“Richard Nixon se destituyó a sí mismo. Pero nos dio a Gerald Ford en venganza”.
Bella Abzug
Un juicio político es por definición una violación de la voluntad popular. Su propósito no es otro que destituir a quien ha sido electo en las urnas. Por eso, si queremos un país democrático debemos restringir los juicios políticos a los casos de violaciones claras a la Ley. De lo contrario estos procesos se convertirán en un simple recurso de los políticos para enmendarle la plana a los ciudadanos.
El juicio que el Congreso estatal de Morelos le ha fincado al Gobernador de su estado es un ejemplo claro. Sergio Estrada Cajigal podrá ser lo antipático que se quiera, pero se le está destituyendo sin que se le haya comprobado ningún delito. Aunque los diputados de oposición presentaron en su contra 26 acusaciones, al final sólo se pudo ordenar su destitución por una “omisión”: No haber cesado a su coordinador estatal de la policía ministerial, José Agustín Montiel López, quien está siendo procesado -mas no ha sido condenado- por supuestos vínculos con el narcotráfico.
El cargo parece bastante grave a simple vista. De alguna manera la acusación implica que Estrada Cajigal tiene lazos con distribuidores de droga. Sólo que la propia Procuraduría General de la República ha señalado, tras investigar al Gobernador, que no encontró ningún nexo que le permita fincar responsabilidades en su contra.
Ante la afirmación de priistas y perredistas en el sentido de que la PGR está tratando de proteger a Estrada Cajigal, hay que preguntarse porqué debe uno aceptar que la institución está en lo correcto al acusar a Montiel López pero equivocada o manipulada al no presentar cargos contra el Gobernador.
De hecho, si la PGR hubiera querido realmente proteger a Estrada Cajigal, nunca habría encarcelado a Montiel López.
Al final ni siquiera los legisladores de la oposición en Morelos pudieron presentar pruebas contundentes de las acusaciones graves contra Estrada Cajigal. Por eso sólo se le destituye únicamente por una supuesta omisión. Pero cabe recordar que cuando el Gobernador se negó a cesar a Montiel López, no había aún ninguna acusación en contra de este comandante policíaco.
Si se establece en nuestro país el principio de hacer juicios políticos a quienes no destituyan a los colaboradores que puedan haber realizado algún ilícito -aunque no hayan sido acusados penalmente- estaremos abriendo una verdadera caja de Pandora.
¿Debe destituirse al presidente Vicente Fox por las presuntas irregularidades cometidas por el director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos? ¿Debe hacerse un juicio político a Andrés Manuel López Obrador por los ilícitos de Gustavo Ponce, Carlos Ímaz o René Bejarano? ¿Debe despedirse a Bernardo Bátiz por la participación de su ex subdirector de política y estadística criminal, César Alfonso Rodríguez Gómez en una banda de secuestradores?
Si empezamos andar por este camino la democracia se desplomará. El voto de los ciudadanos se respetará solamente mientras la oposición encuentra una mayoría en el Congreso para destituir al gobernante o al funcionario público. Y como nuestro sistema político está hecho de tal forma que es muy difícil que un gobernante tenga mayoría absoluta en el Congreso, estaremos abriendo las puertas a una inestabilidad constante.
Estrada Cajigal será al parecer el segundo Gobernador constitucional consecutivo de Morelos obligado a dejar el cargo para el que fue electo por los ciudadanos. Jorge Carrillo Olea, elegido en 1994, fue acusado de supuesta complicidad con secuestradores y narcotraficantes. Terminó siendo sometido a juicio político, pero bajo un vago cargo administrativo: incumplimiento de funciones públicas. Carrillo Olea pidió licencia en 1998, pero el juicio político se completó en 2000, cuando se le inhabilitó por 12 años para ocupar cargos públicos.
El expediente se remitió entonces a las autoridades judiciales para comenzar un juicio penal. Los tribunales, sin embargo, lo declararon inocente en dos instancias. Como suele ocurrir en nuestro país, donde todos somos culpables mientras no demostremos nuestra inocencia, se castigó a Carrillo Olea antes de ser enjuiciado.
Esto mismo puede ocurrir en el caso de Estrada Cajigal. El juicio político en su contra tiene mucho que ver con la política y muy poco con la justicia. Se le está declarando culpable no sólo antes de que se le juzgue sino a pesar de que la PGR ha señalado que no tiene responsabilidad en el caso de Montiel López. Y una vez más los políticos le quieren enmendar su voto al ciudadano.
Subsidios
Cinco delegaciones de la ciudad de México están entre las diez más prósperas del país. ¿No es esto una buena razón para disminuir los subsidios que al parecer la federación le da al Distrito Federal?
Correo electrónico:
sergiosarmiento@todito.com
