“El derecho está por encima del poder.”
Víctor Hugo
Entre más reviso la controversia legal sobre el predio de El Encino, más me queda claro que los abogados del Distrito Federal han pecado de descuido y han colocado a su jefe en una posición que podría impedirle postularse como candidato a la Presidencia de la República. Como en el caso anterior del predio de San Juan, los abogados de la ciudad sólo se dieron cuenta de la gravedad del caso cuando lo tuvieron perdido.
El pleito por El Encino sigue generando una enorme confusión entre los medios y los políticos. Por eso hay que desglosarlo. Y lo primero que hay que señalar es que no se trata de un solo proceso sino principalmente de dos (hay otros, pero en un artículo no especializado éstos sólo complicarían el tema).
El primero, el proceso de fondo (862/2000), es un amparo en contra de la expropiación de El Encino ordenada por Rosario Robles el nueve de noviembre del 2000, un mes antes de dejar la jefatura de Gobierno de la capital. El otro, meramente formal —pero no por eso menos importante—, es un amparo en el que los dueños de El Encino pidieron la suspensión de las construcciones que el Gobierno estaba llevando a cabo en el terreno todavía subjudice o en litigio con el fin de evitar que se les bloqueara el acceso.
El Gobierno del Distrito Federal no ha perdido uno sino los dos amparos. En el primero, el de fondo, los tribunales determinaron que la expropiación fue inconstitucional porque el Gobierno del Distrito Federal no presentó el expediente de Ley para comprobar que una expropiación tiene motivos de utilidad pública. Esta inconstitucionalidad ya está decidida. Lo único que se está ventilando aún es si se devuelve el predio a su propietario o si se le pagan daños y perjuicios para compensarlo por una expropiación ilegal.
El segundo amparo —aparentemente el menos importante porque es de forma y no de fondo— es el que ha culminado en el fallo de desacato en contra de López Obrador. De éste surge el proceso de desafuero y es en él donde se encuentra el obstáculo que podría impedirle legalmente ser candidato a la Presidencia de la República.
En este último amparo, el juez noveno de distrito en materia administrativa falló que el jefe de Gobierno había desacatado una orden judicial que le ordenaba suspender las construcciones en el predio en litigio para no “bloquear y cancelar los accesos al predio de la quejosa”. El Gobierno del Distrito Federal presentó un recurso de queja, pero el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ratificó la decisión del juez.
Este último proceso ya ha terminado. Se han agotado las dos instancias posibles. El fallo es cosa juzgada. Según éste, el jefe de Gobierno del Distrito Federal es culpable de desacato. Poco importa si la Cámara de Diputados aprueba o no el desafuero en su contra. López Obrador es legalmente culpable y por eso podría estar legalmente impedido de ser candidato a la Presidencia.
¿Pudieron ser diferentes las cosas? Claro que sí. En el proceso de fondo, los equipos legales de Rosario y Andrés Manuel podrían haber conseguido la ratificación de la expropiación simplemente presentando un expediente razonablemente armado para justificar la utilidad pública del acto. Los tribunales casi siempre aprueban las expropiaciones para la construcción de vías públicas. Pero este expediente no se presentó o por descuido o por desprecio a la Ley.
Por otra parte, en el amparo por la obstrucción a El Encino, los abogados de la ciudad de México sólo tenían que demostrar cuál era el estado de los accesos antes y después de la orden judicial. En los documentos probatorios que se presentaron al juez, sin embargo, no se contaba con estos datos elementales.
El Gobierno de la ciudad de México ya ha perdido los dos casos de El Encino. La expropiación ha sido declarada inconstitucional y el jefe de Gobierno ha sido hallado culpable de no obedecer una orden judicial. Queda enfrente todavía un proceso judicial muy importante: determinar si el fallo por desacato descalifica definitivamente a López Obrador para contender por la Presidencia de la República.
Para bien del país, esperemos que los abogados de López Obrador se preocupen menos de denunciar supuestas conspiraciones y más de hallar una forma legal para que el “puntero” en la carrera presidencial no sea descalificado antes de iniciar su campaña.
Amparo de Castañeda
Hoy tendrá lugar la primera audiencia en el juicio de amparo de Jorge Castañeda en contra del IFE por su negativa a registrarlo como candidato presidencial. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales le da a los partidos el monopolio de postular candidatos. Castañeda le está pidiendo a los tribunales que declaren inconstitucional este monopolio.
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