LA JABONERA FUE UNA DE LAS INDUSTRIAS MÁS GRANDES DE AMÉRICA LATINA.
En caso de no obtener el apoyo del Gobernador, los ex trabajadores planean convertir el lugar en un asentamiento humano.
EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO, DGO.- El próximo 15 de noviembre se cumplen 11 años de huelga ininterrumpida en la empresa Industrial Jabonera La Esperanza. El paso del tiempo ha convertido en ruinas lo que en su tiempo fuera una de las industrias más grandes de América Latina.
Durante todos estos años los integrantes del Sindicato de Trabajadores del Jabón y Similares han buscado por todos los medios obtener la indemnización que les corresponde por Ley, por su parte el propietario de esta empresa, Carlos Acosta Gómez, ha intentado recuperar el inmueble argumentando que los ex trabajadores ya fueron liquidados.
Fermín Díaz López, secretario del Trabajo, recuerda que el problema inició en noviembre 1993 cuando su ex patrón se declaró en quiebra, tres meses atrás ellos habían emplazado a huelga y por este motivo no era procedente la declaración de quiebra, los ex trabajadores consideran que está demostrada la comisión de un delito, porque la compañía declaró una quiebra fraudulenta.
Este añejo problema laboral está “estancado” desde el 30 de agosto de 2002, cuando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se declaró incompetente para seguir conociendo de este litigio, en la página 19 del acuerdo emitido ese día, se resolvió que las partes deberían solucionar cualquier controversia en la Jurisdicción de Gómez Palacio, para emitir esta resolución la Junta se basó en un supuesto convenio que fue firmado el ocho de enero de 1998 por ambas partes.
“La Junta Federal ya para desligarse de nosotros se declara incompetente después de nueve años, ellos alegan que con el préstamo que nos hizo la Presidencia ya estamos pagados, pero es un préstamo, nos prestaron un millón 327 mil pesos”, dice el secretario del Trabajo.
Díaz López señala que durante la administración de Rafael Villegas Attolini el Ayuntamiento les facilitó un préstamo de 1.3 millones de pesos, a cambio se estableció en un convenio donde los ex trabajadores aceptaron que le sería donada al Municipio una superficie de terreno de siete mil 700 metros cuadrados.
Los ex jaboneros consiguieron este acuerdo en 1995, para presionar a las autoridades se instalaron en la Plaza de Armas e iniciaron una huelga de hambre, las autoridades intervinieron y dieron esta aportación económica para que terminara la protesta.
Después de la huelga de hambre las partes firman un convenio, tal parecía que la solución estaba cerca pero el empresario incumple los acuerdos, el secretario del Trabajo menciona que dicho convenio se firmó ante la Junta Federal el 23 de agosto de 1995.
“Acordamos el pago de más prestaciones y de los salarios caídos, parecía que se iba a solucionar, que nos iban a pagar todo lo que marcaba el contrato, pero después ellos se amparan en la resolución que dictó la Junta, donde dice que no existe la relación laboral por la supuesta quiebra”.
El embargo
El 28 de octubre de 1996 la Junta Federal ordenó el embargo, esto ocurrió después de la huelga de hambre que mantuvieron los ex jaboneros en la plaza principal y luego que la empresa incumplió el convenio que habían firmado, 46 meses después (agosto de 2002) la Junta se declara incompetente.
Ante esta resolución los trabajadores decidieron no impugnar la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con la cual se deslindó de este conflicto laboral, en esas fechas advirtieron que tomarían posesión física de los terrenos de la antigua fábrica para formar un asentamiento humano, hasta la fecha no han logrado concretar este movimiento.
Díaz López reconoce que esto es difícil porque la mayoría de sus compañeros tiene vivienda propia y de instalarse en este terreno tendrían que soportar muchas dificultades porque no cuenta con los servicios básicos.
El 25 de noviembre de 1997 los ex trabajadores firmaron el convenio en el cual se obligan a ceder al Municipio siete mil metros cuadrados de terreno y a someterse a la Jurisdicción de Gómez Palacio en caso que surgiera cualquier controversia.
Los ex jaboneros afirman que alguien alteró este convenio y lo presentó ante la Junta Federal para tratar de demostrar que los obreros ya habían sido indemnizados, este documento fue la base de la resolución que emitió la Junta en agosto de 2002 para declararse incompetente.
El 30 de enero de 1998, la entonces delegada de la sindicatura de la quiebra, María Luisa Ramírez Escobedo, aportó este convenio en el que aparecen las firmas del secretario general del sindicato, Roberto Santos Padilla y de Fermín López Díaz (sic), (su apellido correcto es Díaz López), desde el primer momento los representantes de los trabajadores rechazan haber aceptado el contenido de ese documento.
En dicho convenio se establece la supuesta liquidación de los ex trabajadores, mediante el pago de 1.3 millones de pesos que el grupo obtuvo sólo a modo de préstamo por la administración municipal y que sería pagado a dicha instancia de gobierno cuando éstos recibieran su liquidación conforme a la Ley.
De este documento dio fe pública el notario número 15, Juan Antonio Alanís Romo, contra quien según los ex trabajadores, debe procederse legalmente al certificar un documento alterado que tenía agregadas dos cláusulas que no estaban incluidas en el original que se firmó en noviembre 1997.
Las artimañas
El secretario del Trabajo considera que su ex patrón ha utilizado todo tipo de artimañas para tratar de recuperar el predio, ellos no se oponen a desalojarlo siempre y cuando les paguen todo lo que les adeudan hasta la fecha, incluidos los salarios caídos y demás conceptos que contempla la Ley Federal del Trabajo.
