“Yo no hubiera querido ser hombre, sólo para no tener que casarme con una mujer”.
Madame de Staël
El Consejo de Ministros de España aprobó la semana pasada un anteproyecto de ley que, de ser aprobado por las Cortes, eliminará del Código Civil español todas las referencias al sexo de los cónyuges en la legislación que tiene que ver con el matrimonio. El resultado práctico de esta enmienda será darle a los homosexuales los mismos derechos matrimoniales que a los heterosexuales.
La iniciativa para este cambio procede del Partido Socialista Obrero Español que gobierna en España desde el pasado mes de marzo. Pero ante la clara tendencia de la marea el Partido Popular, un grupo conservador que es cabeza la oposición, ha presentado una iniciativa que regularía las uniones de parejas del mismo sexo sin llegar al matrimonio formal y sin permitirles la adopción de niños.
De una manera u otra lo que ya parece evidente es que dentro de muy poco las uniones entre homosexuales tendrán validez legal en España, sean o no consideradas formalmente como matrimonios. De esta forma España está tomando una medida que la pone en la vanguardia en un tema que resulta todavía muy controvertido.
Muy pocos lugares en el mundo aceptan el matrimonio entre homosexuales. El parlamento de los Países Bajos (Holanda) lo legalizó en 2000. Varias provincias canadienses -entre ellas Ontario, Québec y la Columbia Británica— han legalizado el enlace legal de las parejas del mismo sexo.
En el estado de Massachussets, Estados Unidos, la Corte Superior determinó que no se podía discriminar a las parejas de homosexuales por lo que no se les podía impedir contraer nupcias, pero la de California determinó que la ciudad de San Francisco no estaba autorizada a violar la ley estatal y llevar a cabo matrimonios entre parejas del mismo sexo.
La resistencia a los matrimonios entre homosexuales es muy fuerte, especialmente entre los grupos religiosos. La Iglesia Católica ha asumido una posición de fuerte rechazo; el papa Juan Pablo II en persona cuestionó recientemente al embajador de Canadá en el Vaticano por considerar que las nupcias entre homosexuales desvirtúan el concepto mismo de matrimonio. El presidente George W. Bush de los Estados Unidos, un cristiano fundamentalista de los llamados “vueltos a nacer”, está apoyando una propuesta de enmienda a la constitución de su país que definiría el matrimonio como un contrato legal entre un hombre y una mujer, lo cual dejaría fuera de la ley a cualquier matrimonio entre homosexuales en cualquier lugar de la Unión Americana. De hecho, dos estados sureños, Missouri y Louisiana, han adoptado ya enmiendas en sus constituciones locales que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Ante los evidentes problemas que sufre la institución del matrimonio en las sociedades modernas, uno podría preguntarse por qué los homosexuales quieren vivir bajo las reglas de un contrato de este tipo. Podría pensarse que una de las virtudes de ser diferente sería la de vivir sin las cortapisas de las instituciones tradicionales. Pero lo interesante del caso es que son muchos los homosexuales que buscan específicamente las “ataduras” del matrimonio.
En algunos casos esto se debe a que muchos homosexuales quieren enfatizar que tienen un compromiso de largo plazo con sus parejas. En un país como España, donde la legislación da beneficios especiales a los cónyuges y en el que se restringe la herencia a quienes no son parientes del fallecido, el matrimonio tiene la ventaja de asegurar que las parejas de homosexuales reciban el mismo trato ante la ley que las de heterosexuales.
Será imposible, por supuesto, lograr acuerdos entre quienes promueven los matrimonios gay y quienes se oponen a ellos. Pero me queda claro que las discrepancias son morales y que el Estado no debe involucrarse en las decisiones morales de los individuos. Si dos personas se quieren casar, ¿por qué debe prohibirlo un Gobierno? Hay demasiadas funciones importantes que el Estado debería tener y que no cumple, como para ponerlo a cuidar la moral de las personas.
Si algo nos muestra la reflexión ética a lo largo de la historia es que la moral no se puede imponer. Y esto significa que no le toca al Estado decidir si es correcto o no que dos personas del mismo sexo decidan contraer matrimonio.
Nadie verificó
Andrés Manuel López Obrador invitó a colaborar a Ricardo Monreal como procurador social al Distrito Federal, lo que habría significado una declinación del zacatecano a sus aspiraciones presidenciales y habría marcado su apoyo al jefe de Gobierno. Pero nadie se percató de que, al no haber residido en la capital durante un año, Monreal no cumplía con los requisitos legales para ocupar ese cargo.
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