“El dinero y el amor no se pueden ocultar”.
Dicho de las abuelas
No tiene el aspecto de una jefa de la delincuencia organizada. Artemisa Aguilar Moreno, de hecho, es una abuela, viuda, de 58 años de edad que vive modestamente en una atestada habitación del apartamento de una de sus hijas en la colonia Narvarte de la ciudad de México. Hasta hace unas semanas tenía un modesto empleo en la delegación del Distrito Federal del Instituto Nacional de Migración. Su sueldo era de cinco mil pesos al mes.
Ninguna de estas circunstancias me hace dudar, necesariamente, de las acusaciones que se han presentado en contra de Artemisa. Al Capone seguramente tenía nietos, pero esto no lo hacía menos criminal. El que sea jefa de una peligrosa organización criminal, viva en un cuarto en el modesto apartamento de una hija en una colonia de clase media produce, quizá, alguna hesitación, pero algunos de los grandes delincuentes de la historia han vivido con sorprendente modestia.
Lo que realmente me pone a dudar es la información de que Artemisa iba a trabajar todos los días en pesera. Entiendo que la dirigente de una organización criminal puede pensar que no es conveniente acudir al empleo modesto que le permite tender sus redes criminales en un Mercedes blindado seguido de dos Stratus con escoltas. Pero quizá podría optar por un Tsuru o por una Pointer.
En el peor de los casos me imagino que podría tomar un taxi para llegar sin molestias a su trabajo. Pero me cuesta trabajo imaginar a una líder de la delincuencia organizada yendo a trabajar todos los días en pesera.
A Artemisa Aguilar Moreno se le acusa de haber sido la encargada de solicitar dinero a familiares de los indocumentados cuando eran detenidos. La acusación en su contra se basa en los testimonios de 11 inmigrantes ilegales. El sistema de impartición de justicia en nuestro país no nos permite tener acceso a las declaraciones de estos testigos o al resto de las pruebas que el brazo de la PGR dedicado a combatir a la delincuencia organizada ha aportado en este caso.
La información que se ha filtrado a los medios de comunicación, sin embargo, sugiere que ninguno de ellos proporcionó un testimonio directo que la inculpara. Esto es, ninguno dijo yo le entregué el dinero a esta señora en tal lugar y en tales circunstancias, lo que permitiría corroborar las afirmaciones. Las declaraciones, hasta donde quienes no participamos en el juicio podemos saber, son indirectas: o sea, me dijeron que la señora Artemisa es la que se encargaba de dar protección. Un problema de la acusación en contra de Artemisa es que estos testigos ya no se encuentran en México: todos han sido deportados.
Ya no podrán, pues, ratificar sus declaraciones. Esto no le quita la validez legal a sus testimonios, pero sí genera un problema fundamental para quien en lugar de simplemente tratar de meter en la cárcel a alguien busca realmente castigar a los responsables de haber cometido algún delito. Lo relevante es que la defensa ya no podrá cuestionar a estos testigos para determinar si sus declaraciones fueron inducidas.
¿Es suficientemente fuerte el caso en contra de Artemisa? La verdad no lo sé. La juez séptima de distrito que lleva el caso, Isabel Porras, consideró tan válidas las acusaciones que no sólo dictó auto de formal prisión en su contra sino que además añadió al cargo original de tráfico de indocumentados el de ser “líder de la delincuencia organizada”.
El caso de Artemisa ha adquirido resonancia debido a que su yerno, el publicista Santiago Pando, lo ha difundido con el apoyo de los hijos de la acusada. Pando fue publicista del presidente Fox durante su campaña electoral. Coincido con Fox y con los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia en la posición de que la cercanía de Pando con el Presidente no puede ser razón para desechar la investigación de un aparente crimen.
Pero me inquieta la posibilidad de que, como en muchos otros casos que no salen a la luz pública porque los afectados no tienen acceso a los medios informativos, nuevamente en éste se esté acusando a una inocente. Si Artemisa es realmente culpable, me parece correcto que se haga caer sobre ella todo el peso de la Ley. Pero quizá entonces tendremos que acostumbrarnos a que los capi de la delincuencia organizada en nuestro país van en pesera a trabajar.
Ahumada
La decisión del Gobierno cubano de deportar a Carlos Ahumada sin pasar por los trámites de extradición es una cachetada con guante blanco al Gobierno mexicano que condenó a La Habana en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Es también una forma elegante de rechazar las acusaciones de que Cuba sirve de refugio a criminales. Al Gobierno mexicano la deportación le permite presentar acusaciones contra Ahumada sin las limitaciones de los procesos de extradición.
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