Benito Ortega Hernández | El Siglo de Durango
Ante el abandono y olvido que han sufrido documentos y papeles oficiales, el Gobierno del Estado pretende recuperarlos y crear los archivos histórico y de concentración, para lo cual envió una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública, a fin de crear el marco jurídico que regule tal actividad, además de los espacios adecuados.
Al informar al respecto el secretario general de Gobierno, José Miguel Castro Carrillo, expresó que ?los archivos son la huella documental que deja el hombre en su actuación pública o particular; con estos documentos se reconstruye la historia de los pueblos que constituye su memoria colectiva, la cual orienta su actuación en el presente y le da identidad?.
Sin embargo, a pesar de su importancia, los archivos han sido víctimas del abandono, de la incomprensión, del menosprecio y del olvido; se les ve como papeles viejos sin ningún valor y muchos más son destruidos o se dejan en lugares inapropiados para que las inclemencias del tiempo los destruyan.
Explicó que el Gobierno es la entidad que genera mayor cantidad de documentos y deben preservarse con toda diligencia para que no se destruyan ni sean sustraídos y se pierdan. Los conocedores del ramo distinguen tres clases de archivos: de trámite o administrativos; de concentración e históricos.
El primero contiene los asuntos que están en movimiento y cuando ya concluyen se deben remitir al archivo de concentración. Ahí permanecen un tiempo prudente y después son sometidos a un proceso de depuración y los documentos que se consideren de valor histórico se remiten al ?histórico? para su cuidado, administración, clasificación y ponerlos en condiciones de ser consultados por los investigadores. De estos acervos documentales salen los libros de nuestro pasado, enfatizó el funcionario.
En nuestra legislación positiva, añadió, no se precisa explícitamente la entidad de orden público en cuya esfera de competencia se encuentra la facultad de cuidar, administrar y organizar los acervos documentales que genera el Gobierno del Estado.
Explicó que la fracción XXXVI del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado le otorga a la Secretaría General de Gobierno la facultad de ?coordinar el funcionamiento del Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado?, atribución que, según dijo, se considera incompleta, pues no regula todas las fases que constituyen el proceso archivístico.
La Secretaría General, indicó, no solamente debe tener bajo su responsabilidad los archivos de trámite de cada dependencia estatal, sino también el archivo de concentración y el histórico. Con esta reforma se subsana una laguna jurídica y se le da unidad a lo que en realidad constituye un todo inseparable.
Enfatizó que para organizar, administrar, depurar, inventariar y catalogar tanto el archivo de concentración como el histórico, deberá constituirse un organismo desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, con autonomía propia, para que se conserven los acervos documentales utilizando los recursos y técnicas modernas en materia archivística.
La iniciativa de ley que elEejecutivo estatal envió al Congreso local, para reformar el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, en su fracción XXXVI, propone coordinar el funcionamiento y cuidado del archivo administrativo del Poder Ejecutivo del Estado; asimismo, organizar y administrar los archivos de concentración y el histórico. Éstos dos deberán estar en una sola unidad especial para mayor control y eficacia operativa. Una ley ordinaria regulará esta materia.
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INICIATIVA
Reforma a Ley Orgánica
El presidente de la Gran Comisión de la LXII Legislatura local, Octaviano Rendón Arce, informó que en la sesión pasada de la Comisión Permanente, se dio entrada al proyecto de iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, enviada por el Ejecutivo estatal.
Con base en lo anterior, es posible que la iniciativa se analice, dictamine y apruebe, en su caso, durante el periodo extraordinario de sesiones, que iniciará el 11 de febrero, fecha que aún es tentativa, ya que es importante dotar al Gobierno del Estado del instrumento jurídico que le permita reorganizar y crear el archivo histórico.
