“Los yippies creen en la
violación de todas las leyes, incluso la Ley de gravedad”.
Abbie Hoffman
Una empresa minera mexicana subsidiaria de una canadiense pensó que era muy fácil iniciar una operación en México. Engañada por la forma en que se hacen las cosas en Canadá, consideró que lo único que había que hacer en nuestro país para trabajar era cumplir con todos los requisitos que marca la Ley. Diez años y 42 millones de dólares después, la empresa se ha dado cuenta de que, para tener actividades económicas en México, no basta con cumplir la Ley.
San Pedro fue el cerro original de actividad minera en San Luis Potosí. A él se debe, de hecho, el surgimiento de esta ciudad. La mayor parte del mineral del cerro ha sido ya extraído después de cuatro siglos de explotación. Queda mineral de baja Ley, que se puede minar a través de operaciones de tajo abierto. Minera San Xavier, una subsidiaria de la empresa canadiense Metallica Resources, inició en 1994 el proceso legal para explotar los depósitos del cerro de San Pedro con el propósito de producir una aleación de oro y plata denominada doré. El trabajo obliga a extraer los metales del mineral a través de un proceso de lixiviación o purificación con una solución de cianuro de sodio.
La empresa ha cumplido con todas las normas internacionales y con todos los requisitos que han exigido las autoridades mexicanas. El proyecto, por ejemplo, contempla el empleo de membranas impermeables en los patios de lixiviación para evitar filtraciones al subsuelo. La solución de lixiviación de 0.5 gramos de cianuro de sodio por litro de agua se reutiliza en un circuito cerrado.
La empresa firmó un compromiso para reforestar el área una vez que termine la vida útil del proyecto. Con el fin de obtener agua para la operación, la minera adquirió derechos de uso de un tercero como lo establecen los ordenamientos de la Comisión Nacional del Agua.
Minera San Xavier obtuvo la manifestación de impacto ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la federación —la Semarnat— en 1999. Como surgieron una serie de grupos políticos que se oponían a la mina, sin embargo, el Gobierno del Estado ordenó un estudio especial a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la cual encontró que el proyecto era viable si se cumplían requisitos adicionales a los establecidos por la Ley y la autoridad federal.
La empresa cumplió también con estas condiciones adicionales, a pesar de que no estaban consideradas en ningún ordenamiento. Se creó, por ejemplo, un consejo ciudadano de vigilancia sobre la operación que no hay en ninguna otra mina.
El Gobierno Municipal, presionado por los grupos opositores al proyecto, estableció también requisitos adicionales. La empresa trató de oponerse, pero al final las aceptó y las cumplió. Después la Secretaría de la Defensa, bajo presión de los mismos grupos, tomó un tiempo muy prolongado para otorgar el permiso de uso de explosivos necesarios para la operación. Estos explosivos se emplean sin incidentes en todo el mundo. Después de una odisea también este permiso fue concedido.
El pueblo en el cerro de San Pedro estaba virtualmente abandonado, pero tenía dos iglesias del siglo XVII. Los grupos políticos que nunca se habían preocupado por el abandono de estas edificaciones encontraron que su protección era un buen pretexto para detener el proyecto. Minera San Xavier se comprometió a no tocar el pueblo y de hecho, invirtió cantidades importantes de dinero para restaurar los dos templos.
Además de las presiones a los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, los grupos que se oponen al proyecto recurrieron a una interminable serie de demandas legales para detenerlo. La empresa ganó hasta hace poco todos los pleitos, pero recientemente un tribunal colegiado otorgó un amparo en el que señalaba que la Semarnat no debió haber otorgado el manifiesto de impacto ambiental. La lucha legal, sin embargo, continúa.
La gran tragedia es que la empresa se está dando cuenta de que las cosas en México no son como en Canadá. En ese país cumplir con los requisitos de Ley es suficiente para iniciar una operación productiva. En México la Ley no sirve de gran cosa. Una empresa puede dedicar diez años y 42 millones de dólares a un proyecto con el ánimo de resolver legalmente todas y cada una de las objeciones, sólo para encontrar que la Ley en nuestro país no garantiza nada. Con razón México sigue siendo un país pobre.
Déficit y deuda
Comenta Rogelio Gasca Neri, director de Cintra y ex secretario de Hacienda, que los políticos que han aumentado el déficit de presupuesto deberían pedirle permiso a sus hijos y a sus nietos. El déficit, después de todo, significa nueva deuda pública que tendrán que pagar las futuras generaciones.
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