Se prevé que en un plazo de 60 días se solicitará a la Cámara de Diputados que se dictamine si se le quita o no la inmunidad legislativa.
26 de abril 2004.
México, (Notimex).- La Sección Instructora determinó hoy que el asambleísta con licencia, René Bejarano Martínez, sí tiene fuero constitucional por lo que este organismo inició el proceso de desafuero solicitado por la procuraduría de justicia captitalina.
Dicho fuero lo protege contra órdenes de aprehensión y el eventual encarcelamiento derivado del escándalo de corrupción en que está involucrado el ex presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Al término de una reunión de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, donde se radicó el expediente de Bejarano Martínez, su presidente, Horacio Duarte Olivares, rechazó que los tiempos legales que se aplican a este juicio de procedencia signifique que al final se vaya a permitir la impunidad.
"El día de hoy sólo revisamos el caso Bejarano porque los otros casos -Ricardo Aldana Prieto y Fernando Espino Arévalo- ya están radicados", explicó el legislador federal del PRD.
Pidió no acelerar o presionar a la Sección Instructora para realizar el proceso de desafuero de Bejarano. "El mejor camino para evitar la impunidad es que se cumpla la ley y los tiempos, porque hacerlo vía fast track podría derivar en juicios de amparo".
En el Palacio Legislativo de San Lázaro y al preguntarle sobre el debate en el sentido de que René Bejarano ya no tiene fuero, Duarte Olivares respondió que se analizó esa situación y se determinó que aún lo protege la ley.
"Determinamos, después de un análisis jurídico que René Bejarano tiene fuero, porque este se otorga a la función de legislador, la cuál fue electa por el voto del pueblo de México y el único que puede retirarlo es la representación popular que es la Cámara de Diputados", apuntó.
Anunció que una vez que Bejarano sea notificado por parte de la Sección Instructora en el sentido de que ya se radicó su expediente, contará con siete días para responder a las acusaciones que le hace el Ministerio Público.