Aseguran senadores priístas que harán lo posible por impedir que Fox entregue el país a los intereses extranjeros.
28 de mayo 2004.
México, D.F., (SUN-AEE).-El senador Manuel Bartlett anunció que un grupo de senadores priístas presentará una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para impugnar los Contratos de Servicios Múltiples (CSM), así como cinco denuncias ante un juez de distrito, una por cada uno de los contratos adjudicados.
"Nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance para impedir que este presidente entregue el país a los intereses extranjeros, todo lo que sea necesario. Vamos a demandarlo también por (el otorgamiento de) los Contratos de Servicios Múltiples, vamos a demandar a Pemex que ha estado violando la Constitución", aseguró.
La estrategia jurídica para frenar la inversión privada "ilegal en el sector eléctrico" es una respuesta a la controversia constitucional presentada por el presidente Vicente Fox, para anular observaciones detectadas por la ASF en los permisos de generación de energía eléctrica otorgados a particulares.
Los escenarios legales de los priístas contemplan incluso la solicitud de ser necesario de juicio político contra los directores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, y de Pemex, Raúl Muñoz Leos.
"Lo mismo que están haciendo con CFE (a través del otorgamiento de permisos de generación de energía eléctrica) lo están haciendo en Pemex. Muñoz Leos y Elías Ayub son responsables de daños a la nación y vamos a buscar que se aplique la ley", aseguró.
Bartlett Díaz reveló que hace 15 días presentaron la primera denuncia ante un juez de distrito. Seguirán otras cuatro, una por cada CSM adjudicado.
Cabe recordar que el senador Manuel Bartlett junto con el ex diputado federal Salvador Rocha presentó la denuncia que motivó la revisión de los permisos de generación de energía eléctrica.
El pasado 31 de marzo la ASF dio a conocer los resultados del análisis de la Cuenta Pública 2002 y concluyó que dichos permisos no están fundados ni motivados lo que viola la Ley de Procedimiento Administrativo y además, contravienen el artículo 27 constitucional.
