“En este mundo no hay
autoridad infalible, pero
es necesario que alguien
tenga la última palabra”.
George Bernard Shaw
El propio secretario de Gobernación, Santiago Creel, nos revela que la aparente solución del conflicto sobre el paraje de San Juan ha sido política y no estrictamente legal. Por eso el jueves 27 de mayo presentó el “hallazgo” de documentos en la Secretaría de la Reforma Agraria, que supuestamente demuestran que el predio era propiedad privada cuando fue expropiado en 1989, como una prueba más de que el Gobierno Federal no le quiere jugar sucio a Andrés Manuel López Obrador.
El anuncio de Florencio Salazar Adame, secretario de Reforma Agraria, ha sido visto -entendiblemente-con escepticismo. Todavía hace algunas semanas los funcionarios del Gobierno Federal mantenían que el fallo de los tribunales para obligar al Gobierno capitalino a indemnizar al dueño de ese predio era inapelable y que si López Obrador insistía en no pagar la indemnización sería considerado responsable de desacato y no podría postularse como candidato a la Presidencia de la República.
Pero ahora aparece un milagro que permitirá que Andrés Manuel se abstenga de pagar la indemnización sin perder la posibilidad de ser candidato a la Presidencia de la República. Aun cuando pudiera presentarse amplia documentación que demostrara que los documentos se encontraban perdidos en los archivos de la Reforma Agraria y súbitamente aparecieron por intercesión de la Virgen de Guadalupe, es difícil evitar la suspicacia. De hecho, lo más lógico es pensar que la razón política se impuso sobre la razón legal.
Quizá el Gobierno Federal no podía permitir, por razones de Estado, que se colocara a López Obrador, el más popular entre los posibles candidatos a la Presidencia, entre la espada y la pared. En el caso del paraje de San Juan, efectivamente, el jefe de Gobierno parecía obligado hasta el jueves pasado a elegir entre retractarse públicamente de su posición de no pagar una indemnización multimillonaria por el paraje de San Juan o ser juzgado por desacato y quedar constitucionalmente descalificado para la Presidencia en 2006. Por eso el milagroso hallazgo de documentos que supuestamente prueban que el predio era todavía propiedad de la nación cuando fue expropiado en 1989 parece salido de los más altos círculos del poder.
Como lógica consecuencia del milagro de San Juan, López Obrador y su equipo, así como muchos analistas políticos, han empezado a prever que en el momento adecuado surgirá también un hallazgo sorprendente que le permitirá al jefe de Gobierno de la capital escapar de la sentencia supuestamente definitiva que por desacato le han aplicado los tribunales federales en el caso de El Encino. Una vez que se ha encontrado el camino a una santa intercesión para evitar el peso de la justicia en un caso ya cerrado, es de esperar que se produzca un nuevo milagro para resolver el otro, el que sigue convertido en amenaza.
Muchas preguntas quedan abiertas después del milagro de San Juan. ¿Cómo es posible, para empezar, que un funcionario hubiera hecho una expropiación en 1989 sin darse cuenta que el terreno era ya propiedad de la nación? ¿Cómo se le “extraviaron” durante tanto tiempo 300 hectáreas de terreno en la ciudad de México al Gobierno Federal? ¿Cuántas propiedades más se les han extraviado a la federación o a las entidades? ¿Qué información tenía el regente de la capital Manuel Camacho Solís -hoy diputado federal por el PRD- cuando llevó a cabo esa expropiación? ¿Cómo fue posible que los documentos quedaran ocultos durante tanto tiempo y salieran a la luz para salvar en el último momento a Andrés Manuel?
La aparente propiedad del Gobierno Federal sobre el predio parece darle una fácil salida a un conflicto que podía poner en jaque la estabilidad del Estado mexicano. En eso los mexicanos podemos estar agradecidos. Nadie —ni siquiera sus adversarios— querían ver a Andrés Manuel y al PRD fuera de combate antes de tener siquiera la posibilidad de pelear por la Presidencia de la República.
La gran pregunta es si estamos viendo en verdad un gran acto de justicia o si una vez más nos estamos dando cuenta que hay dos tipos de justicia en nuestro país: la que se aplica a los ciudadanos comunes y corrientes y la que es privilegio de la clase política.
El Pleito
No creo que haya terminado aquí la historia. Los documentos del milagro de San Juan serán sometidos a un feroz escrutinio. Las personas que se han ostentado hasta ahora como dueños del predio pelearán con todo lo que tienen la legalidad del documento que cuestiona la propiedad que hasta ahora se les ha reconocido legalmente. El pleito del paraje de San Juan, que tiene ya 15 años de existencia, seguirá ventilándose en los tribunales.
Correo electrónico:
sergiosarmiento@todito.com
