La actuación de un juez es objeto de fiscalización permanente, pero ello no quiere decir que se encuentre desprotegido o en estado de indefensión, ya que al igual que su desempeño, cualquier procedimiento en su contra ya sea oficioso o por alguna denuncia, está regulado por el marco jurídico e inclusive las garantías constitucionales de cualquier persona.
Lo anterior fue afirmado por Salvador Mercado Ponce, responsable de la comisión de vigilancia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en alusión al enroque de adscripción que se ejecutó el jueves pasado entre los titulares de los juzgados primero y tercero de lo familiar, Donaciano Zaldívar y Luz María Díaz Madrid, respectivamente, y que según se percibió, fue producto de la presión ejercida por personal sindicalizado y dirigentes de los Tres Poderes.
Mercado Ponce aclaró que el movimiento fue resuelto de manera colegiada por el Consejo de la Judicatura, desde la sesión del miércoles 30 de junio, y que desafortunadamente el 1 de julio en que se habría de ejecutar, coincidió con la movilización del Sindicato de los Tres Poderes, en apoyo del personal sindicalizado del juzgado tercero de lo familiar, que estaba inconforme con el trato que recibía de Luz María Díaz.
El desempeño de los funcionarios jurisdiccionales del Poder Judicial en Durango está regulado no solamente en lo que se refiere a los servicios al público para dirimir controversias jurídicas, sino también contempla el aspecto de las relaciones laborales internas con el personal administrativo a su cargo.
Y en el caso de Luz María Díaz había una distorsión en la relación con el personal a su cargo, lo cual podía afectar el servicio al público. De ahí que el Consejo de la Judicatura, sin determinar quién era responsable del deterioro en el trato, resolvió el enroque, pero sin perjudicar la materia de trabajo, que en este caso es en lo familiar.
El principio de inamovilidad del que gozan los juzgadores no significa que pueda darse en un clima de inestabilidad laboral. Por lo que también se tiene que actuar, pero conforme a lo que establece el marco jurídico que vela por los derechos y garantías individuales de los funcionarios jurisdiccionales.
Según el consejero Salvador Mercado, la decisión colegiada que se tomó en el caso de la juez tercero de lo familiar, fue después de analizar y desahogar la serie de situaciones y antecedentes aportados por las indagatorias realizadas, pero negó que fuera por presión del sindicato. Se desarrolló todo un procedimiento que indican los ordenamientos.
Y enfatizó que cualquier juez que no esté de acuerdo con la resolución del Consejo de la Judicatura, ya sea con una amonestación o cualquier otra sanción, tiene a su disposición los recursos de apelación necesarios para manifestarlo y tratar de revocarlo, e incluso en última instancia, recurrir al amparo, en caso de que sienta que sean vulnerados sus derechos y garantías constitucionales.
Sobre la inconformidad del personal del juzgado primero a dónde se cambió a Luz María Díaz, reiteró que estarán pendientes de lo que suceda, con la recomendación de que las relaciones laborales deberán ser en un marco de respeto, y en acato a lo que establecen los reglamentos.
Informó por otro lado, que en últimas fechas no se ha emitido resoluciones de sanciones fuertes a juzgadores, salvo algunas amonestaciones en que se llama la atención para que modifiquen situaciones en controversias jurídicas que dirimen.
Evalúan a 29 de los 40 juzgados
Dentro de las 29 evaluaciones que el Consejo de la Judicatura ha realizado a igual número de juzgados, basadas en las actas correspondientes que se levantaron durante las visitas de revisión a cada uno de ellos, en el caso del Tercero de lo Familiar, con sede en la ciudad de Durango, no existía antecedente de la distorsión en las relaciones laborales con el personal administrativo.
Sin embargo, según lo comentó el responsable del área de Visitaduría del Consejo de la Judicatura, Mario Valero Salas, es muy difícil que en las entrevistas con el personal alguno se manifieste en contra del superior. Por lo que el problema afloró hasta que se unieron.
Informó que a la fecha se han realizado las evaluaciones de campo, mediante las visitas anuales, a los 19 juzgados de la ciudad de Durango, los ocho de Góméz Palacio (aunque falta aquí el penal), y los tres de Lerdo.
Restaría para agosto, septiembre y octubre, hacerlo con los 11 mixtos asentados en municipios del interior de la entidad.
