EFE
WASHINGTON, EU.- Con la comparecencia del supuesto chofer de Osama bin Laden comenzó ayer en un tribunal militar en Guantánamo, Cuba, el proceso penal contra presuntos terroristas en un caso que los inculpados califican de “farsa”.
Según los detractores de estas “comisiones” (tribunales) militares, el meollo de las vistas preliminares en la base de Guantánamo no será la culpabilidad de los acusados sino si Estados Unidos (EU) les garantizará el debido proceso y un juicio justo.
Así, se prevé que la defensa del yemení Salim Ahmed Hamdan -quien ha negado cualquier apoyo al terrorismo-, solicite que se retiren los cargos en su contra.
Hamdan, de 34 años, es el primero de cuatro presos sometidos a las comisiones militares (término que utiliza el Pentágono) en Guántanamo, casi tres años después de que el presidente George W. Bush ordenase su puesta en marcha para enjuiciar a los extranjeros acusados de terrorismo contra EU.
Hamdan compareció ante cinco oficiales militares bajo el cargo de conspiración de asesinato, de cometer ataques contra civiles y de actos de terrorismo.
Estados Unidos insiste en que Hamdan, detenido en Guantánamo desde hace más de dos años, fue más que el conductor del cabecilla de Al Qaeda, pues también fue su guardaespaldas y ayudó en la entrega de armas a los operativos de la red terrorista.
El abogado militar asignado a Hamdan, el comandante Charlie Swift, dijo ayer que su cliente no ha tenido siquiera el derecho de impugnar su estatus de “combatiente enemigo”, y su eventual juicio debería ser postergado mientras se dirime una demanda presentada en tribunales federales en EU.
Después de la audiencia de Hamdan, las autoridades militares también analizarán los casos de otro yemení, Ali Hamza Sulayman al Bahlul y el sudanés Ibrahim Ahmed Mahmoud al Qosi -ambos acusados de ser guardaespaldas de Bin Laden- y el australiano David Hicks.
La distinción principal entre un tribunal militar normal y las comisiones de Guantánamo es que, en el primer caso, el acusado puede recurrir a un tribunal civil de apelaciones, derecho que ahora les ha sido negado.
“Nos indigna que la apelación sólo se haría ante las mismas autoridades militares, los acusados no tendrán acceso a pruebas secretas o exculpatorias, y las reglas las están improvisando”, dijo Erick Biel, abogado de “Human Rights First”.
Biel destacó además la precaria condición física y mental de algunos detenidos y la vigilancia de las comunicaciones entre clientes y abogados.
Otros grupos observadores, como Amnistía Internacional y la Asociación de Abogados de EU, han señalado que el proceso es una “farsa” porque, en resumen, el Pentágono será juez, fiscal, jurado y verdugo de los detenidos.
El Pentágono niega tajantemente esas críticas ya que, según una portavoz de las comisiones, Susan McGarvey, “cada uno de los detenidos recibirá un juicio pleno y justo” sin perjudicar la seguridad nacional.
