Las explosiones que tuvieron lugar en Jiutepec estado de Morelos, contribuyen al clima de confrontación que se gesta en nuestro país de cara al proceso de 2006, para elegir Presidente de la República.
El evento ocurre en una entidad federativa que está inmersa en un conflicto local, lo que tiende a dificultar cualquier investigación que pretenda establecer un móvil que señale a los responsables.
El atentado golpea directo al prestigio de nuestro país, en virtud de que sus blancos son instituciones bancarias de cobertura internacional, que con toda razón cuestionarán al Gobierno Federal sobre las garantías de seguridad que esperan en nuestro país.
El suceso se revela amenazador en relación con precedentes similares que permanecen actuantes o potencialmente en escena: La guerrilla zapatista de Chiapas, la recurrente exhibición de los machetes en el estado de México, el activismo populista en la UNAM, el atentado cierto o fingido en contra del Gobernador de Oaxaca.
Las explosiones del fin de semana se ubican en el cuadragésimo segundo aniversario de la muerte de Rubén Jaramillo, guerrillero caído en Morelos bajo la acción de las fuerzas de seguridad del Estado Mexicano el 23 de mayo de 1962, lo que ha permitido atribuir a grupos de izquierda la autoría del atentado. Sin embargo de lo anterior, el principio según el cual “a río revuelto ganancia de pescadores”, brinda la oportunidad a la izquierda de deslindarse del hecho y denunciarlo como un acto de provocación de sus adversarios, lo que desde luego tampoco ofrece garantía de esclarecimiento.
La investigación policíaca o histórica como toda forma de llegar al conocimiento de la verdad, supone partir de los hechos conocidos para llegar a los desconocidos al través de los métodos de inducción y deducción.
Ante las circunstancias, resulta obligado buscar a los beneficiarios de la violencia entre los protagonistas del escenario político nacional y en los “antecedentes” de quienes hayan demostrado una inclinación a la violencia en la práctica y en el discurso. En ese sentido, la izquierda y sus diversos brazos políticos salen mal parados.
Preocupa que el aliento al extremismo, ocurra al tiempo en que tiene lugar el conflicto diplomático del Gobierno mexicano con el régimen cubano de Fidel Castro. Lo anterior a la luz de los nexos históricos entre la izquierda mexicana y el dictador que llegó al poder mediante una revolución violenta, iniciada por una expedición que partió armada y solventada desde suelo mexicano.
La estrategia de la internacional terrorista para influir sobre las elecciones internas en un país democrático, ofrece un ejemplo exitoso en el caso de los atentados del once de marzo pasado en Madrid, que tuvieron por efecto modificar las tendencias electorales en setenta y dos horas, de una manera dramática y definitiva.
Es cierto que lo ocurrido no autoriza a dar por hecha una acción pactada entre el terrorismo y el Partido Socialista Obrero Español, pero los hechos indican una desafortunada coincidencia de intereses que es preciso evitar que cobre forma de complicidad.
El riesgo para México es semejante y de efectos impredecibles en cuanto a su dimensión y alcances, si se considera que nuestra izquierda nacional carece de la consistencia y madurez de la española. En caso de prosperar esta nueva forma de extremismo y de traducirse en resultados electorales concretos a favor de cualquiera de nuestros partidos políticos, no sería raro que el futuro sorprendiera a nuestro país uncido a un eje común con La Habana y desde luego Caracas.
El sistema Castro-comunista que fue exportador de la estrategia que crearía en América “muchos Vietnams” durante los años sesenta, setenta y principios de los ochenta, hoy encuentra una buena carta de sobrevivencia, en su intromisión en los asuntos políticos de nuestro país.
