Dependencia carece de dinero para pago de indemnizaciones
Aún no hay una fecha exacta para realizar los embargos a la Procuraduría de Justicia, debido a que los abogados de los demandantes han dejado de presionar por los acuerdos que el propio procurador, José Luis Carrillo Rodríguez, sostuvo con los afectados, sobre todo porque no hay dinero para pagar las indemnizaciones.
Guillermo Cervantes, presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dijo que las intenciones del funcionario de la PGJ son buenas, sobre todo de respetar y de acatar el fallo de una instancia federal con la reinstalación de los ex trabajadores (ministeriales, peritos y agentes del Ministerio Público), así como el pago en su totalidad de lo reclamado, pero se entiende que Gobierno del Estado no cuenta con dinero suficiente para erogar el gasto.
Como se recordará, el propio Carrillo Rodríguez reconoció que por mala conducción de los procesos laborales y la falta de un proceso administrativo correcto, la institución perdió los casos, pero que había la intención de llegar a un buen acuerdo.
En este sentido, el titular del Tribunal coincidió con tal opinión, al decir que sobre todo los conflictos entre el personal se habían desatado principalmente entre funcionarios de mandos medios, que por sus actitudes se tomaron atribuciones sin continuar el respectivo proceso administrativo que lleva ciertos requisitos para no dejar en estado de indefensión al trabajador.
?Es evidente la ignorancia en algunos departamentos jurídicos, respecto de la Legislación Federal del Trabajo Burocrático, que de manera supletoria sustituye a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes, y en sus artículos 46 y 46 Bis establece la manera de los procedimientos para sancionar a un trabajador?.
Otra de las causas que señaló fue la falta de coordinación entre los departamentos, principalmente de Contraloría, Asuntos Internos y Jurídico, que al ver una mala actuación de este último no asumieron su papel de revisar los procedimientos de su competencia.
Guillermo Cervantes explicó que existen actualmente de la PGJ cerca de diez laudos, mismos que ya cumplieron una parte del acuerdo que fue la reinstalación del determinado momento al señalar los bienes para asegurar lo que reclama, siempre y cuando éstos no sean de uso común, aunque las propuestas se revisan.
Fuentes cercanas a los trabajadores, en su mayoría policías ministeriales, señalan que a cada uno se le adeuda entre 60 mil y 90 mil pesos, aproximadamente, cantidades que tendrán que esperar por la falta de activos. Para concluir, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje señaló que sólo es cuestión de tiempo para que los compromisos que ambas partes adquirieron se cumplan, previa autorización de los recursos por el Ejecutivo del Estado, con la intención de exigir mejores resultados a sus departamentos legales y evitar en lo sucesivo dar traspiés como éstos.
DESPIDOS
Refieren cambios
Por otra parte, Guillermo Cervantes manifestó que este tipo de situaciones de inconformidad es de cada fin de administración, sobre todo cuando la entrante es de un partido diferente.
?En las corporaciones policiacas, por su calidad de empleados de confianza, pueden ser destituidos de sus funciones, siempre y cuando se llegue a un correcto cumplimiento de las prestaciones; lo que no pasa con el personal sindicalizado, por el respaldo con que cuentan por parte de sus representaciones?.
Dijo que de momento están estos conflictos en puerta, pero para finales de año existe la probabilidad de que algunos empleados municipales también se inconformen y recurran a esta instancia.
