“Lo que parece ser generosidad muchas
veces no es más que la ambición disfrazada”.
Francois de la Rochefoucauld
Durante el largo debate de la madrugada del cinco de agosto en que se discutió en el Senado la reforma a los artículos 277 D y 286 K de la Ley del Seguro Social, el senador del PRD Jesús Ortega reiteró un argumento que ha hecho en otras ocasiones al afirmar que había que rechazar las enmiendas porque atentan contra el “sistema solidario de pensiones”.
Pero ¿cuál es este “sistema solidario de pensiones”? Es el que plantea que los costos de otorgar servicios de seguridad social de algunos deben distribuirse de manera solidaria entre el resto de la sociedad. Este concepto rechaza la idea de que cada individuo o familia debe ser responsable en lo fundamental de su propio bienestar social.
En un momento histórico el principio de solidaridad social tenía no sólo sentido sino urgencia. Durante siglos el pobre, el enfermo y el viejo no tenían forma sistemática de obtener ayuda de la sociedad. Sobrevivían, si acaso, del apoyo que les daban sus familias. Una de las grandes conquistas del siglo XX fue la creación de instituciones de seguridad social que daban una ayuda solidaria a los más pobres.
Pero este principio social, como muchos otros, se ha pervertido con el paso del tiempo. El concepto de solidaridad social se aplica ahora de una forma inversa a la que se concibió originalmente: son quienes menos tienen los que deben aportar “solidariamente” a quienes más tienen. Y no porque lo deseen, sino porque el Estado les arranca los recursos para ello.
El Instituto Mexicano del Seguro Social, recordemos, fue creado en 1943 para dar servicios de seguridad social a los trabajadores mexicanos. Las cuotas que todavía aportan los trabajadores y los patrones a esa institución tienen el propósito de financiar esos servicios. Buena parte de la estructura del IMSS, por otra parte, se construyó sobre la base de un concepto de solidaridad. La idea es que los trabajadores en su conjunto aportaran recursos para ayudar a quienes más lo necesitaban y en particular a los enfermos, los discapacitados y los ancianos.
Sin embargo, dentro del IMSS pronto surgió una casta privilegiada que exigió y obtuvo beneficios especiales: los empleados de la institución y más específicamente sus líderes sindicales. A través de sindicatos afiliados al PRI -los mismos que hoy busca cooptar el PRD- esa casta consiguió que la solidaridad se encauzara no a los trabajadores con necesidades sino a ellos mismos.
Esta filosofía perversa de la solidaridad se ve reflejada en el actual Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Seguro Social, el cual comparten muchas otras instituciones públicas del país. Mientras los trabajadores comunes y corrientes, los derechohabientes del IMSS, tienen el derecho de jubilarse a los 65 años de edad con un ingreso equivalente al 42 por ciento de su último sueldo y sin actualizaciones automáticas por inflación, los trabajadores del Seguro se jubilan una década antes -en promedio a los 53 años- y reciben un ingreso del 130 por ciento de su último sueldo con aumentos iguales a los obtenidos anualmente por el sindicato para los trabajadores en activo.
Este generoso régimen de pensiones no puede sustentarse en las reservas que se crearon para él. Por eso los fondos generales del IMSS, que surgen de las aportaciones de los propios trabajadores y las que los patrones y el Gobierno hacen para ellos, deben desviarse en cifras cada vez mayores a subsidiar ese sistema. Se agotan así los recursos disponibles para otorgarles servicios sociales a los trabajadores del país.
De esta manera se está aplicando un régimen solidario, pero en el que los más necesitados aportan recursos para ayudar a los que más tienen. Los derechohabientes del IMSS, trabajadores de empresas privadas con sueldos de cuatro mil pesos en promedio, subsidian a los trabajadores de la institución que tienen ingresos superiores a los diez mil pesos.
Me queda claro que la solidaridad puede ser valiosa en determinadas circunstancias. Un país que se precie de su dignidad necesita una red de apoyo para aquellos que sufren enfermedades catastróficas o que viven en situaciones de extrema pobreza. La solidaridad con los que menos tienen es una virtud que se debe promover.
Pero lo que no tiene sentido es utilizar el argumento de la solidaridad para obligar a quienes menos tienen a aportar recursos para otorgar privilegios a los más prósperos. Eso no es solidaridad: es un simple abuso.
Pozo sin fondo
La situación del Seguro Social es tan absurda que a las empresas que actualmente crean empleos formales les saldría más barato darles servicios de salud de calidad a sus trabajadores que seguir aportando dinero al pozo sin fondo que es el IMSS.
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