“La gente no busca razones para hacer lo que quiere
hacer, busca excusas”.
W. Somerset Maugham
He visto dos explicaciones distintas para explicar lo inexplicable: el linchamiento de tres policías federales en San Juan Ixtayopan el 23 de noviembre. Algunos lugareños afirman que los responsables no eran gente del lugar sino fuereños. Otros, particularmente mujeres, advierten que la comunidad hizo bien, puesto que tenía que proteger a sus hijos.
Las dos explicaciones obligan a la reflexión. La versión de que quienes participaron en el linchamiento eran preponderantemente gente de otro lugar no está avalada por la información disponible. Más bien parece haber un pacto de silencio de que los habitantes de Ixtayopan para protegerse unos a otros culpando a extraños que nadie conocía. Diversos testimonios, sin embargo, señalan con insistencia a los responsables de los hechos y todos son del mismo pueblo.
Desde un punto de vista ético poco importa de dónde son los responsables. Lo que ocurrió en San Juan Ixtayopan es una inquietante señal sobre el grado de salvajismo que puede asumir una comunidad aparentemente pacífica. El lugar de procedencia de los responsables no es significativo. Pero es poco probable que un linchamiento como éste pueda ser promovido en una comunidad tan cerrada que identificó como extraños a tres policías que estaban llevando a cabo una investigación en el lugar. Es más lógica la idea de que los lugareños están protegiendo a los responsables.
Es posible que quienes incitaron a los pobladores locales a linchar a los policías fueran narcotraficantes. Su identidad exacta es algo que tendrán que determinar las autoridades que están llevando a cabo las investigaciones. Pero si eran narcotraficantes, eran la de la localidad. Sólo así se explica que hayan podido alebrestar a la multitud y que hayan sido protegidas y lo sigan siendo, por la comunidad.
Muy interesantes son las declaraciones de varias mujeres en el sentido de que lo hizo la comunidad fue correcto: era importante proteger a “nuestros hijos”. Poco importa que esté ya comprobado que los policías no estaban llevando a cabo ningún tipo de actividad delictiva o que se haya demostrado que no hay ninguna denuncia de algún niño secuestrado en la localidad. Lo significativo es que la comunidad se ha sentido agredida y no siente que la policía la proteja. En otros lugares del mundo el que los linchados hubieran declarado ser policías habría servido por lo menos para que los linchadores se detuvieran; en San Juan Ixtayopan sólo sirvió para indignar más a la gente. Para millones de mexicanos ser policía no es una señal de probidad sino fuerte indicación de deshonestidad.
Según la información que tengo en este momento, ha habido 24 linchamientos en los últimos tres años tan sólo en el Distrito Federal. Éstos se han concentrado en comunidades indígenas o rurales de la periferia de la ciudad.
Cabe suponer que la cifra nacional debe ser mucho más alta. Tan elevado es el número de linchamientos en las comunidades indígenas que con frecuencia estos actos se presentan y justifican como parte de los usos y costumbres.
¿Por qué es diferente, pues, el linchamiento de San Juan Ixtayopan de los otros 23 registrados en el Distrito Federal en los últimos tres años y de las decenas que han tenido lugar en distintos lugares del país? Porque éste fue transmitido por los medios de comunicación. Las imágenes del salvajismo del linchamiento finalmente movieron la conciencia de los mexicanos. En ese sentido las televisoras deben estar orgullosas de la decisión que tomaron de mostrar las imágenes. Yo sé que no es fácil: a mí me tocó esa misma decisión tras el linchamiento de Río Verde, Veracruz, de 1996.
Pero si bien las imágenes son terribles y uno sentirá siempre la tentación de censurarlas para no ofender a tantos políticos e intelectuales que consideran que su vocación es censurar a los medios informativos, cumplieron con la función que debe tener el periodismo en una sociedad moderna: generar una reacción. Las imágenes del linchamiento han obligado a las autoridades a hacer algo que hasta ahora nunca se habían atrevido en un linchamiento: buscar a los responsables y aplicar la Ley.
La conclusión a todas las excusas y explicaciones debe ser que no importan los usos y costumbres y no importa tampoco si un linchamiento es difundido o no por los medios de comunicación. Las autoridades del país deben cumplir la Ley, incluso en los casos en que la viola una turba o un grupo político.
Detenciones
Ahora sí se han hecho detenciones. Pero ¿dónde están todas aquellas autoridades que, al no aplicar la Ley, promovieron la impunidad? Cada vez que un funcionario se abstuvo de hacer cumplir la Ley por temor a una multitud, sembró las semillas de nuevos linchamientos.
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