“Y el combate terminó
porque no quedaban
combatientes ya”.
Pierre Corneille
La Auditoría Superior de la Federación le ha dado la espalda al pueblo de México al buscar la anulación de los contratos de generación de electricidad concedidos a empresas privadas por la Comisión Reguladora de Energía. Si la Auditoría tiene éxito en su empeño, el resultado será disminuir la capacidad de generación de electricidad del país y acabar con miles de empleos de mexicanos. Las posibilidades de desarrollo futuro de nuestra nación, por otra parte, se verían también severamente limitadas. Por eso el Ejecutivo ha hecho bien en acudir a los tribunales para tratar de detener esta acción de la Auditoría.
El problema es que con la actual redacción constitucional el Gobierno de la República podría perder esta crucial batalla. Ya en el caso del nuevo reglamento a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, la Suprema Corte de Justicia determinó la ilegalidad de las disposiciones que violaban la prohibición constitucional a la inversión privada en electricidad. Peor aún, la Corte señaló que, aunque no se le había preguntado sobre la validez de la propia Ley, ésta seguramente también sería declarada inconstitucional. Por eso es tan importante llevar a cabo la modificación de los artículos 27 y 28 de la Constitución a la cual se han negado los legisladores del PRI y del PRD.
La Auditoría Superior de la Federación, en alianza con el senador Manuel Bartlett y varios grupos de legisladores del PRI y del PRD, confían en que con esta acción se pondrá fin de una vez por todas a la inversión privada en electricidad. Está buscando incluso que aquellas inversiones que se han llevado a cabo al amparo de la Ley del 92 sean declaradas inconstitucionales.
Esto sería, por supuesto, un golpe devastador a la economía de nuestro país. Casi toda la generación de electricidad en México en la última década ha sido realizada y es operada por empresas privadas bajo contrato con la Comisión Federal de Electricidad. Es verdad que una decisión de la Suprema Corte en contra de esta inversión no llevaría al cierre de las generadoras, pero sí obligaría a la CFE a comprar por adelantado todas las plantas privadas. Para ello la Comisión tendría que contratar una deuda monumental, muy por arriba de su actual capacidad de crédito. Los costos de financiamiento serían descomunales.
La estrategia del Gobierno Federal en su juicio contra la Auditoría tendrá qué ver, seguramente, con la forma más que con el fondo. En lugar de buscar que se ratifique la legalidad de las inversiones privadas en electricidad, tratará de obtener un fallo que establezca que la Auditoría, un organismo del Congreso de la Unión, no puede darle instrucciones a entidades del Ejecutivo. Hay ya, de hecho, un precedente en este sentido cuando los ministros de la Corte determinaron que la Auditoría no podía darle órdenes al IPAB sobre el manejo de los pagarés del rescate bancario.
El problema para México, sin embargo, es que los ataques en contra de la inversión privada en energía se seguirán sucediendo de manera regular. Con una visión surgida de un nacionalismo decimonónico, los grupos del PRI y del PRD que encabeza Bartlett están decididos a parar todas las inversiones en el sector energético. Poco les importa que esto signifique un deterioro en el nivel de vida de los mexicanos.
Una vez más queda claro que la única manera de tener inversión sana y de largo plazo en electricidad es modificando la Constitución. Las restricciones a la inversión productiva en energía son realmente dañinas para nuestro país y constituyen uno de los factores fundamentales de la pobreza de millones de mexicanos.
El Poder Judicial está teniendo una vez más que resolver una disputa fundamental de nuestro país. En mi opinión los tribunales han hecho este trabajo con valentía y claridad de criterios en estos últimos años. Pero su función sólo puede ser la de interpretar la Ley. Si tenemos una Constitución diseñada para obstaculizar el desarrollo con el fin de favorecer a un pequeño grupo de líderes sindicales y políticos, no hay nada que los tribunales puedan hacer. Por eso es tan importante que los mexicanos preocupados por combatir la pobreza exijamos la modificación de los artículos 27 y 28 de la Constitución a fin de permitir la inversión privada en el sector energético.
Secuestros
Leticia Rodríguez de 25 años murió por defender a su padre de un secuestro en Chimalhuacán, Estado de México; los asesinos escaparon porque la policía del municipio no quiso intervenir. Sebastián y Vicente Guerrero Moreno, de 25 y 30 años de edad, fueron secuestrados en la ciudad de México; la familia pagó un rescate, pero los jóvenes fueron asesinados de todas maneras. ¡Qué más se puede decir!
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