SUN-AEE
CIUDAD JUÁREZ, Chih.- La Procuraduría de Justicia estatal acuartelará a todos los elementos de la Policía Judicial, ante la sospecha de que al menos un comandante y otros agentes de esa corporación participaron en la ejecución de 11 personas, cuyos cadáveres fueron localizados en una casa del fraccionamiento Las Acequias.
Ayer por la noche, la Procuraduría General de la República (PGR) logró la detención de 16 de estos judiciales, quienes fueron trasladados a la ciudad de México para ser interrogados.
Estas acciones fueron resultado de que la noche del martes se logró la detención de tres presuntos involucrados en los crímenes; el subprocurador de Investigaciones Especiales contra la Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República, José Luis Santiago Vasconcelos, reveló que están sujetos a investigación policías judiciales que han sido señalados como cómplices en estos asesinatos.
“Esto es muy grave, nos acusa una descomposición extrema de las fuerzas de policía, descomposición extrema de las fuerzas encargadas de aplicar la ley, que en vez de vigilar y de garantizar la seguridad de la población, están trabajando abiertamente, en complicidad con organizaciones criminales del narcotráfico”, aseguró el funcionario.
El subprocurador indicó que se enviará un oficio a la Procuraduría estatal, para que los elementos implicados queden a disposición del Ministerio Público.
“Esto es gravísimo, no lo vamos a tolerar y lo vamos a combatir a fondo”, dijo.
Por su parte, Oscar Valadez Reyes, subprocurador de Justicia del estado, zona norte, adelantó que se ordenará el acuartelamiento de toda la corporación en esta frontera para iniciar las investigaciones.
Afirmó que “si alguien está involucrado, no lo van a solapar, no vamos a proteger a nadie”, aunque se confesó sorprendido porque alguno de sus elementos esté involucrado en estos hechos, pero aseguró que se continuará colaborando en las investigaciones con la PGR.
Extraoficialmente hasta el momento se maneja el nombre del comandante Miguel Angel Loya como uno de los implicados, y sobre ello, Valadez Reyes dijo que éste tiene varios días que no acude a trabajar, pero sabrá si él está involucrado cuando de manera oficial reciba el comunicado de la PGR.
Esta nueva línea de investigación sobre la ejecución e inhumación clandestina de personas, que involucra a policías judiciales estatales en las ejecuciones que se imputan al narcotraficante Vicente Carrillo y su operador Humberto Santillán Tabares, se inició con la captura de tres sospechosos, quienes intentaban huir la noche del martes hacia Estados Unidos.
A partir de sus testimonios, la PGR ya tiene identificados seis viviendas más donde también se realizarán excavaciones, pues uno de los detenidos aseguró que hubo más ejecuciones, distintas a las de la casa del fraccionamiento Las Acequias.
Los detenidos, quienes ya fueron trasladados a la ciudad de México, son Alejandro García Cárdenas y Erika Mayorga Díaz, así como el hijo del matrimonio, Alejandro García Mayorga, quien incluso participó en la construcción de las fosas y en la inhumación de los cadáveres.
Erika Mayorga Díaz es quien rentó al señor Juan Ernesto Chávez Ocampo la casa de Parsioneros número 3633; mientras que su esposo, García Cárdenas, está confeso de haber participado desde enero de 2003 en las ejecuciones, bajo la dirección de Humberto Santillán Tabares y de un comandante de la Policía Judicial de Chihuahua.
Este testigo afirmó que todavía no se han localizado todos los cadáveres “y el motivo de su confesión obedece a que prefiere ir a la cárcel que al panteón -según su propia declaración-, porque tiene conocimiento que la organización lo está buscando para matarlo”, detalló Santiago Vasconcelos.
El subprocurador confirmó también que identificaron a tres de las víctimas por la ropa encontrada en el mismo patio de la casa de la calle Parsioneros: Juan Carlos Pérez Gómez, de 28 años de edad; Luis Padilla Cardona, de 27 años, los dos desaparecidos el 14 de enero de este año, así como a Omar Cepeda Sáenz, este último, propietario de un negocio de lavado de vehículos en el poblado de Belisario Domínguez, y quien fue “levantado” en esta frontera.
La causa de la muerte de los dos cuerpos hallados en la primera fosa era asfixia por estrangulamiento y presentaban una lesión con disparo de arma de fuego en la cabeza, y tenían alrededor de ocho días de haber sido asesinados; al igual que el tercer cuerpo, que no presentaba el “tiro de gracia”. La cuarta víctima hallada tenía alrededor de tres meses de haber perdido la vida.
