Después de cinco años de increíble disimulo, la semana pasada la Procuraduría de Justicia de Coahuila desalojó a doscientas familias que invadían una franja de terreno de dos kilómetros a lo largo de ambos lados de las vías del ferrocarril en la ciudad de Torreón, entre los bulevares Laguna y Pedro Rodríguez Triana.
Al igual que en el caso de Megacable la Procuraduría actúa sin el soporte de una orden judicial, aunque en esta ocasión asume la justificación de que los invasores se encontraban en flagrante delito y los derechos de la empresa Ferrocarril Mexicano como propietaria legítima de los terrenos que son parte de las instalaciones ferroviarias, están fuera de discusión o cuestionamiento.
Pese a tales argumentos, resulta inexplicable la tardanza y la falta de consignación del expediente a un Juez, lo que al cabo de tanto tiempo sería lo óptimo en un marco de Derecho.
El desalojo ocurre bajo el impulso del descarrilamiento reciente del tren en el desnivel de la Colonia Santa Rosa de Gómez Palacio, que encendió un foco de alerta frente a una eventualidad semejante, que en el caso de los terrenos invadidos en Torreón habría significado una tragedia en términos de riesgo para la vida y la integridad física de los precaristas.
La ocupación ilícita de terrenos urbanos es un viejo vicio, que en el caso de Coahuila y de Torreón en específico, no ha sido erradicado por falta de voluntad política del Gobierno del Estado.
De acuerdo al modo de operación, pretendidos líderes sociales al amparo de viejas formas de hacer política, reúnen un contingente de familias pobres que por carecer de vivienda, son fácil presa de manipulación y carne de agitación.
Los ofrecimientos del líder adquieren una credibilidad que se fortalece con el tiempo, en virtud de la impunidad que ofrece la complicidad de las autoridades, que articula el movimiento a las estructuras electorales, para mantener un sistema que se nutre de la necesidad extrema de muchos hermanos nuestros y que se niega a desaparecer. Lo anterior se confirma con la coincidencia del inicio de la invasión que se comenta (hace cinco años) con el proceso de renovación de poderes en el Estado de Coahuila, lo que revela que las invasiones ocurren al ritmo del calendario electoral.
Ante la falta de una política de vivienda por parte del Gobierno de Coahuila, que ofrezca oportunidades a las familias que carecen de un techo, los precaristas desalojados no tienen más alternativa que la de sumarse a otra invasión que existe a escasos cien metros de la superficie desalojada.
En efecto, a la vera de las superficies recuperadas por Ferrocarril Mexicano, inicia otra invasión que afecta ochenta hectáreas, en terrenos particulares que en el pasado fueron del Ejido Zaragoza y que ahora son propiedad de un empresario de la construcción, que desde hace dos años denunció el despojo (que coincide en tiempo con las últimas elecciones municipales), sin que hasta la fecha haya sido atendida su solicitud de restitución.
Pese a los timbres vanguardistas del Gobierno de Enrique Martínez y Martínez, es evidente que la procuración de justicia en Coahuila y en Torreón en específico, se encuentra subordinada como en los viejos tiempos a los intereses de corto plazo que buscan escalar o retener el poder a cualquier costo, utilizando las viejas herramientas del populismo y la demagogia.
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