“Un hombre instruido es un ocioso
que mata el tiempo estudiando”.
George Bernard Shaw
Una de las peores tragedias de la sociedad mexicana contemporánea es la que sufren los jóvenes que, después de terminar sus estudios universitarios, se enfrentan a un mercado laboral saturado. Muchos no consiguen empleo en su campo de estudios; otros lo obtienen, pero con sueldos risibles.
Estamos viendo un desperdicio enorme de recursos públicos para preparar a jóvenes en carreras en las que no hay empleo. Además, se trata de un gigantesco fraude a los jóvenes, a quienes se les hace pensar que después de sus estudios existe una salida laboral que es sólo un mito.
Pero no sólo el Gobierno gasta una enorme cantidad de recursos en ofrecer una educación universitaria gratuita a muchos jóvenes en campos en los que no hay trabajo, sino que las empresas de nuestro país enfrentan grandes dificultades para encontrar trabajadores en los campos de especialidad donde realmente sí hay empleos productivos.
Esta situación es producto de una mala política gubernamental. Esto no debería sorprendernos. Muchos de los grandes problemas del país son precisamente consecuencia de malas políticas gubernamentales. Sólo que en este caso la mala política está a la vista de todos y nadie hace nada por resolverla.
Uno podría pensar que este fenómeno ocurre porque simplemente las cosas son así en una sociedad de mercado. Pero es falso. Muchas sociedades de mercado han podido crear un mejor equilibrio entre la educación y el mercado laboral. Lo que es más triste es que muchos especialistas y funcionarios saben cuál es el problema, pero no pueden hacer nada para remediarlo debido a que unos pequeños pero influyentes grupos de poder impiden que se cambie un sistema que los beneficia.
En el año 2003 el Gobierno de la República destinó 104 mil millones de pesos al gasto programable en educación. De esta cantidad cerca de un 50 por ciento se entregó a instituciones de instrucción superior. Tan sólo la Dirección General de Educación Superior recibió más de 20 mil millones de pesos. Las instituciones educativas del Distrito Federal obtuvieron grandes tajadas del presupuesto: la Universidad Nacional, 13 mil millones de pesos; el Instituto Politécnico Nacional, seis mil millones; la Universidad Autónoma Metropolitana, casi tres mil millones y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, casi dos mil millones. A esto hay que añadir las cantidades que los Gobiernos estatales entregaron a sus propias universidades.
El subsidio hace que los jóvenes permanezcan en las instituciones de educación superior a expensas del contribuyente sin considerar la posibilidad de obtener empleo hasta que ingresan en el mercado laboral. En otros lugares del mundo -Estados Unidos, Europa y Japón, por ejemplo— la situación es distinta. Los estudiantes universitarios pagan por lo menos una parte del costo de los estudios y eso hace que sean más cuidadosos al escoger sus carreras. Si los estudios llevan al desempleo, no están dispuestos a realizar la parte de la inversión que les toca.
Lo más sensato para un país pobre como México sería concentrar el gasto público en la instrucción primaria y secundaria. Para eso habría que eliminar o reducir de manera radical el malsano subsidio a la educación superior. Es realmente ridículo que, cuando lo que el país necesita es una mejor calidad de instrucción primaria y secundaria, cerca del 50 por ciento del presupuesto de educación se utilice para subsidiar las fábricas de desempleados en que se han convertido las universidades públicas. Mientras las escuelas rurales tienen que operar con techos de lámina y sin pizarrones o gises, los estudiantes de la UNAM pueden tomar cursos a un costo de 20 centavos al año.
El problema es que para hacer los cambios que se necesitan, como por ejemplo aumentar las cuotas en las universidades, el Gobierno tendría que enfrentarse a mafias como las que durante décadas han impedido un ajuste en las cuotas de la UNAM. Y como nadie se atreve a hacerlo, México seguirá desperdiciando recursos en una instrucción que no le es útil ni al país ni a los estudiantes, mientras que se permite que la educación primaria y secundaria, la que realmente ayudaría al país y tiene un sentido social, se ahogue por falta de recursos.
Genocidio
El término “genocidio” se refiere propiamente a la matanza de todo un pueblo. Cuando se emplea para una represión de manifestantes, por muy violenta que haya sido, como está ocurriendo en el caso de los hechos del diez de junio de 1971, se pierde el sentido del término y se agota el vocabulario para identificar un genocidio real. La verdad es que el holocausto judío o las matanzas de tutsis en Ruanda son ejemplos de genocidio. Pero no el halconazo del jueves de Corpus.
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