Está en curso el juicio político contra el gobernador de Morelos Sergio Estrada Cajigal. La oposición consiguió mediante dos actos jurídicos ponerlo en jaque, después que la crisis derivada del encarcelamiento de importantes funcionarios de la procuración de justicia obligó a la renuncia del responsable de esa área, Guillermo Tenorio y del secretario de Gobierno Eduardo Becerra. Hay una disputa respecto del papel de este último en la administración de Estrada Cajigal: unos dicen que era el verdadero gobernador, otros que era su alter ego y una tercera corriente opina que sigue siéndolo no obstante su defenestración.
La oposición supone que los delitos por los que se ha iniciado proceso al subprocurador Alejandro Hernández Arjona y al coordinador de la policía ministerial Agustín Montiel son, por un lado, la evidencia de que el narcotráfico y otras actividades de la delincuencia organizada minaron la estructura institucional de la entidad y que los funcionarios mencionados, Tenorio, Becerra y el propio Estrada Cajigal no son ajenos a ella. El gobernador, según el acta de su acusación, incurrió al menos en omisiones en el cumplimiento de sus deberes. Pero no faltarán en el juicio político cuya tramitación comenzó ayer cuando le fue notificada la decisión del Congreso local, intentos por probar algún nexo directo del gobernador con la familia Esparragoza, cuyo jefe, conocido como “El Azul”, se asentó en Cuernavaca en tiempos del gobernador Jorge Carrillo Olea, quien tuvo que dejar el Gobierno en una crisis que, cambiando lo que haya que cambiar, se asemeja a la que está en curso.
El gobernador intentó de varios modos evitar el comienzo del juicio político en su contra. Organizó una resistencia política a la usanza priista, aunque él sea miembro del Partido Acción Nacional. La semana pasada miles de personas se manifestaron en las calles de la capital morelense en su apoyo. El primer lunes de mayo, hace cuatro días, hizo publicar el que le expresaron 19 alcaldes, gobernantes según su dicho de 80 por ciento de la población, que están de acuerdo en que “se investigue y se juzgue, se deslinde o se sentencie, pero mientras tanto deseamos continuar trabajando con quien, al igual que nosotros, ha sido democráticamente electo, pues esta es la más simple pero también la más significativa de nuestras coincidencias”.
Se dieron pasos también en un terreno más, digamos pragmático para evitar el enjuiciamiento del gobernador. El número de diputados de cada bancada era un elemento clave para la decisión legislativa. En la Junta de Coordinación Política, integrada por los jefes de grupos parlamentarios, éstos portan la representación de su compañeros, lo que quiere decir que Juan Salgado Brito, que encabeza a los priistas, no tiene sólo su propio voto, sino también el de los otros siete diputados que fueron elegidos como candidatos de su partido. Para decidir el juicio político al gobernador se requerían dos terceras partes del total de la legislatura, es decir 20 de 30 diputados. El PRI y el PRD, los más resueltos impulsores del enjuiciamiento a Estrada Cajigal, contaban con ocho diputados cada uno, de modo que a los 16 se requería sumar cuatro, que fueron los pertenecientes a las breves fracciones de Convergencia y el Partido Verde.
El secretario de Gobierno Jesús Giles, que reemplazó a Becerra y era diputado y por lo tanto conoce a sus ex compañeros supo qué resortes tocar para romper la mayoría de 20 legisladores que ya había reunido la oposición. El diputado perredista elegido en el decimosexto distrito, con cabecera nada menos que en Ayala, Juan Nolasco fue el inicialmente escogido. Abandonó a su grupo parlamentario y se incorporó al de Acción Nacional, que lo sumó a sus ocho integrantes.
El diputado Raúl Iragorri salió al paso de esa maniobra. Empresario del ramo automovilístico (lo que parece ser un requisito para participar en la política morelense, pues Estrada Cajigal y Becerra pertenecen a esa actividad también), entró en la política como miembro del PRI y fue diputado local en los ochenta cuando era gobernador Lauro Ortega. Recientemente pasó al PRD, que lo hizo candidato a gobernador en 2000, precisamente cuando Estrada Cajigal alcanzó su cargo. Pero se distanció el año pasado de ese partido, por lo cual fue postulado a una diputación por el Partido Verde. Pero a poco andar la legislatura se proclamó independiente. Para que su curul contara en el cálculo del voto ponderado que se practica en la Junta de Coordinación se adscribió al grupo priista. Pero éste sufrió de inmediato una merma simétrica: el diputado Gustavo Rebolledo, del décimo distrito (Zacapetec-Tlaltizapán) se fue de la bancada tricolor y se proclamó independiente.
De ese modo fue evitada la formación de la mayoría de 20. Los opositores interpretaron la Ley y resolvieron que un independiente deja de contar en el total representado en la Junta de Coordinación, por lo que quedaron 29 votos. Los dos tercios serían, entonces, no 20 sino 19.2 y, obviando la fracción, decidieron que con sus 19 votos basta. Por las dudas, hicieron que el acuerdo de la Junta en tal sentido fuera sometido como un acuerdo más al pleno de la Cámara, donde el resultado fue 18 contra ocho. Así validada la decisión de enjuiciar al gobernador, le fue ya notificado el lance y se inicia el período de instrucción.
Estrada Cajigal iniciará a su vez una controversia constitucional. Cuando ocurra, la Suprema Corte podría suspender el trámite.