“Metiendo billetes y todo trataron de perjudicarnos diciendo que ya estábamos liquidados, total que al último la Junta se declara incompetente y dice que nos arreglemos acá, pero ¿Con quién nos arreglamos?, nosotros tenemos el embargo y nos pueden dar el fallo para que nos escrituren el terreno, el embargo existe (está inscrito en el Registro Público de la Propiedad), pero el titular (del Registro) quiere la autorización de una autoridad, ya sea de la Junta o del Gobernador del Estado, para escriturarnos”, dice Díaz López.
Cuando estalló la huelga en 1993 había 232 empleados en la empresa, 164 pertenecían al sindicato, 37 pensionados y el resto era personal de confianza, el secretario del Trabajo comenta que hasta el momento han fallecido poco más de 20 socios activos, en caso de que se diera una solución sus familiares tendrán derecho a cobrar la parte que le correspondía al ex trabajador.
Díaz López recuerda que cuando la Junta Federal se declara incompetente los ex jaboneros tomaron el acuerdo en asamblea de empezar a desmantelar la fábrica para vender todo lo que se pudiera, dice que tomaron esta medida esperando que así daría la cara el dueño de la industria, pero comenta que hasta la fecha ni la Junta, ni el juez, ni los dueños han dado la cara para solucionar este añejo problema.
Basándose en la Ley Federal del Trabajo, los ex jaboneros calculan que su ex patrón les adeuda hasta la fecha 16 millones y medio de pesos, “hay un artículo que dice que nos deben liquidar con el salario que salimos, pero en ese tiempo eran miles, ganábamos 19 mil 200 diarios, ahorita son 19.20, ahora son alrededor de 23 millones de pesos lo que nos deben”, dice el representante de los ex jaboneros y agrega que la solución al conflicto sería que el Gobernador autorizara la escrituración del predio a favor de los trabajadores.
Actualmente el terreno está valuado entre 80 ó 90 millones de pesos, los ex trabajadores dicen que anteriormente estaba valuado en poco más de 160 millones, pero con todo y maquinaria, la cual ya no existe en este momento.
El secretario del Trabajo del Sindicato afirma que el próximo tres de noviembre tienen concertada una cita con el gobernador, Ismael Hernández Deras, para solicitarle que gire instrucciones para que el Registro Público de la Propiedad les escriture el terreno.
“Vamos hablar con el Gobernador para que nos aliviane escriturándonos a nuestro nombre las ocho hectáreas y media, le damos su parte al Municipio (siete mil 700 metros) y la otra parte la vendemos”, dice Díaz López.
Los ex jaboneros afirman que están decididos, si el Gobernador no los apoya para encontrar una solución entonces tomarán la determinación de formar el asentamiento humano con sus familias, porque están conscientes de que no pueden vender el predio, pero recalcan que si esto sucede exigirán que les pongan agua, luz y drenaje. Saben que si les escrituran a su favor el terreno les lloverán ofertas de compra y de esta forma podrían obtener la indemnización que su ex patrón les ha negado.
Abandonada y destruida
Después de casi 11 años los ex jaboneros mantienen guardias permanentes en el interior del inmueble, después de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se declaró incompetente en el caso, empezaron a tomar las providencias para aprovechar el extenso terreno que ocupaba la empresa y lo poco que queda de ésta.
Luego de haber sido objeto de constantes saqueos por parte de los vecinos de los alrededores y de una invasión por parte de organizaciones populares en medio del añejo conflicto laboral. Se puede considerar que la única barda perimetral que está en buen estado es la que se localiza sobre el bulevar Los Forjadores, que separa a la antigua fábrica de la colonia Brittingham; el resto se está cayendo y en la parte trasera, que colinda con el fraccionamiento Del Bosque, tuvieron que colocar barrotes y malla ciclónica para cubrir los huecos que se habían formado y por los cuales se introducían los vándalos de la zona.
Respecto de las construcciones que podrían ser ocupadas en caso de que se formara un asentamiento humano, los ex jaboneros detallaron que de las que se están considerando para ser ocupadas por ellos y sus familias, están dos pequeñas, localizadas en la parte trasera y que en antaño se utilizaban como bodega del ferrocarril y baños de vapor, respectivamente.
Aunque las antiguas oficinas generales constituyen otra construcción en buenas condiciones, los ex jaboneros aún no pretenden disponer de dichas instalaciones, debido a que éstas se localizan sobre la franja de terreno asignaron como garantía a la autoridad municipal cuando recibieron el préstamo de un millón 327 mil pesos.
Los ex jaboneros manifiestan que las antiguas casetas para la recepción del gas y los detergentes; la báscula de trailers y otra destinada a la carga ferroviaria, también pueden ser aprovechadas y convertirlas en casas habitación.
Ya no sabemos que hacer
“Hemos andado con Gobernadores, Presidentes pero ninguno hace nada, hablamos con Zedillo, a Fox lo hemos agarrado como cuatro veces y nada más nos dice que está enterado, y que ganamos si no nos arregla, en la Junta nos dijeron que no nos pagan pero tampoco nos sacan, entonces que hacemos, sin escritura no podemos vender el terreno... ya no sabemos ni que hacer”.
FERMÍN DÍAZ LÓPEZ, SECRETARIO DEL TRABAJO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL JABON Y SUS SIMILARES
