“Por malo que sea un
Gobierno, hay algo peor y es la supresión del Gobierno”.
Hyppolite Taine
Una de las reglas fundamentales de cualquier administración -pública o privada- es que las obligaciones deben ir atadas a las responsabilidades. No se le puede pedir a un director general que gaste bien el dinero de una empresa si no se le permite decidir cómo erogarlo.
La disputa que estamos viendo en torno al presupuesto federal de 2005 subraya que en nuestro sistema político las cosas funcionan de manera diferente. El Congreso le está ordenando al Ejecutivo que administre un dinero, pero no le permite definir cómo gastarlo. En otras palabras, hay un divorcio entre obligación y responsabilidad.
Otros países del mundo tienen sistemas que impiden este tipo de situaciones. En los regímenes parlamentarios, si el partido o coalición gobernante no logra los votos para que el parlamento apruebe un presupuesto con el que pueda operar, se desbanda el Gobierno y se forma uno nuevo. En los regímenes presidenciales, el presidente tiene la posibilidad de vetar un presupuesto con el que no está de acuerdo y se requiere una mayoría de dos terceras partes del Congreso para vencer ese veto.
En México, hasta donde podemos ver, no existe ninguna de estas opciones. El Legislativo puede imponer un presupuesto al Ejecutivo, aun cuando éste encuentre incongruencias importantes en el proyecto. En otras palabras, el Congreso le dicta una obligación al presidente, pero no le da la responsabilidad de definir cómo ejecutarla.
Algunos juristas dicen que el presidente de México sí puede vetar o hacer observaciones a un presupuesto. Sin embargo, la mayoría de los expertos señala que la Constitución en su artículo 74 fracción IV le da a la Cámara de Diputados de manera exclusiva la promulgación del decreto de presupuesto sin que contemple el derecho del veto presidencial en el artículo 72. Y no hay que olvidar que aunque los gobernados podemos hacer todo lo que no esté prohibido por la Ley, los funcionarios públicos -incluido el presidente- sólo pueden hacer aquello para lo que la Ley les da expresamente facultades.
Precisamente porque saben que la Ley los avala en este caso, los líderes de los diputados están actuando con una gran soberbia. En el programa Primero noticias de Carlos Loret de Mola el viernes pasado, el coordinador perredista Pablo Gómez, haciéndose eco de las famosas palabras de Carlos III, le dijo al subsecretario de Hacienda, Carlos Hurtado, que ante la decisión del Legislativo al Ejecutivo no le queda más que callar y obedecer.
Curiosamente, el también perredista jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, adoptó una posición bastante más conciliadora el mismo 19 de noviembre. En su conferencia de prensa matutina llamó a la conciliación: “Ojalá que se arreglen las cosas y haya entendimiento.” López Obrador se da cuenta de que si a él le toca ser presidente, podría enfrentarse también a una situación en que el Congreso le dé la obligación de ejercer el gasto pero no la responsabilidad para definirlo.
A final de cuentas quienes vamos a salir perdiendo en todo este sainete somos nuevamente los gobernados. Hay buenas razones para pensar que en el presupuesto finalmente aprobado por la alianza del PRI, el PRD, el PVEM y el PT hay grandes incongruencias y aplicaciones de gasto para propósitos meramente de promoción personal de algunos legisladores.
Coincido en que hay proyectos como el de Enciclomedia que requieren más reflexión. Pero los legisladores parecen haber hecho muchas modificaciones en el presupuesto original sin realmente haber entendido las consecuencias.
Lo que más me preocupa de todo esto es que el país está adoptando una política en la que se pretende que el Ejecutivo conduzca mientras el Legislativo va en el asiento de atrás pegando de gritos. La experiencia en todos los ámbitos nos dice que este sistema está destinado al fracaso. Si no hacemos algo para conjuntar en el Ejecutivo la obligación y la responsabilidad del ejercicio fiscal y del gasto, estaremos dirigiendo a nuestra nación a un naufragio seguro. Ante la disputa, en este momento es como si no tuviéramos un piloto en el timón.
El mensaje
No soslayo la responsabilidad de los legisladores en lo que está ocurriendo. Los diputados, me parece, han actuado con prepotencia y miopía. Pero pienso que el presidente hizo mal en escalar la guerra con su mensaje de televisión del viernes. Está bien que el primer mandatario haga un intento ante los tribunales por impugnar el presupuesto. Está bien que Hacienda dé a conocer las incongruencias del documento. Pero el mensaje de Fox fue una declaración de hostilidades a los políticos con los que inevitablemente tendrá que negociar.
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