“Con los testigos protegidos, todos estamos bajo libertad provisional.”
Anónimo
No tengo forma de saber si Agustín Montiel López, el hasta hace unos días coordinador de la policía ministerial en el estado de Morelos, y Raúl Cortés Galindo, su coordinador operativo, son o no culpables de ayudar a narcotraficantes. Al parecer Montiel llegó a Morelos con un pésimo expediente desde Guerrero, pero la información que sobre su arresto ha difundido la Procuraduría General de Justicia es demasiado fragmentaria como para emitir una opinión válida. El principal elemento de la acusación son al parecer las declaraciones de dos “testigos protegidos”. Uno de ellos es un narcotraficante llamado Marco Enrique Yépez Uribe; el otro, un ex agente de la policía ministerial, Ildefonso Ortiz Alatorre, cesado por Montiel. Los elementos de prueba fueron suficientes para que un juez federal decretara autos de formal prisión a Montiel y a Cortés este pasado fin de semana.
Ayer, por otra parte, el gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, suspendió a toda la policía ministerial del estado (habrá que ver las consecuencias en las averiguaciones previas pendientes) para permitirle a la PGR llevar a cabo sus investigaciones sobre Montiel y Cortés. Quienes esperamos que la justicia en México adquiera credibilidad deseamos, por supuesto, que la detención de estos dos comandantes policíacos esté bien sustentada.
El propio Gobernador, que en un principio rechazó las acusaciones que desde medios de comunicación y desde la oposición se hacían en contra de Montiel, ha adoptado ahora una actitud más cauta al afirmar que no mete las manos al fuego por nadie. En un país en que toda investigación criminal importante se vuelve foco de sospecha por el simple hecho de que las procuradurías están supeditadas a ejecutivos con intereses políticos, el que las acusaciones las esté presentando una PGR del Gobierno Federal panista en contra de funcionarios de un Gobierno estatal también panista reduce cuando menos el nivel de desconfianza. Sin embargo, dado que en México la información sobre los juicios no se hace pública de manera sistemática, no se tiene nunca certeza real sobre la fortaleza de las acusaciones.
Dos puntos, sin embargo, deben llevarnos a ser cautelosos ante los cargos contra Montiel y Cortés. El primero y más importante es el que tiene que ver con el hecho de que, hasta donde sabemos en este momento, el elemento crucial de la acusación en contra de ambos policías son las declaraciones de dos testigos protegidos. Lo curioso del caso es que las partes de estas declaraciones que involucran a Montiel y a Cortés se han considerado válidas pero no las que acusan de complicidad al gobernador Estrada Cajigal y a su procurador Guillermo Tenorio Ávila. Entonces, ¿son o no de fiar estos testigos? Hasta 1996, cuando se promulgó la Ley contra la Delincuencia Organizada, no existía en México la figura de los testigos protegidos, los cuales en muchos casos no son más que simples testigos pagados. La experiencia que hemos tenido con éstos en nuestro país ha sido realmente desastrosa. Lo único que se ha demostrado es que si a una persona se le paga lo suficiente o se le promete impunidad por un crimen dirá lo que le pida el fiscal. El otro punto importante en este caso es el hecho de que ni la policía ministerial de Morelos ni ninguna corporación policíaca estatal está a cargo de la lucha contra el narcotráfico ni de la vigilancia de los aeropuertos.
Quizá en ciertas circunstancias un comandante de una policía local pueda ofrecer alguna protección a un narcotraficante, pero de nada le serviría si no están involucrados también los comandantes federales y militares. El aeropuerto de Cuernavaca, donde supuestamente descendieron los aviones con droga que Montiel protegía, era vigilado por un destacamento del Ejército, el cual se rotaba continuamente. ¿Cómo podía un policía morelense proteger esas cargas de droga ante los ojos de los soldados? Las acusaciones en contra de Montiel y Cortés son muy serias. Por ello es importante que se sustenten de forma adecuada. Para bien de todos lo ideal sería que efectivamente la PGR tenga pruebas suficientes en la mano. Muy decepcionante sería que toda la acusación se sustentara nada más en las declaraciones de dos testigos comprados, a los cuales sólo se les creyó una parte de lo que dijeron.
Acusar o probar
Jorge Carrillo Olea, el ex gobernador de Morelos, fue acusado de ayudar al narcotráfico y a una red de secuestradores. Se le obligó a renunciar a su cargo, pero nunca se dictó un auto de formal prisión en su contra: ni siquiera por ejercicio indebido de funciones públicas, que era la única acusación que quedaba al final. Esto debe recordarnos que acusar no es probar.
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