“No importa qué tan alto estés,
la Ley está arriba de ti.”
Thomas Fuller
Andrés Manuel López Obrador ha decidido enfrentar el fallo por desacato surgido del caso del Encino por el lado político y no por el legal. Sin duda está teniendo éxito político en este esfuerzo. Pero habrá que ver si la estrategia no se le revierte en el frente legal.
De conformidad con la encuesta trimestral entre capitalinos del Grupo Reforma, López Obrador ha logrado frenar la declinación en su popularidad personal que comenzó con el escándalo de René Bejarano. Su aprobación se ha mantenido, de hecho, en un muy saludable 73 por ciento. El 65 por ciento de los capitalinos, por otra parte, está en desacuerdo con el proceso de desafuero al Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
La idea de que la popularidad de López Obrador se limita a la Ciudad de México es falsa. Una reciente encuesta de María de las Heras —la primera sin incluir a Marta Sahagún de Fox como posible candidata— coloca al Jefe de Gobierno de la capital en el primer lugar de los aspirantes a la Presidencia de la República en 2006.
Quizá por su popularidad, López Obrador está decidido a concentrar su defensa en el caso de El Encino en el desafuero, el cual es un tema político. Ha decidido no preocuparse por su derrota en el juicio de amparo que determinó su desacato a la orden de un juez. Ésta es una decisión que responde a los agudos instintos políticos de los que siempre ha hecho gala el tabasqueño, pero que puede cerrarle las puertas a una solución legal antes de las elecciones presidenciales de 2006. Si Andrés Manuel logra vencer el desafuero podrá declarar, es cierto, que ha sido proclamado inocente y así lo verá mucha gente. Pero desde el punto de vista legal, el desafuero es absolutamente irrelevante. Si los legisladores deciden no desaforarlo, la sentencia estará aguardándolo al final de su mandato. La batalla por el desafuero en el Congreso no tiene nada que ver con la justicia. Ya sabemos que el PRD se opondrá simplemente porque López Obrador es uno de los suyos y quizá la carta más importante de su partido para las elecciones presidenciales de 2006. El PAN apoyará el desafuero debido a que Andrés Manuel es uno de sus enemigos políticos más importantes. El fiel de la balanza está representado por el PRI, el cual considerará no los méritos legales del caso sino su propia conveniencia política. Los legisladores priistas tienen una razón muy fuerte para no aprobar el desafuero de López Obrador, y es que todavía tienen pendiente el proceso contra su propio senador, Ricardo Aldana, tesorero del sindicato petrolero, a quien la PGR busca procesar por el desvío de fondos de Pemex a la campaña presidencial del PRI en 2000. Políticamente será difícil para los priistas apoyar el desafuero de López Obrador si se oponen al de Aldana. Los priistas están considerando también las posibles consecuencias electorales del desafuero. Algunos priistas mantienen que les conviene mantener a López Obrador como un candidato fuerte, para que divida con el PAN el voto antipriista en 2006. Otros temen que Andrés Manuel será el candidato que unifique el voto útil antipriista como lo hizo Vicente Fox en 2000. Muchos recuerdan, por otra parte, que López Obrador nunca se ha tentado el corazón para golpear al PRI. Lo curioso del caso es que, desde el punto de vista legal, la lucha política por evitar el desafuero puede resultar negativa para las aspiraciones presidenciales de López Obrador. Si López Obrador perdiera el fuero en este momento, ya sea por desafuero o por renuncia al cargo de Jefe de Gobierno, tendría quizá tiempo para enfrentar el juicio por desacato y cumplir con la condena. Pero si evita al desafuero y se enfrenta a la acción de la justicia a fines del 2005 o principios de 2006, estaría impedido de ser candidato por el artículo 38 de la Constitución, que suspende los derechos ciudadanos a quien esté sujeto a un proceso criminal por un delito que merezca pena corporal o durante la extinción de esta pena. Andrés Manuel mantiene la filosofía de que él sólo acata “la voluntad del pueblo”. De ahí que su defensa sea política y no legal. Tiene la convicción de que, en el último momento, a la PGR o a los jueces les temblará la mano y no se atreverán a enjuiciarlo o condenarlo. Pero es una apuesta muy aventurada, especialmente en un hombre que podría ser el próximo Presidente de la República y a quien le tocaría cumplir y hacer cumplir las leyes de la República.
Otra violación
López Obrador sostiene que la PGR no actuó en contra de un presidente municipal panista de Querétaro pese a haber sido encontrado culpable de violar una orden de un juez como él. Si es así, el quejoso original puede pedir un juicio de amparo contra la PGR por no haber hecho cumplir la Ley.
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