México, DF (SUN-AEE).- El procurador general de justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz Vázquez, fue interrogado por la Procuraduría General de la República (PGR) ayer al mediodía, como parte de las investigaciones que sigue la dependencia federal en torno a la filtración de documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, relacionados con el caso de Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas del Distrito Federal.
La diligencia comenzó ayer al mediodía en las oficinas del procurador hasta donde se trasladó el Ministerio Público de la federación para tomar su testimonio, a partir de la averiguación previa 39/UEIDCSPCAJ/2004.
Debido a que Bátiz goza de fuero constitucional la diligencia fue realizada en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) hasta donde se trasladó el Ministerio Público, Consuelo Bravo González, para interrogar a este funcionario.
La Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, sigue la investigación para determinar qué funcionarios del Gobierno capitalino incurrieron en delitos contra la administración de justicia.
La averiguación previa fue abierta por la PGR dado que el pasado 15 de abril, Andrés Manuel López Obrador, jefe del Gobierno capitalino, exhibió públicamente los documentos que el Departamento del Tesoro le hizo llegar a la Secretaría de Hacienda para dar cuenta de los movimientos financieros de Ponce Meléndez desde el año 2000 en las Vegas, Estados Unidos.
Debido a que la documentación formaba parte de la averiguación previa federal abierta contra Ponce por lavado de dinero y que el informe tenía carácter de confidencial, la PGR consideró que funcionarios públicos incurrieron en un ilícito.
Autoridades de la PGR revelaron que Bátiz fue interrogado sobre quién tenía la custodia del expediente al que se integraron los documentos en la PGJ y si tuvo conocimiento de su existencia y la forma en que se hicieron llegar a López Obrador.
Se le cuestionó si él notificó personalmente al jefe de Gobierno capitalino sobre el contenido de la averiguación previa a la que se incorporaron estos documentos y de esta forma establecer si él tiene una responsabilidad en la exhibición pública de los mismos.
El cuatro de mayo será llamado a declarar Renato Sales Heredia, subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, mientras que ya han comparecido José de Anda, el Ministerio Público que solicitó a la PGR los documentos del Departamento del Tesoro y quien en primera instancia tenía a su cargo el resguardo de la documentación.
A estas declaraciones de Bátiz se suman las que ya rindió también el propio López Obrador el viernes pasado mientras que por los delitos de difamación y calumnia, por los que también la PGR inició una averiguación previa y ayer presumiblemente personal de la Consejería Jurídica del Gobierno de la ciudad de México presentaría la declaración por escrito del político tabasqueño en la PGR.
Andrés Manuel se justifica
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, envió un escrito a la Procuraduría General de la República (PGR), donde asegura que nadie debe sentirse calumniado o difamado porque sostuvo la hipótesis de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la PGR, sabían de las actividades presuntamente ilícitas del ex secretario de Finanzas capitalino, Gustavo Ponce, desde antes de la difusión del video y no actuaron porque lo dejaron escapar o lo tienen en su poder.
Señala que por tratarse de un complot y por las características de los personajes que participaron en el mismo, “tuve razones suficientes para haber dado a conocer a la opinión pública mi preocupación sobre el riesgo que corre la vida del ex secretario de Finanzas del Distrito Federal”.
Manifiesta que está en la mejor disposición de ampliar su declaración o atender preguntas específicas sobre el caso.
Este texto forma parte de la segunda averiguación previa que abrió la PGR en su contra, como presunto responsable del delito de difamación en contra de la dependencia.
Reitera que los escándalos de corrupción en su administración forman parte de un complot en contra de su Gobierno y de su persona.
“Está probado que en esta confabulación tuvieron que ver Carlos Salinas, Carlos Ahumada, Diego Fernández de Cevallos, los abogados Antonio y Juan Collado, la PGR, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de Hacienda”, indica.
Ahora bien, dice, sí existió un complot y es obvio que la Secretaría de Hacienda tenía información sobre una operación inusual de Ponce y de su esposa desde el 17 de agosto de 2003; si se le estaba investigando y si esta dependencia había recibido un informe del Departamento del Tesoro, nadie debe sentirse calumniado o difamado porque no se actuó a tiempo.
Dijo que a Gustavo Ponce se le investigaba por posibles delitos del Fuero Federal.
“Es mi deber informar a la gente y estoy obligado a hacer efectivos los Derechos Humanos y a la vida”, argumenta.
