“Con el puño cerrado
no se puede intercambiar
un apretón de manos”.
Mahatma Gandhi
En Cancún hemos regresado a un México que aparentemente ya había desaparecido. Se ha operado la destitución de un presidente municipal electo de manera democrática enviando a un grupo de golpeadores a ejercer presión violenta en su contra y de los regidores municipales. Si aceptamos que esto ocurra, estaremos abriendo nuevamente las puertas del país a los golpes de Estado y a la violencia política.
Juan Ignacio García Zalvidea, mejor conocido como Chacho, ha tenido una trayectoria muy controvertida como presidente de Benito Juárez, el municipio quintanarroense en el que se encuentra la ciudad de Cancún. Si bien triunfó estrechamente en las elecciones municipales del 2002 postulado por el Partido Verde, tuvo que recurrir a los tribunales electorales para ratificar su triunfo. En la presidencia municipal el Chacho se ha peleado con hoteleros, sindicatos y directivos de Fonatur. Además ha entrado en conflicto con el gobernador del estado, el priista Joaquín Hendricks, y con Jorge Emilio González, presidente nacional del Partido Verde. En el caso de González el pleito surgió de que García Zalvidea apoyó la propuesta de que el presidente del Partido Verde debía renunciar a su cargo por el video en el que supuestamente éste caía en un acto de corrupción.
García Zalvidea, sin embargo, es presidente municipal de Benito Juárez no por decisión cupular sino por una elección democrática. Es preocupante así que el gobernador Hendricks, o quien sea, haya decidido quitarlo de su cargo porque le es molesto o porque tiene ambiciones políticas posteriores. Mucho más inquietante es el hecho de que este golpe de Estado se haya realizado recurriendo a grupos de golpeadores enviados a presionar violentamente al Gobierno municipal y a los regidores del ayuntamiento.
El tema tiene, por supuesto, muchas sutilezas legales. Once de los regidores de Benito Juárez, efectivamente, renunciaron el 16 de julio a sus puestos, registraron sus renuncias ante un notario público y las enviaron al Congreso del estado, controlado por Hendricks, para que éste ordenara la desaparición de poderes en el municipio. Hay discrepancias entre los abogados al respecto de la legalidad del proceso. Para algunos las renuncias de los regidores no son válidas porque fueron precedidas por un acto de intimidación física. Para que sea legal el desconocimiento de poderes, por otra parte, deben respetarse ciertos procedimientos, como el derecho de audiencia del presidente municipal procesado, pero esto no se hizo. La Ley marca, además, que el desconocimiento de los poderes requiere del voto de dos terceras partes de los diputados locales, pero debido a las ausencias de algunos legisladores de la sesión del Congreso este porcentaje no se obtuvo.
El hecho es que estamos ante una situación anómala que puede convertirse en un precedente muy negativo en el propósito de construir un país realmente democrático. Si se permite que un gobernador pueda destituir a un presidente municipal mandándole manifestantes violentos estaremos condenando a la república a conflictos permanentes.
Que los electores son humanos, que pueden equivocarse, es una verdad incuestionable. García Zalvidea puede ser un pésimo presidente municipal. Ciertamente su proclividad a entrar en conflictos innecesarios ha resultado dañina para el municipio de Benito Juárez. Sin embargo, una sociedad moderna no puede darse el lujo de tratar de enmendar los errores de los electores a través del uso de la violencia. No puede ser que el Gobierno de un municipio quede en manos no de quien gana un proceso electoral sino de quien puede juntar a más golpeadores para tomar por la fuerza un palacio municipal.
Me queda claro que no hay nadie en el medio político actual que quiera meter las manos en el fuego por García Zalvidea. El Chacho se ha quedado solo, sin aliados, y en política los aliados son muy importantes. Pero cuidado, ya que si dejamos que se siente el precedente de Cancún, cualquier gobernador podrá quitar a los presidentes municipales de otros partidos —o a los que simplemente no le gusten— acudiendo al servicio de golpeadores profesionales. Tarde o temprano nos arrepentiremos de considerar esto como un procedimiento normal.
Y yo pa’ qué
El tema de Cancún obliga a recordar el caso del video de Jorge Emilio González. En la cinta que se mostró originalmente en televisión, el presidente del Partido Verde preguntaba que cuánto le tocaría a su partido por apoyar un proyecto de construcción en Cancún. Cuando se mostró el video sin editar, empero, González rechazaba el cohecho diciendo “No, no, yo pa’ qué quiero el dinero”. Claramente se utilizó un video manipulado en un esfuerzo por atacar al presidente del Partido Verde.
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