EL SIGLO DE TORREÓN
FRANCISCO I. MADERO, COAH.- El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), propuso al Congreso del Estado investigar las irregularidades que se han presentado en la administración del Alcalde de este municipio, José Luis Marrufo Álvarez, para que la comisión de asuntos municipales y la Contaduría Mayor de Hacienda hagan una revisión y finquen responsabilidades a los servidores públicos involucrados.
La regidora del PAN, Margarita Gracia Tostado, manifestó que uno de los aspectos a tratar fue el de los familiares del Edil como proveedores del Ayuntamiento, por conceptos de gasolina, servicios de hotelería, hospedaje y el autolavado.
“Les presenté toda la documentación: números de cheques, pólizas, con fechas y facturas donde los hijos del Presidente Municipal fueron proveedores del Ayuntamiento el año pasado, contraviniendo la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley de Adquisiciones para el Estado de Coahuila”, comentó.
En estas leyes se menciona que los familiares de los servidores públicos, incluyendo los parientes políticos, no pueden ser proveedores del Municipio.
“Al Presidente ya se le había llamado la atención por parte del Congreso del Estado, pero en diciembre la Tesorería todavía emitió cheques a nombre de los hijos del Alcalde”, continuó la regidora, “desde el mes de julio se trató ese asunto con el Presidente y el ex tesorero sólo decía que los precios eran muy buenos y que por eso no había ningún problema”.
Otra de las cuestiones fueron los “aviadores” en la nómina del Ayuntamiento, pues desde 2003 y aún en el primer trimestre de 2004, aparecieron nombres de empleados de los negocios de los familiares del Alcalde, que recibían pagos por más de dos mil pesos sin trabajar siquiera en la presidencia municipal.
“El Alcalde dice que él no sabía nada, yo no veo la manera en que no pudiera estar enterado porque todos los cheques tienen que estar firmados tanto por el Presidente como por el tesorero, entonces definitivamente estaban enterados los dos”, manifestó, “esto es sustraer dinero público y es incurrir en otra irregularidad”.
La regidora explicó que de ser cierto que Marrufo Álvarez no estuviera enterado de esta problemá-tica, el Edil debió seguir los cauces legales que se ejercen en estos casos, aplicando la Ley de Responsabilidades, la cual indica que la Contraloría Municipal debe discutir este asunto y destinar sanciones como que el ex tesorero, José de los Santos Rivas Mayorga, pague el dinero que no fue bien utilizado, que sea vetado por alrededor de diez a 15 años en los que no pueda ser servidor público o hasta con la cárcel en un caso extremo.
