EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- Las irregularidades en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), por parte de visitadores y funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA), han generado infinidad de juicios en los Tribunales Administrativos, aseguran dirigentes ejidatarios del Cañón de Jimulco.
Ramiro Favela Gómez y Efraín Calderón Castro, presidente y secretario del Comisariado del ejido Flor de Jimulco y Jaime Hernández Escobar, secretario de la Asociación Civil de Ejidos de la Reserva Ecológica del Cañón de Jimulco, manifiestan que pidieron suspender la medición en su comunidad para efectos del Procede, en virtud de que detectaron les quitaban terreno.
Los visitadores agrarios de la PA, acusan los quejosos, se han convertido en actores con intereses ajenos al servicio, pues actúan con parcialidad en apoyo de algunos y perjuicio de otros, con el firme apoyo del delegado estatal de Coahuila, Néstor Villarreal Castro.
Personal de la PA, señalan, promueve la remoción de comisariados ejidales para colocar otros afines a sus intereses, además de desorientar a los ejidatarios, como lo ha hecho Rodolfo Corral, visitador agrario.
El Delegado de la PA, dicen, ha mostrado un especial interés de concluir el Procede en La Flor de Jimulco a como dé lugar, sin tomar en cuenta el consenso de los involucrados directos en el proceso, que son los ejidatarios.
Aclaran que no están en contra del Procede, sino de la forma en que lo pretende llevar a cabo la PA y sólo piden que se haga como debe ser, considerando la voluntad de los beneficiarios.
Por otra parte, informaron que el pasado 13 de agosto, cuando se realizaba una asamblea ejidal en La Flor de Jimulco, llegaron varios patrulleros de la Policía Preventiva Estatal, junto con Jorge Schucri Gidi, un empresario convertido en ejidatario que nada tiene que ver en esa comunidad, por lo que solicitan a las autoridades competentes una investigación al respecto.
