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MÉXICO, DF.- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) giró orden de presentación contra Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas capitalino.
El paradero del ahora ex funcionario es incierto. Funcionarios de primer nivel afirmaron la mañana de ayer que Ponce está ilocalizable.
Ayer por la mañana, el jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador había declarado que a las diez de la mañana Gustavo Ponce podría dar una conferencia de prensa para aclarar su posición, no obstante ésta no se ha llevado a cabo y en su casa afirman que no llegó a dormir.
El procurador capitalino Bernardo Bátiz confirmó que ya se había presentado una denuncia por fraude contra el ahora ex secretario de Finanzas y agregó que buscan a otros tres funcionarios, uno de los cuales ya se fugó.
El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) señaló que buscan a dos funcionarios de la delegación Gustavo A. Madero y a uno de la Secretaría de Finanzas por el presunto fraude de más de 31 millones de pesos en contra de la Tesorería del Distrito Federal.
Se trata de María Marta Delgado Arroyo, subdirectora de Programación Presupuestal, y Luis Salazar Cano, director de Recursos Financieros, ambos en la delegación Gustavo A. Madero.
Asimismo, se busca a Alienzo Caetano de Oliveira, funcionario de la subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, quien había ofrecido que se presentaría y ya se dio a la fuga.
Bátiz añadió que también investigan otros empleados de la dependencia local y confirmó que la denuncia contra Ponce Meléndez se presentó el 28 de enero de 2004 por un fraude derivado de una disposición indebida de fondos públicos.
Señaló que la cifra en cuestión asciende a 31 millones 285 mil 163 pesos con ocho centavos, suma asignada a la delegación Gustavo A. Madero en el presupuesto del año pasado, se erogó en los primeros días de este año y en eso consiste el fraude.
El modus operandi fue que Delgado Arroyo y Salazar firmaron 18 cuentas por liquidar certificadas por la suma antes mencionada, correspondiente al pasivo circulante de 2003, como pago de supuestas obras de desazolve en la red secundaria correspondiente a esa demarcación, mismas que nunca se llevaron a cabo.
