“La justicia es ciega, pero no tiene
por qué ser muda.”
Anónimo
Si queremos realmente tener un sistema de justicia más limpio y transparente será necesario cumplir con el principio de tener juicios públicos. Desafortunadamente ese precepto, que se cumple en casi todos los países libres del mundo, se enfrenta en México a la resistencia del Poder Judicial.
En repetidas ocasiones he señalado en esta columna que uno de los principios jurídicos que se enseñan en las escuelas de derecho de México y de otros países del mundo es que las averiguaciones deben ser privadas pero los juicios públicos. Y hay razones importantes para que así sea.
Si las averiguaciones previas se hacen públicas, los presuntos responsables de haber cometido algún delito pueden escapar más fácilmente a la acción de la justicia. De la misma manera, si se divulga la información de una investigación, la persona sujeta a la averiguación puede ver dañada su fama pública aun cuando nunca se presenten cargos en su contra por falta de pruebas.
La transparencia en los juicios, en contraste, es la única manera en que la población puede saber que los procesos judiciales se llevarán a cabo de manera limpia y ajustada a derecho. Por eso es importante cumplir con el precepto de tener juicios públicos. Desafortunadamente en México los procesos están cerrados excepto para las partes involucradas, lo cual quiere decir que el público sólo tiene conocimiento de la información que alguna de las partes desee divulgar. El cierre a la información no sólo se limita a los juicios en proceso, sino que se mantiene durante años después de que se dicta la sentencia. En términos de transparencia judicial, México se encuentra entre las dictaduras más retrógradas del planeta.
La promulgación de la Ley Federal de Transparencia, paradójicamente, sirvió de excusa al Poder Judicial para cerrar más la información sobre los juicios en nuestro país. Antes la información de los juicios se daba conocer de manera discrecional por los juzgadores. Hoy se han establecido castigos a los jueces por la divulgación de información sobre juicios, lo cual ha inhibido más el conocimiento de lo que ocurre en ellos.
He escuchado a muchos jueces mexicanos respetables afirmar que el secreto en que se mantiene a los juicios en nuestro país es indispensable para evitar presiones de los medios de comunicación o de grupos de interés sobre los juzgadores. Tener juicios públicos implicaría, según esto, quitarle la justicia a los tribunales y llevarla a los medios de comunicación.
La verdad, sin embargo, es que los medios ya toman parte activa en los procesos. Cuando los juicios son de interés público, los medios les dan ya coberturas intensas y llenas de opiniones. Poco importa que los jueces pretendan mantenerlos en secreto. Si los procesos fuesen abiertos la diferencia sería que la cobertura tendría mejores fundamentos y no se basaría, como ahora, en simples filtraciones de las partes.
El presidente Fox ha entendido la importancia de tener juicios abiertos y en su reciente iniciativa de reforma judicial, ha propuesto de hecho que los juicios sean orales y no escritos como son ahora. En Nuevo León, mientras tanto, el Gobierno de Natividad González Parás está preparando la creación de juicios orales públicos para delitos culposos no graves. Algunos juristas objetan la adopción de estos juicios orales porque piensan que implicarían un cambio radical de nuestro actual sistema de juicios escritos. Consideran, además, que los tribunales se convertirían en escenarios para actuaciones histriónicas antes que en cortes de Ley. La verdad, sin embargo, es que aun si se mantuvieran los juicios escritos sería posible hacerlos públicos abriendo todas las actuaciones.
México no tendrá un sistema judicial que realmente genere confianza mientras los juicios se sigan manteniendo en secreto. No puede pedírsele a la gente que crea en la limpieza de los procesos si se le prohíbe tener acceso a lo que sucede en ellos. No tiene ya sentido seguirse resistiendo en México a la aplicación de un sistema de transparencia que en casi todo el mundo ha demostrado ser el mejor. Ha llegado el momento de aplicar el principio de que las averiguaciones deben ser privadas pero los juicios públicos.
Falta de transparencia
Los abogados de Óscar Espinosa Villarreal afirman que dos de tres dictámenes periciales, incluido el independiente de la PGR, lo liberan de responsabilidad por la acusación que enfrenta por peculado. Por el contrario, el subprocurador del Distrito Federal Rosendo Gómez Piedra afirma que dos de tres de los dictámenes, incluido ese mismo independiente, condenan a Espinosa. ¿Quién miente? Mientras los juicios no sean abiertos, los ciudadanos que pagamos el proceso no podemos saber.
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