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MÉXICO, DF.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició un procedimiento de responsabilidades contra el ex subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Raúl Arriaga Becerra, así como contra 27 ex funcionarios más de la dependencia federal, por probables violaciones a leyes ambientales.
Entre los ex servidores públicos que son investigados por presuntas violaciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y a la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), figura el ex director general de Vida Silvestre de la Semarnat, Fernando Clemente Sánchez.
Ante la autorización ilegal de permisos de caza en 22 estados y un posible daño a la federación por más de tres millones de pesos —ya que al parecer no se cobraron estas licencias a los beneficiarios— la SFP inició los 28 Procedimientos Administrativos de Responsabilidades.
El Órgano Interno de Control (OIC) en la Semarnat concluyó el 18 de septiembre pasado una auditoría a la Dirección General de Vida Silvestre, en la que se detectaron una serie de irregularidades que violan las leyes generales del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y de Vida Silvestre (LGVS), ya que incluso los permisos de caza fueron entregados sin la autorización de los propietarios de los terrenos.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el diez de julio de 2003, el entonces subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, Raúl Arriaga Becerra, “instruyó a la Dirección General de Vida Silvestre para que continuara con el esquema de los Proyectos en Áreas de Manejo Sustentable de la Vida Silvestre (PAMS), pese a la inexistencia legal de esa figura”, detalló la SFP.
Como parte de las irregularidades en las que presuntamente incurrió el funcionario, éste sabía que los permisos, conocidos como “tasas de aprovechamiento extractivo de fauna silvestre” a asociaciones civiles y particulares, se otorgaron sin consentimiento de los legítimos propietarios de los predios en los que autorizó el aprovechamiento desde 2001 a 2003.
La dependencia detalló que en esos años el ex director general de Vida Silvestre de la Semarnat, Fernando Clemente Sánchez, “autorizó y remitió a algunos delegados federales de la Semarnat 25 tasas de aprovechamiento extractivo de fauna silvestre a diversas asociaciones civiles y a particulares, otorgándoles hasta el 60 por ciento de cintillos de cobro cinegético (permisos)”.
Lo mismo hicieron el entonces director de Atención y Apoyo a Usuarios, Eleazar Loa Loza, y el ex director de Promoción, Desarrollo Regional y Operaciones de Campo, José María Reyes Gómez, quienes autorizaron, respectivamente, nueve y dos tasas de aprovechamiento.
Durante la auditoría, los ex servidores públicos trataron de justificar su proceder con el Proyecto de Áreas de Manejo Sustentable de la Vida Silvestre (PAMS) y otros convenios, pero se detectó que los permisos se concedieron sin la autorización de los propietarios, por lo que se iniciaron los procedimientos para sancionar a los presuntos responsables, entre los que se encuentran además 24 delegados y ex delegados federales de la Semarnat.
En el caso de estos servidores públicos se les imputa no haber verificado con documentación que las cantidades de cintillos que recibieron, para la venta a Asociaciones Civiles, tuvieran el consentimiento de los propietarios de los predios, ubicados en estados Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima y Durango, entre otros.
Incluso, reveló la dependencia, “en algunos casos no se encontró la comprobación de pago de los cintillos”, por lo que se detectó un presunto daño económico al patrimonio de la Federación por un total de tres millones 131 mil 396 pesos.
Los delegados y ex delegados contra quienes se inició procedimiento administrativo de responsabilidades son: José de Jesús Infante de Alba, en Aguascalientes; Carlos Alfonso De La Parra Rentería, en Baja California; Carlos Fernández Aceves García, en Baja California Sur; Erick Raúl Baqueiro Cárdenas, en Campeche y José Cándido Treviño Fernández, en Chihuahua.
Asimismo, José Ignacio Corona Rodríguez, en Coahuila; Jorge A. Gálvez Rocha y Manuel De Jesús Tripp Rivera, en Colima; Luis Alfredo Rangel Pescador, en Durango; Roberto Acero Rueda, Delegado Federal en el Estado de Guanajuato; Octavio Adolfo Klimek Alcaraz, en Guerrero; Herminio Baltasar Cisneros, en Hidalgo y Norberto Alvarez Romo, en Jalisco.
También Gustavo Reséndiz Serrano, en el Estado De México; Ricardo Sierra Oteiza, en Morelos; Mauricio Bustamante Celayeta, en Nayarit; Arturo Alcocer Lujambio y Alfonso Martínez Muñoz, en Nuevo León; David Ortega del Valle, en Oaxaca, y Alejandro Angulo Carrera, en Querétaro.
De igual forma, serán investigados José Domínguez Rodríguez, delegado en Sinaloa; José Luis Luna Urquídez, en Sonora; Jorge Cárdenas Gutiérrez, en Tamaulipas, y José Ramiro Rubio Ortiz, en el estado de Yucatán.
