“Pareció que era casi subversivo publicar qué opinaba el pueblo mexicano.”
Federico Reyes Heroles
Las elecciones de este domingo cuatro de julio tuvieron los resultados que se esperaban. Las encuestas previas nos adelantaron la intención de voto mientras que las de salida nos dijeron quién había ganado en el momento mismo en que cerraron las casillas. Por eso no hubo sorpresas.
Los mexicanos tenemos que entender el enorme beneficio que tienen las encuestas para nuestra vida política. Las encuestas son uno de los principales obstáculos para la realización de fraudes electorales. Es imposible reclamar un triunfo indebido cuando las encuestas señalan previamente cuál es la intención del voto y al cierre de las urnas proyectan el resultado final. Los beneficios de las encuestas los vimos desde hace décadas en otros países del mundo. Pero nuestros políticos, que mantuvieron restricciones a la elaboración de encuestas durante años, se resistían a permitir su empleo con el argumento de que podían usarse para manipular a la gente. Y claro que hay casos en que los políticos utilizan encuestas para tratar de confundir a la población.
Uno de los más recientes lo ofreció el candidato del PRI al Gobierno de Zacatecas, José Bonilla, quien hace algunas semanas dio a conocer unas encuestas —de empresas que nadie conocía— que supuestamente señalaban que él había recuperado la ventaja que tenía la perredista Amalia García por lo que la contienda se encontraba empatada. En las semanas siguientes, sin embargo, se dieron a conocer nuevas encuestas de empresas serias, entre ellas los periódicos Reforma y El Universal, que reiteraban que Amalia conservaba su ventaja. Al final el resultado se ajustó a lo que habían señalado estas encuestas serias.
El hecho de que algunos políticos puedan tratar de utilizar las encuestas para engañar a los votantes ha llevado a mantener en nuestro país restricciones a estos ejercicios. Virtualmente todos los estados, así como la federación, prohíben la difusión de encuestas en la semana previa a las elecciones.
De la misma manera algunos estados han tratado de prohibir la difusión de encuestas de salida en las horas siguientes al cierre de las urnas. Estas limitaciones, lejos de ayudar a mejorar la democracia de nuestro país, la deterioran al reducir el flujo de información para los ciudadanos.
Nuestros legisladores deben eliminar todas o casi todas las restricciones que subsisten para la divulgación de encuestas. En todo caso lo que la autoridad debe exigir a las empresas encuestadoras es transparencia: las firmas que se dedican a esta tarea deben estar obligadas a revelar su metodología y la precisión de sus resultados anteriores. Pero no tiene sentido impedir la realización de encuestas en los días previos a una elección ni en las horas subsecuentes al cierre de las urnas. Estas restricciones no hacen más que reducir la transparencia de los procesos electorales.
Quienes han promovido las restricciones a las encuestas, y quienes usan sondeos falsos para promover causas políticas, suponen que cuando una encuesta señala a un candidato como posible triunfador la gente se vuelca a apoyarlo. Están convencidos de que los votantes actúan como borregos. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta cómo reacciona la gente cuando ve encuestas que presentan a un ganador falso. La respuesta, lejos de ser el apoyo a un impopular puntero, puede ser exactamente la contraria.
El número de encuestas que daban como seguro ganador al priista Francisco Labastida en las elecciones presidenciales del dos de julio del 2000 era abrumador. De hecho, una de las estrategias fundamentales de la campaña de Labastida fue difundir encuesta tras encuesta que le daba el triunfo.
Al final, sin embargo, el ganador de la elección fue Vicente Fox. Quizá, incluso, esas encuestas que señalaban como perdedor a Fox lo único que hicieron fue motivar a sus simpatizantes a salir a votar y cambiaron así el rumbo de la elección.
Me queda claro que las encuestas no son infalibles. Pero eso no significa que debamos de limitarlas ya que su aportación a la democracia de este país ha sido enorme. De hecho, si queremos un sistema electoral más limpio y transparente, hay que derogar de inmediato las limitaciones a la difusión de encuestas.
Durazo
No preocupa el hecho que Alfonso Durazo haya renunciado a sus cargos como secretario particular y vocero del presidente Vicente Fox, sino que lo haya hecho por las aspiraciones presidenciales de Marta Sahagún de Fox. Durazo ha tomado la decisión ética de desligarse de un gobierno con algunas de cuyas decisiones ha estado en desacuerdo. Pero el presidente parece estar cometiendo un error muy importante en privilegiar la candidatura presidencial de su esposa frente a cualquier otra consideración.
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