaba dispuesto a excarcelar, de forma unilateral, a medio centenar de guerrilleros presos, tanto condenados o acusados, pero sólo bajo cargos de rebelión.
Ni Restrepo ni Pretelt de la Vega dijeron si el indulto masivo se corresponde con esa propuesta, que fue condicionada a que los beneficiados no retomen las armas y se vinculen con el programa oficial de reinserción o viajen a algún país, como Francia, que ha ofrecido acoger a insurgentes incluidos en un eventual acuerdo.
Pero algunos portavoces de los rehenes interpretaron el indulto masivo como el resultado de un posible acercamiento que puede facilitar la puesta en libertad de algunos secuestrados.
"Esperamos que las FARC también tomen la iniciativa de realizar gestos unilaterales", dijo a la prensa Fabiola Perdomo, que representa a las familias de doce diputados o legisladores regionales secuestrados en la ciudad de Cali.
Con los indultos otorgados hoy, son ya casi medio centenar los guerrilleros y paramilitares que este beneficio desde agosto de 2002, cuando Uribe asumió el poder.
De ellos, 39 pertenecían a las FARC.
