“Un poderoso charlatán, muy versado en los males de la humanidad, que primero insulta a la víctima que va a matar”.
George Crabbe
Como la Procuraduría General de la República no ha podido controlar los secuestros, ha decidido ahora lanzar una gran ofensiva. ¿En contra de quién? ¿De los secuestradores? ¿De esos elementos de las policías que aparentemente les otorgan apoyo a las bandas que practican este delito? No, de las empresas que los familiares de las víctimas contratan para su apoyo. Éste es un caso más en el que la autoridad, para ocultar un fracaso en el cumplimiento de su labor, decide castigar a las víctimas en vez de a los criminales.
No debe sorprender que muchos familiares de víctimas de secuestros y de otros crímenes acudan a consultores profesionales para negociar o para buscar otros respaldo. El trabajo de las procuradurías, después de todo, es con frecuencia inadecuado o insuficiente.
El procurador general Rafael Macedo de la Concha, sin embargo, anunció este viernes pasado que emprenderá acciones legales en contra de cualquier consultor que no informe a la autoridad de un secuestro. La PGR les fincará a estas personas acusaciones por encubrimiento de un crimen.
Esta decisión es realmente injusta ya que castiga a las víctimas por no confiar en la capacidad de las autoridades para cumplir con su trabajo. De hecho, pronto encontraremos que esas mismas autoridades que no han podido combatir el secuestro llenarán las cárceles pero no de secuestradores sino de consultores cuyo delito será el de ayudar a las víctimas.
Una de las primeras medidas de cualquier banda después de realizar un secuestro es amenazar a la familia para que no informe a las autoridades. Como las familias tienen fundados temores de que los secuestradores tengan cómplices en las procuradurías, es lógico que busquen el apoyo de empresas profesionales. La decisión que pretende implantar la PGR impediría que las familias recurrieran a estas empresas. Y como muchas tampoco se atreverán a desobedecer a los secuestradores al presentar una denuncia formal, se quedarán sin ningún tipo de respaldo.
Los familiares de personas que sufren secuestros y otros crímenes saben perfectamente bien lo difícil que es obtener un apoyo eficaz de las autoridades. Constantino Salinas Arce, el padre de la joven Lizbeth Salinas, la joven empleada del IFAI torturada y asesinada después de un secuestro de los llamados express en la ciudad de México, contó la semana pasada cómo él mismo tuvo que buscar información que la policía debería haber conseguido. El agraviado padre le pidió a la policía que revisara los retiros de cajeros automáticos de la cuenta bancaria de su hija. Y ante la inacción de las autoridades, él mismo tuvo que ir al banco a pedir el video del cajero automático en que se había hecho un retiro de la cuenta de su hija. El banco le prometió que en tres meses le daría el video. Pero en ese lapso, por supuesto, ya se habrá desvanecido la posibilidad de atrapar a los asesinos de su hija.
Eduardo Gallo tuvo que enfrentarse también a la indiferencia de las autoridades, en este caso en Morelos, tras la violación y homicidio de su hija Paola. Pero en lugar de rendirse ante la burocracia como tantos otros, él mismo realizó una investigación minuciosa que lo llevó a localizar y a entregar a las autoridades a los perpetradores de ese crimen. De no haber llevado a cabo personalmente esa labor, los criminales seguirían gozando de la impunidad de la que disfrutan la enorme mayoría de los delincuentes en nuestro país.
Ante la falta de efectividad de las procuradurías, el procurador general hace mal, muy mal, en amenazar con presentar acusaciones penales en contra no de los secuestradores sino de quienes pretenden ayudar a las víctimas. Si las procuradurías quieren que los familiares de los secuestrados les pidan a ellas el apoyo, lo primero que deberán hacer es ganarse su confianza. Pero para combatir el secuestro, de nada sirve que se meta en la cárcel a quienes apoyan a las familias de las víctimas.
Castigar a los pobres
En lugar de combatir la contaminación, la Comisión Ambiental Metropolitana del valle de México prefiere castigar a quienes no tienen dinero para comprar autos nuevos. Así, este organismo anunció este viernes pasado que a partir del próximo mes de julio aplicará el “Hoy no circula” a vehículos de 1993, aunque tengan convertidor catalítico en buenas condiciones y registren por lo tanto bajos índices de contaminación. Si el propósito de los burócratas fuera combatir la contaminación, deberían estar tomando medidas para obligar a que los convertidores catalíticos se mantengan en buen estado. Pero su objetivo no es ése, sino castigar a quienes no tienen dinero para comprarse un auto nuevo.
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