“Nadie gana, a menos que todos ganen”.
Bruce Springsteen
Debe quedar claro que la reforma de los artículos 277 D y 286 K de la Ley del Seguro Social aprobada en la madrugada de ayer por el Senado no resuelve el problema del Régimen de Pensiones y Jubilaciones que ha llevado al IMSS a la quiebra. Es una medida positiva, porque disminuirá en el futuro la sangría de la institución. Pero ¿vale la pena lograr esta victoria parcial cuando seguramente cerrará las puertas a la negociación de una solución de fondo?
El artículo 277 K limita la sustitución automática de plazas de los trabajadores del Seguro que se jubilan, pero no resuelve el hecho de que se tendrán que seguir reemplazando miles de médicos y enfermeras que se están retirando a muy temprana edad por las actuales reglas del contrato colectivo del IMSS. El artículo 286 K prohíbe el desvío de las aportaciones obrero-patronales y de los fondos de reserva a las pensiones de los trabajadores que se contraten a partir de ahora (no se aplica retroactivamente a quienes ya están jubilados o quienes están trabajando), aunque no resuelve cómo se financiarán entonces esas pensiones.
Los beneficios de estas dos medidas para el IMSS son claros. Al evitar el reemplazo automático de plazas, se impide que se sigan añadiendo cada año 12 mil trabajadores nuevos, muchas veces innecesarios, a un Seguro ya doblegado por el exceso de gastos, pero muchas plazas tendrán que seguir siendo sustituidas. La prohibición al desvío de recursos a las pensiones de los trabajadores que se contraten a partir de hoy hará que empiecen a disminuir los gastos del IMSS dentro de 27 años, pero para ese momento, si no se modifican las reglas actuales, el Seguro ya habrá dejado de existir.
La intransigencia de los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y de sus aliados en otros sindicatos, como el Mexicano de Electricistas y el de Telefonistas, queda de manifiesto en el hecho de que le han declarado la guerra al IMSS por una reforma que no afecta los derechos adquiridos de los trabajadores en funciones o de los ya pensionados. Esto revela que están más interesados en mantener los privilegios del sindicato que en representar los intereses de los trabajadores actuales. Pero debe cuestionarse la sabiduría de la decisión del PRI, el PAN y el Gobierno de impulsar una reforma que es un mero paliativo y no una solución de fondo a pesar de que rompe las negociaciones con el sindicato.
Curiosamente, la última propuesta del líder del SNTSS, Roberto Vega Galina, puede ser más de fondo que el paliativo de la enmienda de los artículos 277 D y 286 K. Es difícil ofrecer una evaluación de lo que ofrece el dirigente sin tener todos los detalles a la mano y un estudio del impacto actuarial. Pero a primera vista la idea de ampliar a 35 el número de años de trabajo para la jubilación en vez de 27 ó 28, de establecer una edad mínima de jubilación de 60 años y de aumentar gradualmente del tres al diez por ciento las aportaciones de los trabajadores al fondo de pensiones, sería una mejor solución al problema fundamental del IMSS que la que se dibuja con la modificación de los dos artículos señalados de la Ley del IMSS. Lamentablemente Vega Galina ha señalado que la enmienda de estos artículos por el Congreso implica el fin de las negociaciones.
No podemos olvidar que no se está negociando un simple contrato colectivo de trabajo sino la supervivencia del IMSS. El Seguro Social ya está técnicamente quebrado. Tiene un pasivo laboral de 419 mil millones de pesos que, por las reglas de su contrato colectivo, aumenta a un ritmo de 14 por ciento al año. Su patrimonio total ya era negativo en 153 mil millones de pesos en 2002. El año pasado el Instituto registró un déficit de operación de más de 21 mil millones de pesos. Este 2004 pagará 21 mil millones de pesos en pensiones y jubilaciones, más que en medicamentos y material de curación; y ante el espectacular crecimiento de las pensiones, en algunos años no quedará ya dinero para los servicios médicos.
La necesidad de rescatar al Seguro Social de la quiebra es evidente. Lo que hay que preguntarse, sin embargo, es si ha valido la pena poner en riesgo la solución definitiva para impulsar un par de medidas que, si bien son positivas, no atacan el problema fundamental.
Usos y costumbres
Cuando era gobernador de Oaxaca, Diódoro Carrasco impulsó la votación por usos y costumbres en las comunidades indígenas. Este procedimiento, que equivale a darles a los caciques el poder de votar por sus gobernados, se revirtió en contra de Diódoro, ya que le permitió a su rival, el actual gobernador José Murat, manipular el voto de las comunidades indígenas y asegurarle el triunfo a su delfín, Ulises Ruiz, en la elección del primero de agosto.
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