“Es más difícil juzgarse a uno mismo que juzgar a los demás”.
Antoine de Saint-Exupéry
México es un país en el que los ciudadanos tenemos ideas muy distintas. Y quizá debemos estar agradecidos. Lejos están ya los tiempos en que José López Portillo fue electo presidente con el 100 por ciento de los votos oficiales. Si hoy nos distingue algo es la diversidad.
Desde el momento en que empezó a discutirse la posibilidad de que el presidente de la República hiciera observaciones al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, esta diversidad se hizo más evidente que nunca. Las diferencias se manifestaron principalmente por corrientes políticas.
Los priistas y perredistas, unidos en una alianza inusitada para derrotar el presupuesto de un panista, dijeron desde un principio que el presidente no podía siquiera pensar en hacer observaciones al presupuesto. En las famosas palabras del perredista Pablo Gómez, el jefe del Ejecutivo debía limitarse a “obedecer u obedecer”. Los panistas, en contraste, han sostenido el derecho del presidente a hacer las observaciones.
Pero también los juristas han expresado diferencias. El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diego Valadés, ha señalado su opinión que el presidente no puede vetar el presupuesto o hacerle observaciones por lo que lo que debió haber hecho es mandar al Congreso una nueva iniciativa de presupuesto con los cambios que deseaba realizar. En cambio, el rector de la Escuela Libre de Derecho y ex procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, me ha dicho que el presidente sí tiene derecho de hacer observaciones al presupuesto bajo el principio de que quien puede lo más puede lo menos; en otras palabras, si el presidente puede hacer observaciones a una Ley, tanto más las puede hacer a un decreto, como el del presupuesto, que es de nivel inferior.
El PRI reclutó para su causa contra el presidente a un grupo de distinguidos constitucionales, entre los que se cuentan Ignacio Burgoa Orihuela y Raúl Carrancá y Rivas. Esto es perfectamente correcto. Los priistas tienen el derecho de hacerse asesorar por los mejores abogados que puedan conseguir. Pero me inquietaron las declaraciones de Burgoa la semana pasada cuando dijo que era ilegal la decisión de los ministros Sergio Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo al admitir la controversia constitucional y otorgar una suspensión al ejercicio del gasto en disputa: “La actitud de estos ministros podría colocarlos en una posición peligrosa, incluso de juicio político”, sentenció.
Preocupa la actitud de Burgoa porque como jurista descalifica a quienes tienen un criterio distinto al suyo en un tema en el que, como hemos visto, hay opiniones absolutamente divergentes. Inquieta también que amenace a los ministros con un juicio político por haber tomado una decisión contraria a su opinión.
Podría uno no prestar atención a las palabras de Burgoa. Pero la experiencia nos dice que los políticos sí toman venganza contra los jueces que se oponen a sus designios. Recordemos el hasta ahora fallido intento de los diputados del PAN de Yucatán por hacerles juicio político a los magistrados del Tribunal Supremo del Estado en castigo por haber votado en contra de la posición del PAN en el controvertido caso Medina-Abraham.
El propio Burgoa, a pesar de ese profundo conocimiento que tiene de la Constitución, debería tener la humildad de entender que puede haber criterios jurídicos distintos a los suyos y a los del PRI. En lugar de cuestionar la honestidad de los ministros que piensan diferente y amenazarlos con juicios políticos por sostener sus posiciones, Burgoa debería mostrarle respeto a la Corte en un momento en que está tomando decisiones cruciales para el futuro del país.
Tengo la impresión de que, el año que viene, cuando culmine la controversia, habrá una decisión dividida. Es así de polémico y complejo el asunto. Pero ojalá que los juristas y los políticos estuvieran dispuestos a aceptar que la Corte está actuando de buena fe.
Beltrones
El diputado priista Manlio Fabio Beltrones acusó a los ministros de la Suprema Corte de “facciosos” por haber aceptado la controversia constitucional sobre el presupuesto y los amenazó también con un juicio político. El propósito es amedrentar a los ministros.
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