Aún no se da a conocer el resultado del proceso administrativo anterior abierto a Ricardo Carrillo Lucero.
EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- En salteadores de caminos se han convertido algunos agentes de la Policía Ministerial de San Pedro de las Colonias, Coahuila, que se dedican a interceptar camiones con mercancía diversa exigiéndoles fuertes cantidades de dinero a los conductores para dejarlos ir. Al supervisor de la corporación, Ricardo Carrillo Lucero, se le involucra en estos enjuagues. José Luis Cuéllar Robledo, titular de la Delegación Laguna II, prometió investigar el caso.
Carrillo Lucero, quien estuviera como comandante de la Ministerial cuando se descubrió la red de corrupción entre el distribuidor de drogas, Daniel García Ávila, alias “El Danny”, quien tenía comprados a elementos de las diferentes corporaciones policíacas para que le permitieran realizar sus ilícitas actividades, sólo fue reubicado a San Pedro para acallar a la prensa, mientras que 12 agentes a su cargo se dieron de baja.
El nombre del comandante de la Ministerial en Torreón comenzó a cobrar renombre cuando El Siglo de Torreón descubrió que en terrenos del ejido El Dólar tenía varios terrenos en donde construye una casa de campo, utilizando para ello recursos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ya que en las unidades policíacas transportaba el material necesario en tanto que varios agentes se llegaron a desempeñar como albañiles.
Sobre el procedimiento administrativo que le iniciara la Dirección General de Contraloría de la PGJE, cuyo titular es Jaime Martínez Cepeda, nunca se dio a conocer públicamente su resultado, salvo que Carrillo Lucero fue removido de su cargo como comandante de la Ministerial en Torreón a supervisor de la misma corporación, pero en San Pedro.
De lo anterior, transcurrieron poco más de 30 días cuando de nueva cuenta se vuelven a tener noticias del citado comandante a quienes sus subalternos conocen como “La Conga”.
Usurpación
Un pesado camión tipo trailer, proveniente de Estados Unidos y cargado con pacas de ropa usada, tuvo la desgracia de circular por la carretera federal San Pedro-Torreón. Fue interceptado por cuatro elementos de la Policía Ministerial, informaron fuentes anónimas allegadas a la corporación.
Fue el siete de abril del año en curso cuando dichos servidores públicos detuvieron al chofer de la pesada unidad, de la cual no se proporcionó su nombre en la citada carretera en su tramo de San Pedro-Francisco I. Madero, para realizarle una revisión, labor que compete a la Policía Federal Preventiva (PFP).
Esta misma problemática se ha presentado con la Policía Preventiva del Estado (PPE), ya que la Ministerial también acostumbra vigilar los caminos y carreteras estatales.
El trailer venía cargado con cientos de pacas de ropa usada que comerciantes de la Comarca Lagunera compran a fin de poderse allegar recursos extras que ayuden al sustento familiar.
Señalan los voceros extraoficiales que como no traía ningún permiso de importación, los ministeriales llevaron al infractor ante su supervisor, a fin de llegar a un arreglo con lo cual la unidad de carga pudiera continuar con su camino.
De todo lo anterior, aseguraron, está enterado el titular de la Delegación Laguna II de la PGJE en aquella ciudad, José Luis Cuéllar Robledo, quien de inmediato ordenó a Carrillo Lucero que consignara el caso al Ministerio Público de la Federación, pero fue ignorado.
La “mordida”
En principio, relatan los informantes, se le exigió al conductor la cantidad de 250 mil pesos, mas como era una cifra exorbitante, se llegó al arreglo de que sólo fueran 120 mil pesos.
El dinero, según las mismas fuentes anónimas, se repartió de la siguiente manera: diez mil pesos para cada uno de los agentes y el resto, 80 mil, para el supervisor.
Una vez culminada la negociación, las autoridades respectivas dieron aviso a Saltillo, de donde se presume sólo le dieron un jalón de orejas a Ricardo Carrillo Lucero.
El delegado
El Siglo de Torreón cuestionó a Cuéllar Robledo, con el propósito de conocer la versión oficial acerca de la presunta extorsión de agentes ministeriales a traileros, asegurando el citado funcionario que “nada sabe sobre el caso”, sin embargo se comprometió hacer una investigación sobre el particular para determinar si efectivamente sucedió o no.
Como empleado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Cuéllar Robledo reportó lo anterior a las autoridades en Saltillo, quienes de inmediato trataron de evitar la publicación de la información.
El titular de la Delegación Laguna II, en una nueva entrevista, reconoció lo anterior argumentando que “llamé a Saltillo para informar que haría una investigación sobre el posible caso de extorsión en donde se señala como a uno de los involucrados a Ricardo Carrillo Lucero”.
Finalmente, aseguró que él no protege a nadie.
