EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- La evidente corrupción que impera al interior de las autoridades que se encargan del combate a la delincuencia y sobre todo al ?narcomenudeo?, hace necesaria una constante rotación de sus elementos tanto del área operativa como en la procuración de justicia, con el propósito de que no se creen compromisos que lleguen a obstaculizar sus funciones, sin embargo no ocurre así en la Procuraduría General de la República (PGR).
Cuestionado sobre lo anterior, Francisco Javier Gutiérrez Pesquera, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), manifestó que es deseable y saludable que se lleven a cabo movimientos rotarios al interior de las diferentes corporaciones y agencias del Ministerio Público, tanto del Fuero común como del Federal.
Sin embargo, subrayó, en este tipo de situaciones se tienen ventajas y desventajas que se presentan tanto con la rotación como con la permanencia de elementos y funcionarios.
Las posibles ventajas son que los nuevos titulares de las dependencias no tienen compromisos creados con nadie en particular, pero en contraparte, no conocen la problemática que priva en el Municipio o Estado, según la dependencia.
Otra de las desventajas, dijo, es que (algunos), al saber que estarán al frente de tal o cual dependencia o corporación, se harán de la vista gorda y sobre todo aprovecharán todas las oportunidades que se les presenten, para hacer dinero mal habido, importándoles un comino la ciudadanía, a la que presentan pobres o nulos resultados en el combate a la delincuencia.
Hay casos, continuó, en el que el funcionario rinde muy buenos resultados y pese a ello es reubicado en otro lugar aunque dentro de la misma institución a la que pertenece. Esto sin menoscabar la labor del sustituto.
Recientemente, en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se realizaron varios enroques, luego que las autoridades superiores de la dependencia así lo determinaron, en base a una serie de quejas en las que se vieron involucrados algunos de los servidores públicos, de los cuales, incluso, varios de ellos fueron cesados de forma definitiva.
Al respecto, se trató de indagar en la Procuraduría General de la República (PGR), donde desde hace tiempo no se hace este tipo de movimientos, de tal forma que existen agentes del Ministerio Público de la Federación que llevan más de una década incluso, sin ser reubicados en otros puntos del país, lo que pone de manifiesto el posible compromiso que pudieran tener con gente relacionada en la comisión de diversos delitos federales, tales como la ?piratería? y sobre todo de la venta de droga al menudeo. Los resultados fueron negativos.
La presencia del delegado estatal de la PGR en Coahuila, Tranquilino Juárez Ortega, en la reunión de delegados que se realizó en la capital del país, fue la causa por la que fue imposible obtener información sobre el tópico y aunque hubiera estado presente, señalaron fuentes oficiales, el dato sobre una posible reubicación llega de improviso, sin aviso alguno, pero para ello es necesaria la petición de dicho funcionario.
Amenazas
Luego de casi dos años que fue conformado el grupo élite Águila, que coadyuva en las labores que contra el ?narcomenudeo? realiza la Procuraduría General de la República (PGR), los rumores sobre su corrupción, crecen más cada día.
Los 23 elementos de Seguridad Pública, especialmente capacitados para la lucha frontal contra la venta de enervantes al menudeo, ya están contaminados, según aseguran diferentes jefes de las distintas corporaciones policiacas.
Uno de los argumentos que esgrimen ?Los Águilas?, es que se han visto amenazados por diversos cabecillas del ?narcomenudeo? que saben la precisa ubicación de sus domicilios y temen que sus familias se vean lastimadas con algún atentado.
Por ello, prefieren recibir dinero, que es una opción más cómoda, puesto que en la PGR no se ha hablado de un posible cambio que para ellos sería lo mejor.
Las fuentes policiacas anónimas señalaron que si esto ocurre en dos años, qué tantos compromisos se crearán en más tiempo, como es el caso de algunos agentes del Ministerio Público de la Federación o elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que no han sido objeto de rotación en varios años.
