“Estoy en desacuerdo con lo que dices.
Pero defenderé con mi vida el derecho
que tienes de decirlo”.
Atribuido a Voltaire
Hace ya un mes mis artículos no se publican en el Diario de Yucatán. No tuve ocasión de despedirme de los lectores que durante años me siguieron en ese periódico debido a que los directivos me censuraron intempestivamente por mi artículo “Medina-Abraham”, el cual se publicó el 27 de febrero en los demás periódicos que llevan esta columna.
Como lo señalé en ese artículo, la muerte de Flora Ileana Abraham el 15 de noviembre de 1995 ha polarizado a la sociedad yucateca. Armando Medina Millet, quien contrajo matrimonio con la joven de 23 años unos días antes de su muerte, ha afirmado siempre que Flora Ileana se suicidó, pero fue sentenciado en primera instancia a 20 años de cárcel por homicidio. La sentencia fue ratificada en apelación. Le queda a Medina Millet la posibilidad del amparo ante la justicia federal.
En mi artículo del 27 de febrero señalé que no iba yo a entrar a “repetir los múltiples argumentos del caso” por no contar con los elementos que me permitieran convertirme en juez en un proceso tan complejo. Sí señalé, no obstante, que me preocupaba la abierta intervención del gobernador panista, Patricio Patrón Laviada, para saltarse el proceso judicial normal y pedir al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán una “revisión extraordinaria”. Ésta habría dejado en libertad a Medina Millet sin posibilidad de apelación o recurso alguno.
La revisión extraordinaria o reconocimiento de inocencia se aplica cuando surgen pruebas nuevas que modifican de manera sustancial las presentadas durante un juicio. Éste no era el caso en el proceso en cuestión. Las pruebas eran las mismas y se pedía simplemente su revaloración. El recurso se presentaba, por otra parte, en una situación de abierta presión hacia los magistrados del Tribunal Superior. Los diputados panistas en el congreso local habían presentado una moción de juicio político en contra de cinco de los seis magistrados del Tribunal, los que no coincidían con su punto de vista en el caso Medina-Abraham. El Tribunal resistió las presiones y declaró improcedente la revisión extraordinaria.
El Diario de Yucatán ha mantenido desde hace años una campaña en defensa de Medina Millet. Tiene, por supuesto, el derecho de asumir una posición editorial en éste o cualquier otro tema, pero es incorrecto que censure cualquier expresión que no se atenga a ella. El Diario de Yucatán ha publicado miles de artículos sobre el proceso en nueve años, pero ni uno solo refleja un punto de vista distinto.
En mi artículo del 27 de febrero yo ni siquiera entraba en el tema de la inocencia o culpabilidad de Medina Millet. Mi crítica fue al esfuerzo del gobernador Patrón Laviada para tratar de liberar a Medina Millet por fuera del sistema judicial. Si se permite que un gobernador determine la inocencia o culpabilidad de un acusado, el sistema de justicia se desplomará. Ya no se requerirán fiscales, abogados, jueces o tribunales. Bastará con que el gobernador decida los casos a su antojo.
Patrón Laviada ha afirmado que no es su propósito asumir la defensa de Medina Millet, pero sus acciones indican lo contrario. El año pasado su Gobierno contrató los servicios de la agencia de relaciones públicas de Marco Provencio, el ex vocero de la Presidencia de la República, para hablar con periodistas -incluyéndome a mí- sobre el caso. Debo suponer que para esa campaña de relaciones públicas se usaron ilícitamente fondos públicos. El mismo gobernador estuvo a verme un día en mi casa para discutir el tema. Las acciones de la procuraduría yucateca en la revisión extraordinaria también señalan el interés del gobernador en liberar a Medina Millet, pero más escandalosas son las acciones de los diputados panistas en el congreso yucateco. En la noche del 23 al 24 de marzo éstos aprobaron ya someter a juicio político a los cinco magistrados del Tribunal Superior que no se apegan a su posición en el caso Medina-Abraham. De tener éxito esta acción se sentaría un precedente muy peligroso: el Legislativo y el Ejecutivo de un estado estarían castigando al Judicial por tomar una decisión con la que no están de acuerdo.
El correo
Hace unos días recibí un correo electrónico de Armando Medina Millet pidiendo la oportunidad de explicarme personalmente su caso. Yo he aceptado hablar con él, aunque esto me obliga también a oír a la familia Abraham. Escuchar con ánimo abierto las dos partes en un conflicto es obligación de cualquier periodista. Lo curioso es que la oportunidad que Medina Millet me pide, la de escuchar el otro punto de vista, no la otorga a sus lectores el Diario de Yucatán que lo defiende con el apoyo del gobernador.
Correo electrónico:
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